La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha destapado cómo durante años se financiaron ilegalmente las campañas del PP en Madrid. El partido presidido por Esperanza Aguirre cometió «numerosas irregularidades, muchas de ellas de relevancia penal, que suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar, como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y un grado aceptable de pluralismo político», dicen los informes sobre el caso Púnica.
Según la Guardia Civil, al menos tres elecciones (autonómicas de 2007, generales de 2008 y autonómicas de 2011), cuyos candidatos fueron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, fueron financiadas de forma ilegal. Durante meses de investigación a partir de unas anotaciones en la agenda de Francisco Granados, los agentes han tirado del hilo para descubrir un entramado creado para engañar al Tribunal de Cuentas y pagar ostentosas campañas.
Contratos públicos amañados, pagos opacos de empresarios, subvenciones de la Comunidad de Madrid mal utilizadas, fundaciones afines, facturas falsas y vulneración de la Ley Electoral fueron los métodos que la UCO señala que fueron utilizados para cometer el fraude.
Sus cabecillas, según los informes, fueron Francisco Granados, ahora próximo a la libertad condicional, que fue director de campaña y conseguía donaciones; Ignacio González, encarcelado por el caso Lezo, que otorgaba subvenciones destinadas a pagar actos electorales; y Beltrán Gutiérrez, ex gerente del PP de Madrid, «encargado de gestionar y recepcionar fondos opacos con la finalidad de financiar irregularmente gastos electorales del PP».
Los investigadores han comprobado cómo el gerente guardaba en su dormitorio una contabilidad B, escondida en las páginas del libro Principios de economía de empresa. De aquella contabilidad surgieron muchas correspondencias con las anotaciones de Granados, que en su agenda redactó una columna de ingresos de empresarios como Javier López Madrid y su correspondiente salida en cantidades idénticas a Beltrán, que lo destinaba a las campañas.
La Fiscalía Anticorrupción resume en otro informe que se inflaron los «excesos electorales» de aquellos años en más de cinco millones respecto a lo declarado. Concretamente, 2.685.000 euros de más en 2007, 685.000 en 2008 y 1.546.000 en 2011. Y abundando más en las responsabilidades, destaca cómo una «red de decisión y ejecución cohesionada» entre altos cargos del PP consolidó esta estructura ilegal. Sin citarla, alude a la propia Aguirre como parte de la trama, puesto que ve coincidencias entre cargos orgánicos del partido, de la fundación Fundescam, del Gobierno de la Comunidad y autorizados en cuentas. Y en todos ellos estaba Aguirre.
Añade la Fiscalía que «se instrumentó un sistema de recompensas a los donantes con contratos públicos de la Comunidad de Madrid». Y para engañar al Tribunal y a la Cámara de Cuentas, el PP de Aguirre camufló pagos a los proveedores de esas campañas a través de otras empresas que abonaban las facturas, o de la ya conocida Fundescam, la fundación presidida por Aguirre que pagaba a los proveedores con dinero procedente de subvenciones o de empresarios.
Por ejemplo, a la proveedora de actos de la campaña de 2007 Back RVS se le abonaron 980.000 euros de manera fraccionada y desde diversos pagadores, entre los que estaba Fundescam. Igual ocurrió con Escuela Europea de Dirección y Empresas, que con la anterior era «parte integral del entramado empresarial del PP para encubrir gastos electorales por encima de los límites legales».
Pagos por valor de 800.000 euros incumplieron la normativa electoral porque se abonaron en diferido, más de cuatro meses después de finalizar las elecciones. Se sufragó una parte de los gastos (cerca de 600.000 euros) con la cuenta de funcionamiento del PP, que no podía utilizarse para eso, con objeto de «sustraer los gastos al control de la Cámara de Cuentas».
El caso de Fundescam es quizá el más paradigmático, aunque no el único. Esta fundación recibía dinero de empresarios afines, como Arturo Fernández, pero 10 días después de las elecciones dejaba de ingresar. Recaudó hasta 350.000 euros por esta vía, en la que se incluyen pagos de la patronal madrileña. También ingresó dinero de la Fundación Cajamadrid, que no sólo pagó a Fundescam, sino a la fundación Dos de Mayo.
Fundescam pagaba facturas de actos electorales y, al año siguiente, con sus cuentas casi a cero, Ignacio González le concedía una subvención para proyectos nunca realizados y se volvían a pagar las deudas con proveedores. González fue patrono de Fundescam hasta que, como resaltan los agentes, el PP se molestó en dejar más claro de lo habitual que ya no lo era, y por eso podía conceder subvenciones.
MÁS MECANISMOS
Pero había muchos más mecanismos de financiación. Empresas públicas, ayuntamientos y organismos regionales, por ejemplo, que entregaron al empresario Daniel Mercado más de 18 millones en cinco años, y se sospecha que una parte retornó al partido. O los contratos públicos presuntamente amañados, como el de la cafetería de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández. O las grandes obras públicas de Transportes, donde OHL está bajo sospecha y el juez investiga todas sus adjudicaciones. Y los contratos de Price Waterhouse e Indra con ICM, Informática de la Comunidad de Madrid, también parte de esta operación Púnica.
Según la UCO, en la campaña de Rajoy de 2008 «se detectaron gastos electorales que habrían sido abonados al margen de la cuenta corriente de la campaña y habrían sido pagados a través de subvenciones públicas concedidas por la Comunidad de Madrid». Se pagaron gastos de «Imprenta» en concepto de «Tríptico» a la empresa Emfasis por valor de 22.700 euros, pero en la factura se aseguraba que el pago se había efectuado por una falsa «Edición del Programa y los cursos» de Fundescam. Así se pagaron gastos por 200.620 euros. Sin embargo, al igual que con los trípticos, esos gastos se camuflaron con facturas inventadas de supuestos «Cursos de edición de vídeo» y «Jornadas de diseño gráfico».
Volvieron a aparecer de manera relevante empresas como Digital Plane, Croma 21 o Back RVS, vinculadas al empresario Ricardo Vázquez Segura, considerado uno de los integrantes del «entramado empresarial del PP regional para encubrir la prestación y financiación de gastos electorales por encima de los límites legales». Ya en 2011, los gastos fueron «de carácter más disperso y escaso probablemente porque ya había salido a la luz» Gürtel.
Con información de Marisa Recuero, Esteban Urreiztieta, Ángeles Escrivá y Fernando Lázaro.