«Los atentados contra casas cuartel han causado la muerte a 22 personas, 12 de ellas niños. Sus máximos responsables y partícipes no han sido juzgados». Así comienza la denuncia presentada ayer en la Fiscalía General del Estado por la asociación de víctimas Voces contra el Terrorismo (VcT), que quiere que el Ministerio Público persiga a los dirigentes etarras responsables de la estrategia de ataques a las residencias familiares de los guardias civiles.
La denuncia se centra particularmente en un dirigente etarra, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, Josu Ternera, el terrorista de mayor rango y prestigio que no se encuentra en prisión. Las Fuerzas de Seguridad han estado tras su rastro fuera de España en varias ocasiones, pero desde su huida en 2003 no ha vuelto a ser detenido. Por su autoridad en ETA, se le considera la figura que podría certificar la disolución oficial de la banda terrorista.
La intención de VcT es que, si lo hace, no sea en libertad. La asociación presidida por José Alcaraz quiere que la Fiscalía reclame en la Audiencia Nacional el procesamiento de Josu Ternera por su responsabilidad, como jefe etarra que impartía las directrices de la banda. En concreto, las víctimas le atribuyen 22 delitos de asesinato terrorista, más otros 250 intentados. Entre ellos, 12 de los muertos y 100 de quienes estuvieron cerca de serlo eran menores. También un centenar de delitos de estragos y delitos contra la integridad moral, con el agravante de discriminación. Bajo su mandato se produjeron los atentados en contra de las casas cuartel de Oñate, Intxaurrondo, Ágreda, Irún, Santa Pola, Urdax, Luna, Durango, Calahorra, Legutiano y, finalmente, Burgos. Como en otros casos, en el de Burgos ha habido condenas a autores materiales, pero no a los jefes que lo ordenaron. «No cabe en un Estado de Derecho garantizar la impunidad de los máximos responsables de una campaña desplegada por una organización terrorista jerarquizada, investigando y juzgando exclusivamente a los autores materiales y a su jefe inmediato», dice la denuncia.
Según VcT, los atentados contra casas cuartel eran la manifestación más extrema de la campaña Aide Hemendik (Fuera de aquí), la misma que habrían seguido los acusados por las recientes agresiones de Alsasua. «Todos y cada uno de los atentados cometidos contra las casas cuartel –cerca de 200– no se han realizado de forma casual y aleatoria por decisión exclusiva de los distintos comandos o de su jefe inmediato, sino que formaban parte de una estrategia, de una campaña esencial del entramado, ordenada y controlada desde la dirección, que complementaba asesinatos en viviendas y distintas fórmulas de persecución».
Condenar a los jefes terroristas por actos concretos que cometen sus miembros siempre ha sido difícil. Apenas ha habido condenas. Para conseguir la de Josu Ternera, las víctimas también se apoyan en su actividad –más exactamente, su inactividad– como miembro de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, donde era diputado. El Código Penal condena a la autoridad que no evite delitos contra la integridad moral, que según la denuncia Josu Ternera tenía la capacidad de evitar o minimizar.