ABC publicaba hace dos meses una encuesta sobre la prisión permanente revisable que el PNV se había propuesto derogar: el 79,3% estaba a favor y el 15,1%, en contra. Dos partidos superaban la media: Ciudadanos, que la rondaba, con el 80% a favor y muy notablemente el PSOE: el 88% de los votantes socialistas se mostraban favorables a la pena. El Partido Popular estaba por debajo en el apoyo: 75%. Entre las menos ardorosas, como diría mi admirada ‘Irena Montera’, las Unidas-Podemos, también pesaban más partidarias que las detractoras: 66% contra 28%.

¿Que cómo es posible? Por el legado Zapatero: el odio al adversario es más fuerte que la lealtad a su público. Hay más: esa pena, que la oposición califica de inhumana, cruel y degradante, está en los códigos penales de todos los países de la UE, salvo Croacia y Portugal. Estrasburgo ha rechazado cuantos recursos ha recibido contra ella. Tal vez tendría que llegarle una demanda contra España para que el magistrado López Guerra haga un esfuerzo y consiga una condena.

El PNV ha seguido en lo mismo desde los tiempos duros del terrorismo en que descalificaban las medidas policiales a favor de las llamadas políticas, es decir, la negociación con ETA. El PSOE ha mostrado más que nunca su vocación de morroi (el criado del caserío) y a la menor ha aprovechado para votar en caliente contra el PP. Después de que este aprobara la PPR en enero de 2015, el PSOE la recurrió al Constitucional en junio, pero eso no impidió que el 4 de octubre de 2016 votara la PNL del PNV contra ella. Un año después (10/10 de 2017) el PNV la presentó como Proposición de Ley y el PSOE la volvió a votar, sin esperar la resolución del TC

Podemos presentó a un nuevo portavoz, el navarro Eduardo Santos, que equivocó la cita «cualquier pena excesiva es tiránica» al atribuírsela al marqués de Beccaria, sin reparar en que el propio Beccaria en una frase parecida se la atribuye a su verdadero autor: «Toda pena (dice el gran Barón de Montesquieu) que no se deriva de la absoluta necesidad, es tiránica: proposición que puede hacerse más general: todo acto de autoridad de hombre a hombre, que no se derive de la absoluta necesidad, es tiránico».

El pobre Santos no sabía que Cesare Beccaria, detractor de la pena de muerte, hacía una excepción cuando «El delincuente, aun privado de su libertad, tenga poder que interese a la nación ejecutarlo», en referencia a los delitos de rebelión y traición a la patria. Me da la impresión de que hasta Carles Puigdemont preferiría mil veces al juez Pablo Llarena.

Inconvenientes de haber sacado a un sobrero en lugar de la Montera, que ya antes de hacerse un hueco en el corazón del sultán reservaba los castigos inhumanos para quienes verdaderamente los merecía: «Felipe, no serás Rey; que vienen nuestros recortes y serán con guillotina».

En nombre del PSOE, Juan Carlos Campo, ¡si esto es un juez! ofendió a las víctimas y consideró que los fines de la pena son la reinserción y la prevención: «Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA y con prisión permanente revisable se ha asesinado a Gabriel». Uno, que es lego, no sabe porque hablamos del Código Penal, en vez de Código para la Reinserción y de Instituciones Penitenciarias y no Resocializadoras.

Juan José Cortés ha convocado la primera manifestación para el domingo. Solo falta que los votantes de los partidos derogantes no tengan la memoria de pez que sus dirigentes les suponen.