ABC 13/05/14
EDITORIAL
· La deslegitimación de los políticos se ha puesto de moda y ha extendido el argumento subliminal de que todo vale contra ellos, desde un insulto a través de las redes sociales a un acoso a domicilio
Las especulaciones inmediatas sobre el asesinato de la presidenta de la Diputación Provincial de León, Isabel Carrasco, se disiparon a las pocas horas con la detención fulminante de dos mujeres, madre e hija, acusadas del crimen. Al parecer, la madre quiso vengarse de Isabel Carrasco por el despido de su hija, trabajadora de la Diputación leonesa. El asesinato a tiros fue ejecutado con sangre fría y premeditación, sin dar opción a la víctima a defenderse o salir huyendo. No había otra intención que matar a Isabel Carrasco, también presidenta del Partido Popular de León y militante de este partido con una larga y reconocida trayectoria en Castilla y León. Todos los partidos políticos suspendieron los actos electorales previstos para la jornada de ayer, en un gesto de solidaridad que no por previsible resulta menos encomiable.
El posible móvil de este crimen –aún no confirmado– no disculpa ni reduce la responsabilidad de sus presuntas autoras. La venganza por un despido laboral no puede recibir opiniones comprensivas, por muy difícil que sea la actual situación económica. Tampoco da margen a interpretaciones políticas interesadas sobre las consecuencias de las medidas de austeridad y los necesarios ajustes aplicados al presupuesto. El debate más oportuno que podría suscitar este lamentable asesinato apunta en sentido muy distinto: el de la exposición permanente de la clase política a un juicio público en el que se le atribuye la responsabilidad directa de todos los males que sufre el país. La deslegitimación de los políticos se ha puesto de moda y ha extendido el argumento subliminal de que todo vale contra ellos, desde un insulto a través de las redes sociales a un acoso a domicilio.
Al juez de instrucción le corresponde concretar los hechos y las responsabilidades de este crimen, y será, más adelante, un tribunal de jurado el competente para juzgar a las detenidas, si finalmente acaban siendo acusadas. La responsabilidad de los medios será también importante para que las informaciones sobre este delito no conviertan el caso en un juicio sobre la crisis económica, en el que acabe confundiéndose a víctima y verdugos. Sin dramatizar ni exagerar, es el momento de prevenir sobre el efecto de emulación que tienen episodios de este tipo –recuérdense los suicidios por desahucio– en personas desesperadas por su situación económica o laboral. Por esto es tan importante el consenso de los partidos políticos en responder a este crimen como lo que es, un delito atroz, sin disculpa alguna por un despido laboral, que no ha sido el primero ni será el último que se produzca.