Las alegaciones presentadas por Sortu son tan esclarecedoras sobre su distanciamiento de la matriz etarra, que sorprende que no haya desembocado en una ruptura explicitada, al margen del proceso judicial. La izquierda abertzale se encuentra tan atenazada que prefiere someterse también al ‘cara o cruz’ de los tribunales.
El próximo lunes la Sala Especial del Tribunal Supremo comenzará a abordar la posible anulación de Sortu con una vista pública en la que se confrontarán los demandantes y la defensa en un duelo tan previsible en sus argumentos que difícilmente dará una pista clara de cuál será la resolución que finalmente adopte el alto tribunal. Pero la lógica que imponen los acontecimientos permite vaticinar que una eventual ilegalización de la nueva marca de la izquierda abertzale sería más débil que su reconocimiento como formación legal, validado por las propias demandas; sencillamente porque el regreso de la antigua Batasuna a la legalidad institucional se percibe imparable, sea en ésta o en la próxima ocasión.
Quizá por eso mismo entraña cierta anomalía que la sentencia que dicten los 16 magistrados que componen la Sala del artículo 61 se anuncie poco menos que como resultado de un ‘cara o cruz’ en el que fuese a participar cada uno de ellos y todos a la vez. Un ‘cara o cruz’ que situaría la legalidad o ilegalidad de la nueva izquierda abertzale a la misma distancia que el grosor de las monedas que se empleasen para dilucidar la cuestión. Resulta significativo que ni el conocimiento del contenido de las demandas presentadas por la Abogacía del Estado y por la Fiscalía General ni el de las alegaciones con las que la defensa de Sortu ha respondido a la acusación hayan servido no ya para despejar la incógnita final, sino ni siquiera para suscitar variación alguna en un estado de opinión que sigue esperando a que las dieciséis monedas que se lancen toquen suelo.
La percepción de que puede defenderse una postura y su contraria con argumentos de análogo peso perjudica a la democracia mucho más que si el Tribunal Supremo acabara resolviendo en contra de un sentir claramente mayoritario. Es cierto que la naturaleza deliberadamente opaca de la izquierda abertzale en su evolución última y en sus relaciones con ETA impide el mínimo de transparencia que una sociedad abierta precisa para formarse un parecer razonado ante una disyuntiva judicializada. Pero también lo es que buena parte de la opinión política ha derivado hacia el Supremo el lanzamiento al aire de su particular moneda.
El ‘cara o cruz’ afecta al juego de intereses políticos que se mantienen expectantes ante la decisión que adopte el Supremo, y en su caso el Constitucional. Ninguna actitud partidaria resulta inocente en este caso, aunque responda también a sólidas convicciones. La más novedosa, la mostrada por el lehendakari López a la búsqueda de una posición propia, más abierta que la del Gobierno central en cuanto a la valoración positiva del camino emprendido por la izquierda abertzale, y mucho más proclive que la de los populares vascos a su legalización. Una posición que difícilmente podría mostrarse acrítica en el caso de que saliese ‘cruz’ para Sortu.
Sin duda, los socialistas vascos se están viendo obligados a lanzar su propia moneda al aire ante la inevitable caducidad de la alianza que mantienen con los populares de Basagoiti y la dificultad de que, tras los comicios del 22 de mayo, puedan ocupar una posición tan central en el panorama vasco que les permita entenderse con cualquiera de las demás formaciones para afianzarse como partido de Gobierno. La única perspectiva que podría desbaratar el estado de cosas previsible parece muy remota: la eventualidad de un acercamiento ‘a lo Eguiguren’ entre el PSE-EE y una izquierda abertzale legalizada.
Hipótesis que daría sentido político a la ensimismada conclusión que esta misma semana extraía el presidente de los socialistas vascos cuando afirmaba que «el tiempo me ha dado la razón». Conclusión que reivindicaría su gestión del ‘proceso de paz’ de 2006 como preludio de lo que ahora acontece, en una interpretación ciertamente ventajista del fracaso de una obstinación que se vuelve atinada sobre el pronóstico de un mundo -el de ETA mandando en la izquierda abertzale- que algún día tenía que venirse abajo. El vicepresidente Rubalcaba reclamó ayer tranquilidad y unidad ante la proximidad del final de la banda. Horizonte que ya solo tiene valor especulativo para los socialistas vascos y para los populares en toda España, pero no para el resto del PSOE.
Las alegaciones presentadas por Sortu ante el Supremo han pasado desapercibidas, también porque han sido silenciadas en cuanto a su contenido más crítico en los medios afines a la izquierda abertzale. En el texto firmado por Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, los herederos de Batasuna se jactan por primera vez de haber protagonizado una «evolución propia, discrepante y enfrentada a las tesis de ETA». Su alegato de defensa constituye el relato pormenorizado de la ‘correspondencia’ cruzada entre ETA y la izquierda abertzale desde que ésta reaccionara a finales de 2009, casi tres años después del atentado de la T-4, cuestionando la continuidad de la «lucha armada» mediante el eufemismo del «cierre del ciclo de confrontación violenta», abundando en el ambiguo concepto del «proceso democrático» y poniendo en «crisis el modelo de dirección» que ETA había encarnado «para toda la izquierda abertzale».
Un relato que resulta tan esclarecedor respecto al paulatino distanciamiento experimentado por la izquierda abertzale sobre la matriz etarra como sorprendente que no haya desembocado en una ruptura explicitada como tal, más allá de los estatutos de Sortu y de las propias alegaciones. Sin duda, porque la izquierda abertzale se encuentra tan atenazada que prefiere someterse también al ‘cara o cruz’ de los tribunales.
Kepa Aulestia, EL CORREO, 19/3/2011