JON JUARISTI-ABC

  • La Ley de Memoria Democrática no busca sólo infamar a la derecha en su conjunto, sino cancelar anticipadamente a sus futuros líderes

¿Se sublevó José Antonio Primo de Rivera contra la II República o participó al menos en conspiraciones para hacerlo? Cabe que recomendara a los pocos falangistas que pudieron visitarle en la cárcel de Alicante una postura activa a favor del golpe militar (por la cuenta que les traía), pero no se dirigió a sus bases con órdenes, manifiestos ni consignas. Si le hubiera sido posible, lo habría hecho, con toda probabilidad. Ahora bien, en los regímenes decentes no se condena a muerte a nadie por lo que habría hecho pero no pudo hacer. Bajo el frentepopulismo, entre 1936 y 1939, se aplicó la pena capital en el caso de José Antonio Primo de Rivera y de muchos otros que no tuvieron que ver con la bronca. También en el bando sublevado, vale. ¿Y qué?

Los que sí conspiraron contra la II República y se levantaron en armas contra ella fueron los dos dirigentes máximos del PSOE que, como es costumbre, se odiaban entre sí. Por cierto, Indalecio Prieto contó a José Prat –y este, a su vez, lo contó a toda España– que fue «el h… de p…» de Largo Caballero quien ordenó la ejecución perentoria del fundador de Falange, el 19 de noviembre de 1936 (lo fusilarían el 20, como es sabido). Pero, a lo que vamos, los que se sublevaron contra la II República para imponer una dictadura socialista tendiendo a comunista fueron Prieto y Largo Caballero con todas sus huestes detrás, en octubre de 1934. Y ahí siguen los dos truños de piedra erigidos en su honor, junto a los Nuevos Ministerios.

Para eso iba a servir la ley de la memoria democrática, como ya era algo archisabido: para borrar la de los crímenes de la izquierda en la época republicana y los de ETA y del FRAP bajo el franquismo y después. Y, por supuesto, para profanar las tumbas del enemigo y dejar intactas, como acaba de suceder en Moncada y Reixach, las fosas comunes petadas por los restos de asesinados en la zona controlada, es un decir, por el Gobierno republicano.

Pero los cascatumbas frentepopulistas del presente, con la mencionada ley, se proponían algo más que les venía impuesto por la deriva ‘woke’ del populismo podemita al que se han apuntado también los del PSOE: infamar a la derecha en su conjunto hasta el extremo de que todos sus futuros líderes políticos o ideológicos aparezcan cancelados de antemano como fachas. Es decir, como machistas, puteros, homófobos, racistas, adictos a la tauromaquia, etcétera. Habría que recordar que José Antonio Primo de Rivera no se caracterizó precisamente por parecerse a tal estereotipo. Indalecio Prieto, en cambio, superaba en todo ello incluso a muchos sociatas y ugetistas andaluces de nuestro tiempo. Por cierto, a Prieto el joven Primo de Rivera le caía bastante simpático (y a quién no), y quizá por eso no perdonó a Largo Caballero que ordenara asesinarlo sin dilación posible.