Catalá, reprobado

El Pleno del Congreso aprobó este martes con los votos de todos los diputados, salvo los del PP, la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá; la del fiscal general, José Manuel Maza, y la del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, por entender que algunas de sus iniciativas estaban encaminadas a proteger a políticos presuntamente implicados en actos de corrupción. La reprobación no tiene mucho recorrido, porque en nada obliga al Gobierno ni a los implicados, pero resulta inquietante la coincidencia en el conjunto de las fuerzas de oposición a la hora de desconfiar de determinadas actuaciones de la fiscalía. Y recuerda que los tachados de réprobos no supieron explicar la pasada semana las actuaciones por las que fueron reclamados en la Comisión de Justicia del Parlamento.

Los interpelados no supieron hacerlo, en todo caso, con la suficiente contundencia y claridad como para despejar todo género de dudas. Y esto no es bueno porque nada daña tanto a las instituciones como que sus actuaciones estén bajo sospecha, y que lo estén a propósito del combate contra la corrupción, la segunda mayor preocupación de los españoles, según el último barómetro del CIS.

Maza lleva al frente de la fiscalía general, por decisión de Catalá, desde noviembre de 2016, tras el cese de su predecesora, Consuelo Madrigal, por negarse a sufrir presiones en algunos nombramientos. Como el del fiscal anticorrupción, cargo para el que fue elegido Moix en febrero, aun cuando era el que menos experiencia tenía en esta materia entre los aspirantes. Han sido dos de sus actuaciones las que más revuelo causaron: la iniciativa de apartar a los dos fiscales que investigaban el caso del 3% en Cataluña, y la denuncia de los que trabajaban en el caso Lezo por haber buscado posponer las diligencias que llevaron a la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid con el PP Ignacio González por presunta corrupción a través del Canal de Isabel II. La filtración de una conversación en la que González comentaba la idoneidad de Moix para anticorrupción, meses antes de su nombramiento, destapó las alarmas: el Gobierno, se sospecha, habría buscado a fiscales favorables que les facilitaran la salida a políticos del PP acusados de corrupción.

Comisiones, precios inflados, turbias complicidades entre políticos y empresarios, dinero desviado de manera fraudulenta: la situación del Partido Popular a propósito de distintos casos de corrupción parece intolerable y, por eso mismo, el Gobierno debe garantizar el impecable funcionamiento de la fiscalía. No todas las actuaciones que han despertado sospechas pueden ser probadas, pero se les debe dar una respuesta política inequívoca.

El ministro Catalá y sus colaboradores no han sido convincentes en sus explicaciones, un error de enorme magnitud en un momento en que las instituciones de la democracia representativa están siendo cuestionadas y cuando cala el mensaje de que todo el sistema está podrido. Si el PP no sabe transmitir ese radical compromiso en la lucha contra la corrupción del que presume, será responsable directo en el peligrosísimo descrédito que está sufriendo la separación de poderes.