ABC 06/02/17
JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES, CATEDRÁTICO Y ESCRITOR
· Nada hay que decir sobre la circunstancia sentimental de sentirse catalán. En el plano de los sentimientos cada uno se siente cómo y de dónde quiera, aunque lo relevante es si el sentimiento catalanista es en sí mismo un argumento para persuadir a los demás españoles de que deben consentir que Cataluña sea una entidad política, social y económica, distinta y privilegiada
EN nuestro panorama nacional emergen periódicamente y con desigual intensidad dos aspiraciones políticas de Cataluña: el nacionalismo y el secesionismo, que partiendo de un tronco común, el catalanismo, persiguen finalidades claramente diferenciadas.
El tronco común o «catalanismo» supone, en lo emocional, el amor y apego por todo lo catalán y se traduce no solo en el legítimo orgullo de pertenecer a ese pueblo, sino también en la exacerbación de un sentimiento de superioridad que suscita el falso dilema de tener que elegir entre sentirse catalán o español.
El «nacionalismo» supone convertir el catalanismo en la aspiración política, aparentemente legítima e injustamente preterida, de obtener un tratamiento singular y privilegiado del Estado español, frente al cual Cataluña se afirmaría como una entidad política, social y económica, distinta y diferenciable de las demás. En el plano político-económico, el nacionalismo catalán reivindica para Cataluña una posición privilegiada frente a las otras autonomías no solo en el nivel de autogobierno, sino también en el de la financiación.
Finalmente, el secesionismo catalán parte del hecho de que Cataluña es una nación sin Estado y considera que ha llegado el momento de separarse de España para constituirse como una república independiente.
Nada hay que decir sobre la circunstancia sentimental de sentirse catalán y amar profundamente a Cataluña. En el plano de los sentimientos y emociones, cada uno se siente cómo y de dónde quiera, aunque lo relevante es si el sentimiento catalanista es en sí mismo un argumento suficiente para persuadir a los demás españoles de que deben consentir que Cataluña sea una entidad política, social y económica, distinta y privilegiada.
Y es que en el plano de los sentimientos parece que podrá avanzarse muy poco, porque hasta ahora nadie ha sido capaz de mostrar un ranking fiable que clasifique jerárquicamente por orden de mejor a peor los distintos sentimientos territoriales de los habitantes de España.
Si pasamos al nacionalismo catalán, el primer obstáculo que surge es determinar cuál es el sujeto portador de la posición privilegiada que se reclama: ¿Cataluña como entidad política?, ¿el territorio catalán?, o ¿el conjunto de habitantes que viven allí? La cuestión se suscita porque estas tres realidades son difíciles de separar, toda vez que la entidad política Cataluña está formada por todos los ciudadanos que habitan duraderamente en su territorio.
Y es entonces cuando comienzan a hacerse más evidentes las dudas. Por reseñar solo algunas: si lo determinante son las personas más que el lugar en que viven ¿qué sujetos son los portadores de esa supuesta diferencia merecedora del trato privilegiado? ¿Todos los que están censados allí actualmente, incluidos los que proceden de otras regiones? O ¿solo los de rancia estirpe catalana? Si son estos últimos ¿hasta cuántas generaciones hay que remontarse? Y qué sucede si alguno de ellos se traslada a vivir fuera de Cataluña ¿se lleva a cuestas el trato privilegiado a su nuevo lugar de residencia? Por último, ¿cuál es la razón para excluir a los que habitan hoy allí y no descienden de ellos? Demasiadas preguntas y difícil de justificar la respuesta que se elija.
La razón es que Cataluña, como todos los territorios de España, y en especial su pueblo, es tierra de mestizaje cultural, de entrecruzamiento de mujeres y hombres de muy variadas procedencias que, precisamente por su diversidad, han hecho posible una sociedad en la que anidan y florecen ricos el pensamiento, la ciencia y el arte, tanto más fecundos cuanto más abierta y receptiva ha sido con las aportaciones foráneas el país catalán. En prueba de ello, valga, por su valor paradigmático, evocar la asunción como propia de la trayectoria vital del malagueño-catalán-francés Pablo Ruiz Picasso.
Es posible que se diga que el merecimiento es histórico y viene desde antiguo. Pero por mucho que se busque en la Historia de España no hay un acontecimiento protagonizado por catalanes que haya hecho merecedores a sus descendientes, por los siglos de los siglos, de un trato privilegiado frente al resto de los españoles.
La nación más antigua de Europa, España, fue creada por la unión de las Coronas de Castilla y Aragón (de la cual, entre otros territorios, formaba parte Cataluña), y dio origen hace ya más de cinco siglos a una Monarquía hispánica, cuya unidad se ha fundamentado en una larga e intensa participación colectiva en grandes empresas históricas de proyección universal, en la defensa compartida del suelo y de la independencia de España frente a invasiones de ejércitos extranjeros. Pero se basa, sobre todo, en la realidad humana de fuertes corrientes migratorias internas de los habitantes de la península ibérica y en la utilización por todos de una lengua común que, lejos de emplearse como vehículo de sumisión a un poder centralista que quisiera destruir la variedad de los pueblos españoles, sirve de cauce de entendimiento y diálogo, que es para lo que valen las lenguas de los hombres.
En cuanto al secesionismo catalán, estamos pasando por un momento en el que se ha exacerbado notablemente, cosa que se debe al parecer a la supuesta afrenta que supuso para Cataluña que el Tribunal Constitucional eliminara del nuevo Estatut las normas inconstitucionales que contenía.
Desde entonces hasta hoy, con un protagonismo creciente de Esquerra Republicana, la ayuda «suicida» de la menguante y antigua Convergencia (la cual hasta ha tenido que cambiar de nombre y hoy es el Partido Demócrata Europeo Catalán, PDeCAT) y la de ciertos partidos independentistas de origen antisistema, los secesionistas catalanes están defendiendo dolosamente la fantasiosa tesis de que han recibido un mandato del pueblo de Cataluña para desconectar a Cataluña del Estado español por la vía –incruenta pero claramente anticonstitucional– de la «rebelión jurídica» (leyes catalanas sobre materias del Estado y desobediencia al Tribunal Constitucional).
Los secesionistas, que son perfectamente conocedores de los límites de nuestra Constitución, entienden que la única salida airosa que les queda es seguir provocando al gobierno central para ver si logran que inicie la vía del artículo 155 de la Constitución y suspenda la autonomía de Cataluña. Consideran que entonces salvarían su pellejo político en Cataluña y que aumentaría el número de los catalanes que se apuntarían a la secesión. Al gobierno central le corresponde adoptar las medidas que considere más oportunas para evitar la anunciada «desconexión» unilateral. Hay que desearle el mayor de los aciertos.