EL CORREO 08/07/14
FLORENCIO DOMÍNGUEZ
El PNV y Sortu se han enzarzado este fin de semana en una polémica sobre los presos de ETA y la política penitenciaria. El consejero de Presidencia, Josu Erkoreka, puso el acento en la responsabilidad personal e individual que tienen los reclusos para cumplir las exigencias legales que les permitirían mejorar su situación penitenciaria. Los dirigentes de Sortu consideraron estas palabras un ataque a los presos.
Hace unos meses los reclusos de ETA comenzaron a pedir el trasladado a la cárcel de Zaballa. La petición la están haciendo de uno en uno, pero no es una iniciativa individual. La piden cuando desde fuera de la cárcel les han dicho que la pidan. Desde fuera de las prisiones han establecido un calendario de peticiones y cada recluso presenta el papel en la fecha que le han asignado, no antes. Lo único individual de esta iniciativa es la firma del folio. Tiene razón el consejero Erkoreka cuando reclamó algo más a los presos para hacer posible su reinserción porque la gran mayoría de los reclusos siguen actuando como colectivo, secundando las instrucciones que les marcan aunque las escenifiquen de forma individualizada. Ahora que parece que Sortu, al fin, ha conseguido hacerse con los mecanismos de control de los presos tiene la oportunidad de marcar una línea diferente a la seguida hasta el momento.
Los reclusos de ETA sólo han reaccionado algo cuando han visto frustradas sus expectativas de conseguir mejoras en sus condiciones penitenciarias por la vía de una negociación del Gobierno con la banda terrorista. En abril de 2012, el Ministerio del Interior dio a conocer un plan de reinserción. Su principal limitación fue que no era el momento oportuno para que los etarras lo tuvieran en cuenta. En aquellas fechas estaban eufóricos por el final de la violencia, el respaldo internacional en Aiete y las expectativas de una negociación en Noruega. Todo les hacía creer que el acercamiento al País Vasco y empezar a salir en libertad estaban al alcance de la mano y sin hacer renuncias. La política de firmeza del Gobierno les llevó a asumir que no lo iban a tener tan fácil como creían y empezaron a hacer algunos movimientos como decir que iban a aceptar la legalidad. Sólo unos pocos han comenzado a tomarse esa afirmación en serio y a pedir trabajos dentro de las cárceles para mejorar su situación penitenciaria.