La deriva populista de un Pedro Sánchez cercado por problemas judiciales sigue una pauta calcada de la peripecia kirchneriana. El lenguaje de los dirigentes socialistas lleva meses denunciando una «cacería» –«inhumana», añadió Santos Cerdán en el congreso de Sevilla– emprendida por la justicia y la oposición a pachas, y ayer el presidente acusó directamente al Partido Popular de jugar con «cartas marcadas», es decir, con información servida por los magistrados que instruyen las causas. El discurso de la victimización le sirve para aglutinar a la militancia y a los votantes de vocación más sectaria, y al mismo tiempo para construir el argumentario sobre el que va a tratar de restructurar los tribunales a medida de lo que llama «regeneración democrática». Es decir, en línea con el poder y su mayoría parlamentaria. Espóiler, aprovechando que la Academia acaba de admitir la palabra: Cristina Kirchner fue declarada culpable tras arrastrar a su país a una crisis convulsa y larga.

El horizonte penal del jefe del Gobierno es remoto pero el de su entorno inmediato está cercano. Y el plan consiste en dilatarlo todo lo posible acompasándolo a la duración del mandato. Esa estrategia resulta factible porque los plazos procesales, basados en un procedimiento muy garantista, son largos. El fiscal general acabará cayendo si la inculpación va adelante y Ábalos ha sido ya desahuciado, convertido en «esa persona» como abstracto cortafuegos semántico para preservar la integridad del liderazgo. En el peor de los casos, Sánchez resistirá aunque su mujer y su hermano salgan condenados; estirará las apelaciones y se proclamará objetivo de una conspiración de elementos reaccionarios. Las confesiones de Aldama lo abocan a una testifical, trámite antipático pero sobrellevable siempre que no salga de él imputado. La cuestión clave es que los socios mantengan su respaldo para que la legislatura avance a saltos sobre las brasas de los juzgados.

En el peor de los supuestos, el de que el asunto se ponga de verdad feo, está empezando a cobrar forma en ciertos círculos gubernamentales la idea de denegar suplicatorios en el Parlamento. No el de Ábalos, que será aceptado aunque sin prisa alguna por concederlo, pero tal vez sí otros que puedan llegar con el tiempo. Todo el relato de la persecución de los jueces en connivencia con la derecha política encaja en ese desquiciado supuesto, que además de un abuso manifiesto del privilegio de aforamiento constituiría un conflicto institucional inédito. Cuando el presidente en persona señala a las togas como adversarios encubiertos está prefigurando la coartada de una eventual rebeldía del estamento político contra el Supremo: la independencia judicial cuestionada en el nombre sagrado del pueblo. ¿Imposible? Veremos. El instinto de supervivencia es un vértigo que no obedece ningún freno cuando anda el poder por medio.