«Fue Leire Díez quien, de inicio, excusó la ausencia de Santos Cerdán, afirmando que le trasladaría después todo lo que se dijera y, a mi pregunta inmediata sobre quién era ella, contestó que se trataba de un encuentro en ‘la más estricta confidencialidad’ y que ella era ‘la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto’», relata (sic) Stampa. El fiscal preguntó entonces a su interlocutora que a qué se refería con «detrás de qué». Su interlocutora contestó: «De las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción», señala la querella que consta ya en el sumario que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, contra la propia Díez, Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Siempre según esa ‘dación de cuentas’ de Stampa a sus superiores, cuando inquirió a los dos supuestos enviados de Cerdán -el exsecretario de Organización del PSOE está encarcelado desde junio como supuesto cabecilla de la ‘trama Ábalos-Koldo’- sobre por qué querían buscar trapos sucios de la Guardia Civil o de determinados fiscales, la respuesta de Pérez Dolset fue la siguiente: «Cuando salió la imputación de Begoña, Leire le llamó porque el presidente había dado la orden de limpiar sin límite». «La situación hay que revertirla, caiga quien caiga, eso es lo que ha dicho el presidente», fue el mensaje que -de acuerdo con la denuncia de Stampa- le trasladó el empresario que ejercía de mano derecha de la ‘fontanera’.

A la vista de los tomos que ya se han facilitado a las partes, la denuncia de Stampa constituye uno de los documentos que la Fiscalía considera claves para cerrar filas con el juez y pedir que se investigue a fondo por cohecho y tráfico de influencias a Díez, quien justificó en su momento sus manejos en que estaba escribiendo un libro en su calidad de periodista. Ahora, el Ministerio Público considera que hay pruebas suficientes de que la exmilitante socialista maniobró a principios de este 2025 para tratar de «denigrar» a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil –el departamento que investiga los casos que conciernen al entorno personal, partidario e institucional del presidente Sánchez- y a la cúpula de Anticorrupción.

El magistrado Zamarriego ha incorporado la denuncia de Stampa y otra presentada por hechos similares por el también fiscal José Grinda. Díez y sus acólitos ofrecieron a ambos mejoras laborales o económicas si les ayudaban a recabar datos para desprestigiar el trabajo de los agentes que trabajan tanto en el caso contra Begoña Gómez como en el sumario que implica al hermano del presidente, David Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz; en la causa contra el fiscal general por la presunta filtración de información confidencial sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso; o las diferentes investigaciones abiertas sobre la ‘trama Cerdán-Ábalos-Koldo’.

Díez también le dijo a Stampa, según la denuncia de éste, que el contenido de aquella reunión se iba a trasladar al fiscal general del Estado para que mejorara su situación profesional si colaboraba; aunque no de forma inmediata, porque era más sensato comunicárselo más adelante, cuando Álvaro García Ortiz «se sentiría más fuerte» en relación con «el asunto por el que se encuentra actualmente investigado en el Tribunal Supremo» (la acusación de revelación de secretos del novio de Ayuso). La entonces aún militante socialista dio a entender a Stampa que su hipotética ayuda para socavar a la UCO y a los fiscales ‘díscolos’ tendría como recompensa volver a ocuparse de las diferentes piezas del ‘caso Villarejo’ de las que fue apartado en su día.

Para el fiscal del caso, Pablo Nieto, no hay duda a la vista de las denuncias de sus dos colegas de que Díez se «presentaba a sí misma como una representante cualificada del PSOE al efecto de neutralizar determinados procedimientos judiciales mediante la descalificación de los funcionarios de la Policía Judicial, concretamente a la UCO, o de la Fiscalía». La ‘fontanera’, Pérez Dolset y Rusiñol, explica el Ministerio Público en los documentos que ya obran en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, trataron «presuntamente de manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios». El objetivo de los tres –insiste la Fiscalía- era «provocar nulidades y el descrédito de los investigadores».

La Fiscalía abunda en que en este caso resulta «fundamental» la «singularidad» de que las «ofertas de soborno» tenían como «fuerza principal« para darles «credibilidad» que Leire Díez hablaba «en nombre de altas instancias del Estado». «Esto es determinante», zanja Nieto.