Marcos Lamelas. El Confidencial
Cataluña parece abocada a mantener o repetir la suspensión de la autonomía por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Una Generalitat sin presupuestos sumida en un parálisis política sin precedentes. La razón no radica solo en la obstinación de Carles Puigdemont por ser presidente de Cataluña a cualquier precio. De hecho, no es el principal factor que empuja hacia la reedición del 155: las causas más determinantes son las bases soberanistas, que no quieren dar ni un paso atrás, y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, cuya instrucción de una macrocausa contra el independentismo para el próximo otoño dará gasolina a la causa de la secesión y hará imposible a los líderes de los partidos tradicionales rectificar o suavizar sus posiciones.
ERC y PDeCAT quieren enfriar la cuestión soberanista. Preservar lejos de la cárcel a los líderes no encausados y ensanchar su base social con unos años de tranquilidad. En esta clave hay que entender la mutación de un radical como Roger Torrent y su conciliador discurso de toma de posesión como presidente del Parlament.
El independentismo catalán se alimenta de agravios. Y Llarena se los dará a raudales. Para empezar, con los nuevos investigados…
Pero el independentismo catalán se alimenta de agravios. Y Llarena se los dará a raudales. Para empezar, con los nuevos investigados, que van de Anna Gabriel (CUP) hasta Artur Mas, expresidente del PDeCAT. La ampliación de la causa y la apertura de juicio oral facilitará nuevas movilizaciones y motivos que alimenten los agravios. Además, Llarena se mueve al margen de directrices políticas. El Gobierno no lo controla. Y por tanto, en Madrid no hay margen para aflojar la presión. Llarena quiere abrir un juicio comparable con el del 23-F que, además, supondrá penas ejemplares. Malas noticias para los que esperan que baje la tensión independentista en Cataluña.
La sombra de los CDR
Hay razones para no rebajar la presión. A la ANC le han salido competidores. Después del 1-O, los comités de defensa de la república(CDR) han asumido un gran protagonismo en las movilizaciones, en particular en los denominados ‘paros de país’. Si la ANC pierde fuelle, su espacio será ocupado por los CDR, y eso supondría un golpe mortal para lo que ha sido el principal motor de las manifestaciones en las calles.
La ANC no puede permitirse perder protagonismo en las calles con los CDR compitiendo por el mismo espacio dentro del activismo independentista
Por tanto, la dinámica de acción y movilización y la dinámica jurídica implementada por el Tribunal Supremo empujan en contra de que la Generalitat pueda volver a una normalidad institucional. La ventaja con la que cuenta Puigdemont es que conecta a la perfección con esa sensibilidad social del independentismo. Si bien desde el punto de vista político cada vez se encuentra más solo, en cambio sigue encajando con una movilización popular que lleva casi seis años llenando las calles de gente en grandes protestas masivas.
Entre estas bases hay que añadir a la CUP, muy movilizada en la calle y con capacidad de hacer de correa de transmisión en el Parlament. Ya lo hicieron cuando sancionaron el discurso de Roger Torrent por conciliador.
El nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent. (EFE)
Escenarios posibles
Hay dos escenarios posibles. En el primero, Puigdemont acaba imponiendo su tesis y es investido como presidente de la Generalitat pese a que los letrados del Parlament y el Gobierno han advertido de que no es posible hacerlo en el actual marco legal. Acto seguido, el Tribunal Constitucional suspende la investidura. Y sigue el 155.
En la segunda opción, Puigdemont se retira en el último momento e impone un candidato alternativo de JxCAT. Fuentes de diversos partidos valoran que con Llarena instruyendo la causa y la presión en la calle de ANC y CDR compitiendo en nivel de movilización, será muy difícil que el nuevo Gobierno catalán que salga de este Parlament no acabe arrastrado en una dinámica de radicalidad y ruptura. La normalidad apenas duraría unos meses. Tras ese periodo, el nuevo Ejecutivo catalán volvería a romper con la legalidad y el Gobierno español aplicaría de nuevo el 155. Solo que en esa segunda vez, Rajoy tardaría más en convocar las elecciones autonómicas.