Santiago González, EL MUNDO, 27/7/12
Los que se fueron de Euskadi y Navarra empujados por el terrorismo van a poder votar, aunque no por el momento, no para las próximas elecciones. No está mal que el ministro del Interior se haya tomado el asunto con una cierta calma, aunque no por ello vaya a conseguir ninguno de los dos propósitos que le han aconsejado el retardo, a saber: hacer constar que no le guía el interés electoral y darse plazo para alcanzar consenso con la oposición. Le acusarán de lo primero y no alcanzará lo segundo.
Parece algo extraño que el PSE no aplauda calurosamente la propuesta y no se rebele contra esa perversa acusación de que se quiere modificar el censo electoral. Recordaré un par de cambios en el censo. El primero se produjo el 23 de febrero de 1984. Faltaban tres días para las elecciones autonómicas y unos terroristas asesinaron en su casa de San Sebastián al senador Enrique Casas. No ten- go para olvidar el primer análisis que el consejero de Interior, Luis Ma Retolaza, hizo la noche del 26, ante los buenos resultados del PSE, que obtuvo 19 escaños, 10 más que en 1980: «Los socialistas se han beneficiado del asesinato de Enrique Casas…».
Pudo decirlo de otra manera: «Ha sido un éxito de los socialistas, a pesar de que ETA les ha privado de un votante». Lo mismo podría haberse dicho en 2008, tras el asesinato de Isaías Carrasco. Y en tantas otras ocasiones. Fue ETA quien ahormó el censo electoral a la medida de los nacionalistas. Con el asesinato y con la huída de los amenazados. El resultado es el mapa institucional de Guipúzcoa. Qué obscenidad la de acusar al Gobierno de querer alterar el censo. A quien ETA se la da, el EBB se la bendice.
Estoy convencido de que el efecto electoral del voto de los trasterrados no va a ser relevante. Puede que una parte importante de los ciudadanos que tuvieron que mudarse a partir de 1977, potenciales beneficiarios de la reforma de la Loreg, no manifieste mucho interés en votar, pero quienes lo deseen deberían tener derecho a ello. Sería una mínima retribución moral para los interesados, ya que no se les puede resarcir por el mal mayor causado. Tampoco es realista la idea del PSE de que el Gobierno vasco ofrezca ayudas para su regreso. ¿De verdad alguien piensa que quienes se fueron hace dos o tres décadas y echaron raíces en otros lugares de España van a someterse a un nuevo desarraigo, a dejar el lugar donde tienen hijos, incluso nietos, para volver a un municipio vasco gobernado por Bildu?
Ayer mismo, cuando el concejal socialista de San Sebastián, Ernesto Gasco, hablaba de los cargos no nacionalistas del Ayuntamiento amenazados en las pancartas de la izquierda abertzale, la concejala de Bildu, Nerea Txapartegi, comentó: «Por algo serán». Tiene razón. Por lo mismo que ETA asesinó a todas sus víctimas. Aquí es donde el asunto de devolver la condición de elector a quien se tuvo que marchar por las amenazas del terrorismo, revela que es un asunto necesario, aunque menor. Sería mucho más interesante que la democracia negara el carácter de elegible a la concejala Txapartegi y a sus compañeros, que, para qué nos vamos a engañar, piensan casi todos como ella.
Santiago González, EL MUNDO, 27/7/12