De acuerdo: todo lo que se está evidenciando en el juicio del caso Ábalos ya lo sabíamos. No ha surgido nada sorprendente por desconocido hasta el momento de redactar estas líneas (aún queda parte de las comparecencias del jueves). Pero que se sustancien las peripecias en sede judicial mediante el testimonio de los protagonistas eleva el caso a oficialmente grave. No es la primera vez que se enchufa a alguien en una empresa pública, también de acuerdo; pero sí es cierto que todo lo visto y oído, junto, constituye un inaudito caso de desahogo y sinvergonzonería que causa absoluta perplejidad. Un ministro coloca a dos amigas, una de relación erótico-sentimental y otra de amistad digamos política, en cargos menores de empresas públicas para que ni siquiera vayan a trabajar y cobren un modesto estipendio cada mes. La que va a trabajar pero no trabaja –se pasa el día leyendo libros de trenes, según su propia declaración– deja de acudir al centro de trabajo porque, lógicamente, no le dan tarea alguna, y es expedientada por el jefe de sección correspondiente. Al final, el expedientado es él por meterse donde no lo llaman y atreverse a mover papeles de una enchufada del ministro. A la otra le paga el piso –y la comida del gato– la trama que trinca de las mascarillas defectuosas con el jefe, y tampoco aparece por la empresa de la que ni siquiera sabe pronunciar su nombre correcto. En el secreto de la contratación de estas dos perlas estaban, lógicamente, algunos cargos superiores y otros intermedios de sendas empresas públicas: excepto el puntilloso jefe de servicio expedientado ninguno puso reparos. Hasta la presidenta de Adif, Pardo de Vera, tuvo que dar un toque de atención para que se las dejara en paz.