JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA-El Correo
Las demandas de los jubilados por la revalorización de sus pensiones han desviado la atención política de lo que realmente importa: la crisis global del sistema
Dejado en manos de los jueces y de los críticos teatrales el enredo catalán, los jubilados han tomado el relevo, situándose en el centro de la política nacional. No es la primera vez que lo hacen. Pero, en esta ocasión, su protesta, lejos de quedarse en un acto puntual, amenaza con convertirse en un movimiento de difícil manejo. Y es que, sea más o menos acertada la expresión concreta de sus demandas, son los propios protagonistas los que gozan de la suficiente respetabilidad como para ganarse el favor de la opinión pública, así como de influencia electoral bastante como para sembrar la inquietud entre los políticos. Por eso, la gente se ha volcado de inmediato con ellos y la política se ha apresurado a bailar al son de la música que tocan.
Todo comenzó con las revalorizaciones. Difícil no darles la razón en este punto. Pasados los años depresivos de la crisis, la tan cacareada recuperación económica parecería tener que ir acompañada, para hacerse creíble, tanto de una subida de los salarios como de un incremento digno y acorde de las pensiones. No ha ocurrido así ni en un caso ni en otro, y los jubilados, quizá por ser los que menos tienen que perder, han tomado la delantera. Su mensaje lo entiende cualquiera. Y es que la carta con que la ministra les comunicó la subida del 0,25%, traducida, sobre todo, a cifras absolutas, era poco menos que insultante. Lo que en años de deflación pareció, no ya tolerable, sino ventajoso, en estos de inflación, más que escaso, resulta directamente ofensivo. Tratándose, además, de una medida de carácter permanente y fijado por ley, resultaba premonitoria de una pérdida de poder adquisitivo que, en un puñado de años, dejaría al colectivo pensionista en una situación de extrema precariedad. Desde este punto de vista, lo sorprendente es que no se hayan sumado al movimiento quienes más sufrirán las consecuencias en el futuro: los jóvenes.
Pero, dicho esto, la protesta ha tenido, por culpa del modo cortoplacista con que los políticos han reaccionado, un efecto negativo. Ha logrado que se ponga el foco en el problema de la revalorización, cuando, pese a su indudable importancia, no deja de ser un asunto coyuntural que, en el peor de los casos, puede incluso significar pan para hoy y hambre para mañana. No es, en efecto, el de la revalorización el principal problema que aqueja al sistema. Y, aunque se resolviera al gusto de los movilizados, muy poco saldrían éstos ganando y, mucho menos, quienes los sucedan mañana, si, contentos con un incremento puntual de sus pensiones, no lograran que se aborde, de manera global y ordenada, el problema de la sostenibilidad del sistema en su conjunto.
El sistema tiene, sin duda, un serio problema por el lado del gasto, y, tal como se prevé la evolución demográfica y, en particular, el envejecimiento de la población, aquél experimentará un continuo e insostenible incremento. La opción que habrá de adoptarse es si la solución pasa por su progresiva contención mediante recortes o por una mayor dotación de ingresos para hacerle frente. Se trata de una opción de índole política, toda vez que ambas alternativas son, en principio, técnicamente posibles, aun cuando, como es obvio, no sean neutras desde el punto de vista social. De optarse por la segunda alternativa, es decir, la de incrementar los ingresos, habría que decidir, antes que nada, si el sistema sigue autárquico o si se hace permeable e interacciona, más allá del juego de cotizaciones y prestaciones, con el sistema impositivo general.
En contra de la autarquía juega, además de las variables de la demografía y el envejecimiento, un modelo productivo que, como el español, no crea ni el empleo de suficiente calidad ni bastante valor añadido como para hacer sostenible un sistema de autosuficiencia. La permeabilidad entre el actual sistema de cotizaciones, de un lado, y el impositivo general, de otro, resulta, en este sentido, imprescindible. Pero, puestos a abordarlo, sería la ocasión de integrar todo el conjunto de prestaciones económicas, y no sólo las de la Seguridad Social, que formaran el paquete de Bienestar Social que la ciudadanía, a través de su representación política, decidiría disfrutar y cuya carga, por supuesto, estaría también dispuesta a soportar. Tarea ingente, de orden estrictamente político, para unos partidos que han reducido el asunto a una lucha electoral en torno a las revalorizaciones, de la que los jubilados quizá acaben saliéndose con la suya, pero que sólo logrará que el sistema siga parcheándose hasta su colapso. ¡Quién sabe si no es precisamente eso, el colapso, lo que algunos persiguen!