P.Esteban-El Confidencial
La formación que lidera Arrimadas en Cataluña ha iniciado una campaña institucional y política para retirar los símbolos separatistas de los espacios públicos
«Recuperar» la neutralidad del espacio público en Cataluña es una prioridad para Ciudadanos. Con el Parlament ‘cerrado’ hasta el mes de octubre —septiembre se mantendrá como inhábil de forma extraordinaria en un nuevo intento de los grupos soberanistas para ganar tiempo—, la formación que lidera Inés Arrimadas en esta comunidad ha optado por iniciar una campaña institucional y política para retirar los símbolos separatistas de las calles y plazas públicas. Tras la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hace días, avalando esta actuación al dictar la retirada de una estelada en el Ayuntamiento del municipio barcelonés de Sant Cugat del Vallès, la formación naranja advierte de que continuará con un plan para «limpiar» los espacios «de todos» de las insignias partidistas e independentistas.
La campaña anunciada por Ciudadanos en estos días tiene una doble línea de actuación. Por un lado, una ofensiva institucional por la que han enviado cartas a todos los ayuntamientos gobernados por partidos soberanistas, en las que les remiten a los alcaldes el fallo del TSJ —que responde a una denuncia de Sociedad Civil Catalana— y exigen la retirada inmediata de todos los símbolos de este tipo. En línea con esta iniciativa, el partido naranja ha contactado con la Delegación del Gobierno que dirige Teresa Cunillera i Mestres para que tome cartas en el asunto. En la misiva que firma el número dos de Arrimadas, Carlos Carrizosa, el partido acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «dejadez de funciones» e insiste en que «todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan, tienen derecho a no soportar la permanente monopolización del espacio público por símbolos políticos».
En cuanto a la campaña estrictamente política, Ciudadanos coordina desde que se hizo público el fallo judicial a cargos públicos y militantes para ir plaza a plaza retirando símbolos. «Entendemos que con una sentencia en la mano estamos más legitimados para retirar los símbolos que los que colonizan y ocupan el espacio poniéndolos. La sentencia dice claramente que los espacios públicos deben ser neutrales«, insiste José María Espejo, vicepresidente de la Mesa en el Parlament y responsable de Acción Institucional en la ejecutiva nacional del partido naranja. La formación de Rivera insiste en que la situación de convivencia «está hoy peor todavía de lo que estaba» y reprochan al Gobierno de Pedro Sánchez su «inacción» y «estar mirando para otro lado» sin ayudar a resolver el problema.
De hecho, fue el propio Rivera el que hace días se refirió a la puesta en marcha de esa «campaña» en su balance del fin del curso político, reclamando que fuera el Gobierno el que asuma la responsabilidad de «limpiar las instituciones y las calles de símbolos ilegales». El presidente del partido se escudaba una vez más en el fallo judicial: «Hemos leído una sentencia que nos da la razón. Si el espacio es de todos, ¿por qué vemos plazas con cruces amarillas o el balcón de la Generalitat con una pancarta que dice que España es una dictadura?», insistió el líder. Ciudadanos quiere seguir trasladando a la opinión pública que si el espacio público es de todos, no puede excluir a una parte de los catalanes. «Es insoportable el ambiente de intimidacion y de exclusión. Ya basta de esteladas y de propaganda», zanjó Rivera en el Congreso.
La aparición de símbolos amarillos —que arrancó con las cruces en playas catalanas— se ha convertido en el último foco de conflicto social. Además de los continuos vídeos que se publican en redes sociales de partidarios del secesionismo colgando esteladas o lazos de ese color en zonas públicas, mientras los no independentistas se dedican a irlos retirando, muchos dirigentes soberanistas como el propio Puigdemont tilda ya de «terroristas» y «criminales» a los que optan por quitarlos. Algo «inadmisible» que requiere de una respuesta urgente, insisten en Ciudadanos.
Lo que sigue pendiente es la discusión de la Proposición de Ley de neutralidad de los espacios públicos presentada en el Parlament por el grupo parlamentario naranja. El bloqueo en el funcionamiento de la Cámara a raíz de cómo aplicar la suspensión de los diputados encausados por delito de rebelión —PDCaT y ERC no alcanzan un acuerdo sobre cómo cumplir con el mandato judicial—, ha provocado que como pronto ésta se debata ya en el mes de octubre, dado que el primer pleno no tendrá lugar antes del día 2 de ese mes.
La proposición de ley, articulada en nueve apartados, recoge que «en ningún caso se permitirá el uso de símbolos que no mantengan la imparcialidad y neutralidad de la institución pública» y, en particular, establece que no se permitirá el uso de símbolos que «incluyan en su diseño o contenido siglas, anagramas, logotipos de partidos, tengan un carácter eminentemente ideológico o político, o se caractericen por su exhibición y uso de determinadas opciones políticas». Ciudadanos defenderá como primer partido de Cataluña la propuesta y espera contar con el apoyo de los partidos constitucionalistas (incluido el PSC).