Nunca estará derrotada una banda a la que se den motivos razonables para creer que su lucha ha valido para algo más que convertirles en asesinos. Una sociedad que exalta en sus lugares públicos el nombre de los victimarios ha optado por la derrota moral, ha dimitido de sí misma y no puede ser una sociedad democrática, de personas libres e iguales.
Ayer, al cumplirse 11 años del secuestro de Miguel Angel Blanco Garrido, los periódicos contaban que la Audiencia Nacional había exonerado de responsabilidad a los alcaldes vascos en cuyos municipios hubiera calles o lugares públicos dedicados a terroristas. A quienes las propusieron, porque entonces no era delito; a quienes no las retiraron porque el delito de enaltecimiento del terrorismo no se puede cometer por omisión, según la Sala de lo Penal.
El auto lo suscriben los 16 jueces que estuvieron presentes, de los 19 que componen la sala. O sea, por unanimidad. Creada en 1977 como un tribunal especializado en juzgar los delitos relacionados con el crimen organizado, no puede decirse que la Audiencia Nacional sea un tribunal permisivo en asuntos como éste. Entre las causas de su creación, por ejemplo, está la voluntad de sustraer al juez natural la competencia en delitos de terrorismo con el fin de ahorrarle presiones fácilmente imaginables. La sentencia, sin ser técnicamente sospechosa, es una afrenta para las víctimas del terrorismo. Acátela el Gobierno y busque el remedio por lo contencioso-administrativo.
El pasado 14 de abril, el Ayuntamiento vizcaíno de Zizurkil decidió, a iniciativa de su alcalde nacionalista, retirar los nombres de Joxe Arregi y José Luis Geresta Mujika que ostentaban hasta la mencionada fecha dos plazas de la localidad. Geresta fue uno de los tres miembros del comando que secuestró y asesinó al joven concejal popular de Ermua. Geresta se suicidó un año y cuatro meses después pegándose un tiro en la sien en un descampado de Rentería. No hubo, ni hay y no es probable que haya en el futuro en Zizurkil una calle dedicada a Miguel Angel Blanco.
Se da, además, un agravio analógico. La Ley de la Memoria Histórica dispone la desaparición de los nombres y símbolos franquistas y de la Guerra Civil del callejero. Resulta extraordinario que crueldades más lejanas en el tiempo sean tratadas con mayor rigor que los crímenes de antes de ayer. Esa memoria de relación inversa al tiempo transcurrido es, las más de las veces, una inequívoca señal de Alzheimer.
Por otra parte, está clara para todo el mundo la razón por la que había nombres y símbolos franquistas en nuestras calles: declaró una guerra, la ganó e impuso una dictadura. Lamentable, sí, pero son hechos. ETA es una banda terrorista, que no sólo no ha vencido a la democracia española, sino que ya ha sido derrotada por ésta, según la versión oficial, quizá algo optimista en este sentido. La derrota de una organización terrorista no puede producirse sólo por la evidencia de que el Estado tiene más recursos. También debe ser una derrota política y eso presupone que la Euskadi del futuro no pueda ser vista como el fruto de la lucha de los terroristas. Hay que rechazar el perverso juego de inversión que supone considerar a los asesinos como víctimas y menos aún como benefactores de la humanidad. Calle del Doctor Fleming, Avenida de Txapote; Plaza de Colón, Jardines de Josu Ternera. A partir de ahí no habría impedimento para generalizar los homenajes: Travesía de El Arropiero, Carrer de Jack el Destripador. Da igual un nombre ilustre que un alias.
Nunca estará derrotada una banda a la que se den motivos razonables para creer que su lucha y su sacrificio han valido para algo más que para convertirles en asesinos. Una sociedad que exalta en sus lugares públicos el nombre de los victimarios ha optado por la derrota moral, ha dimitido de sí misma y no puede ser una sociedad democrática, formada por personas libres e iguales.
Santiago González, EL MUNDO, 11/7/2008