IGNACIO CAMACHO, ABC 10/11/13
· Si esto no es la hoja de ruta del famoso Proceso de Paz alguien debería cuidarse de que no lo pareciese tanto.
La sociedad no lo entiende por una razón muy sencilla: no se puede entender. Cuando está por medio la dignidad de las víctimas y la memoria del sufrimiento de una nación entera resulta ininteligible un pulso judicial por ver quién es más garantista con los verdugos. Los criminales que no ahorraron un minuto de dolor ni un segundo de espanto no merecen estas prisas para ahorrarles unos días de condena. Y la Audiencia Nacional, que ha protagonizado y hasta simbolizado el compromiso de la justicia contra el terrorismo, tampoco merece malversarse a sí misma con el rigor urgente de unas excarcelaciones de sangrante –en sentido literal—repercusión social y política.
El Estado en su conjunto ha quedado desarbolado por la dichosa sentencia de Estrasburgo. La descoordinación y las desavenencias entre poderes democráticos están sembrando el trastorno en unos ciudadanos que sólo alcanzan a sentirse perplejos ante la humillación de ver salir a los autores de carnicerías que han dejado una huella de dolor imborrable. Las altas instancias judiciales no logran ponerse de acuerdo sobre el criterio de aplicación del veredicto europeo.
La Fiscalía permanece en actitud acrítica, pasiva o desconcertada. Y el Gobierno que prometió –a las víctimas y a la nación entera– un plan de ingeniería jurídica para mitigar los efectos del fallo del Tribunal de Derechos Humanos se ha quedado inmóvil, exánime, sobrepasado por la celeridad proactiva de unos jueces que ejercen su independencia con sorprendente desapego hacia la sensibilidad social. El Supremo ha sido madrugado por una especie de golpe de mano de la Audiencia y no hay modo de entender que unas carreritas competenciales por el ejercicio de la jurisdicción arrojen como consecuencia la libertad improvisada de unos despiadados asesinos en serie.
Los magistrados que han decidido la liberación express de los sanguinarios matarifes de Hipercor quizá se sientan orgullosos defensores contra viento y marea del Estado de Derecho. Pero resulta imposible que no sean conscientes de las consecuencias dolorosas de su celo reglamentista. Menos comprensible aún parece la falta de iniciativa del Ejecutivo a través de la jerarquía del Ministerio fiscal y la ausencia de decisiones y movimientos competentes para organizar siquiera el protocolo de observancia de la sentencia del TDH. Al final, en este rigodón algo siniestro de absentismos y sobreactuaciones, lo único que la gente común observa con estupor y desengaño es el cumplimiento objetivo de la agenda de ETA. Primero fue la derogación de hecho de la Ley de Partidos y el paso libre a las instituciones del brazo político batasuno. Ahora la abolición de la doctrina Parot y la salida a la calle de los presos más crueles. Si esto no es la hoja de ruta del famoso Proceso de Paz alguien debería cuidarse de que no lo pareciese tanto.