Carta a los reyes

Tras esta actitud de reclamar cosas a los nuevos Reyes se oculta un evidente equívoco: o están confundiendo a Felipe y Letizia con los reyes del 6 de enero, a los que se les puede pedir cualquier cosa, o los están confundiendo con los monarcas del Antiguo Régimen que tenían el poder para hacer o deshacer a su antojo.

Esa monarquía del Antiguo Régimen nada tiene que ver con la Monarquía parlamentaria que establece la Constitución, en la que están tasadas las funciones del titular de la Corona. Al nuevo Rey se le pueden hacer demandas relativas a su comportamiento personal y a las competencias reconocidas por la Carta Magna. Se le puede pedir, por ejemplo, que sea ejemplar en su actuación personal o que busque la transparencia para inspirar la máxima credibilidad. En su desempeño público se le puede reclamar sobre todo que mantenga la neutralidad política que supo mantener su padre, de forma que el máximo de ciudadanos pueda identificarse con él en su condición de Rey de todos los españoles; se le debe reclamar al Monarca que sea capaz de escuchar todas las opiniones, que conozca los problemas del país y que, llegado el caso y desde la discreción, facilite el diálogo entre los diversos representantes políticos. No se le puede pedir, en cambio, que adopte posiciones partidistas sobre los asuntos públicos.

Las peticiones que hoy se le formulan al futuro rey, en particular las de los nacionalistas, no deberían ser dirigidas a La Zarzuela, sino a La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, a la carrera de San Jerónimo, sede del Congreso, o incluso a las calles Ferraz y Génova, donde están las sedes del PSOE y del PP, porque la negociación de las demandas políticas es cuestión de los poderes públicos democráticos, de los partidos que tienen la representación popular y, en último término, de los propios ciudadanos mediante sus decisiones en las urnas, pero no de la Corona.

Al dirigir las exigencias políticas de cada cual hacia el titular de la Corona se le está cargando con unas responsabilidades que no le corresponden, salvo que se admitiera que el Rey usurpara funciones del Gobierno y del Parlamento. La actitud de los nacionalistas de reclamar al Rey las demandas que no consiguen de los dos grandes partidos nacionales sólo puede conducir a generar frustración porque el Monarca no puede otorgarles aquello que no aceptan los representantes mayoritarios de la voluntad popular.