EL CORREO 07/09/14
· La Diada inicia la cuenta atrás para la consulta secesionista
El nacionalismo catalán acelera en su desafío soberanista. La Diada marcará el jueves el arranque de la cuenta atrás para la consulta secesionista del 9 de noviembre. Está previsto que el Parlament apruebe la Ley de Consultas hacia el 19 de septiembre, Mas firmará de inmediato el decreto de convocatoria y Rajoy recurrirá al Constitucional, que paralizará cautelarmente el referendo. De ahí en adelante, incógnitas sobre un proceso que ha fracturado la sociedad catalana. Lo más probable, unas elecciones que podrían aclarar pero también terminar de embarullar el panorama. Solo han pasado seis años. El 11 de septiembre de 2008 el Tribunal Constitucional tumbaba la consulta soberanista que el lehendakari Ibarretxe quería celebrar el 25 de octubre. Sus once magistrados rechazaron por unanimidad la norma vasca con la que los nacionalistas pretendían dar cobertura legal al referéndum.
Aquella decisión puso punto final, hasta ocasión más propicia, a la aventura política en la que Ibarretxe había embarcado al PNV y a Euskadi en 2002, con el cerrado respaldo de buena parte del mundo abertzale. Pero la aventura dejó como legado una sociedad profundamente fraccionada, y todavía bajo el terror de ETA. Y también tuvo negativas consecuencias para los jeltzales.
Tras el portazo del Congreso a su proyecto de nuevo Estatuto, Ibarretxe había afrontado los comicios al Parlamento vasco de 2005 convencido de que su órdago sería premiado por el electorado. Nada más lejos de la realidad. Los peneuvistas se dejaron en las urnas 144.000 votos y cuatro escaños.
En 2009, epílogo electoral a la fallida consulta, llegó el bofetón más duro. Con Batasuna, ilegalizada, fuera de las instituciones, el PNV ganó, sí, y consiguió un escaño más. Pero vio como el PSE le desalojaba por vez primera de Ajuria Enea gracias al apoyo excepcional del PP.
Seis años más tarde, la España política asiste otra vez con máxima preocupación, aunque sin fisura alguna entre las grandes formaciones, a otro órdago soberanista. El escenario se ha desplazado más de 300 kilómetros al Este. Esta vez quien amenaza con hacer saltar las cuadernas del Estado es la ‘europea’ Cataluña, cuyo nacionalismo institucional fue ponderado durante décadas desde Madrid como ejemplo de moderación y pactismo.
Existen muchos argumentos para la inquietud. Y es que el territorio que quiere segregarse, Cataluña, representa nada menos que el 19% del Producto Interior Bruto (PIB) español. Por encima de Madrid (18%) y muy por delante del resto de comunidades. Incluida, por supuesto, Euskadi, quinta, que supone algo más del 6%.
‘Bienio negro’
El ‘bienio negro’ para la integridad del Estado arrancó otro 11 de septiembre, el de 2012. Artur Mas y CiU, sorprendidos por la multitudinaria respuesta ciudadana a la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en Barcelona con motivo de la Diada, decidieron subirse a la ola y abrazar el soberanismo. Creyeron que podía ser el antídoto perfecto a la impopularidad de su Govern, contestado por una gestión salpicada de recortes sociales y con las arcas vacías por la reiterada negativa del Gobierno español a negociar un pacto fiscal que concediera a Cataluña algunas de las ventajas que otorgan el Concierto y el Convenio a Euskadi y Navarra.
Convenientemente resituado, Mas convocó elecciones anticipadas. Esperaba, como Ibarretxe en su día, que el profundo malestar social con la decisión del Constitucional de recortar el Estatut aprobado por los catalanes y el ‘no’ de Madrid a un Concierto para el Principado se tradujeran en un aluvión de papeletas para CiU. También erró el tiro.
La radicalización de un segmento notable del electorado se tradujo en un primer trasvase de votos de CiU hacia los independentistas de ERC. Mas y su Govern quedaron en manos de los republicanos.
Fue solo el primer episodio de una tendencia que no ha hecho sino consolidarse en sucesivas citas electorales. Entre el independentista de siempre y el recién llegado, el electorado se ha ido decantando por el primero. Resultado: los convergentes han pasado en cuatro años del 38,4% de los votos al 21% de las últimas europeas. ERC, con un recién llegado como Oriol Junqueras como enésimo líder (tras Barrera, Colom, Carod Rovira o Puigcercós), ha recorrido el camino inverso. Del 7% de hace un lustro al ‘sorpasso’ con el 23,6% de los sufragios de mayo.
Atrapados en el torbellino
Mas, CiU, no han querido o no han sabido salirse del torbellino secesionista. Una apuesta que ya ha tenido consecuencias. La más grave: la fractura de la sociedad civil catalana, como ya ocurrió en Euskadi. Además de hacer saltar por los aires el mapa político catalán surgido de la Transición.
El gran perdedor del proceso es, de momento, CiU. La coalición ha perdido el liderazgo que ha ostentado durante tres décadas y media en favor de ERC. No solo. Su integridad corre peligro de saltar por los aires. El otro gran damnificado es el PSC. El proceso ha avivado las contradicciones entre sus dos almas, de las que surgió, la catalanista y la españolista. Ello, unido a la crisis general del socialismo en España, ha hecho que buena parte de su electorado le haya dado de lado.
La confesión del 25 de julio del expresident Pujol sobre su fortuna oculta en el extranjero ha terminado con el mito del indudable padre del catalanismo moderno. Pero, además, ha supuesto un mazazo inesperado para el soberanismo, que Pujol solo había abrazado recientemente, y para Convergencia en particular.
Hasta qué punto puede afectar al proceso el goteo de noticias sobre el caso de las próximas semanas al hilo de las indagaciones judiciales y de las de la comisión de investigación que de inmediato se pondrá en marcha en el Parlament, es imposible de evaluar. Lo evidente es que no beneficiará ni a CiU ni al nacionalismo. De ahí a colegir que el ‘caso Pujol’ será la puntilla para el órdago soberanista va un trecho. Y desde luego con lo que no acabará es con las ansias de independencia de una segmento de la sociedad.
Con este cuadro de situación, el nacionalismo catalán se prepara para acelerar el paso en su desafío al Estado. Primero, con la Diada. Luego, tan pronto como el Parlament apruebe la ley de consultas, que busca dar cobertura al referéndum –lo que se espera para el día 19–, el president Mas firmará el decreto convocando la consulta del 9 de noviembre. El Gobierno de Rajoy ya ha avisado de que recurrirá ambos actos de inmediato. Se espera que el Constitucional paralice cautelarmente el proceso hacia el 7 de octubre.
Ibarretxe y el PNV renunciaron a seguir adelante tras el veredicto del alto tribunal. Si Mas y CiU harán lo propio o si intentarán abrir algunos colegios electorales en noviembre, como exige ERC, es la gran incógnita. La mayoría de los medios catalanes consultados se inclina a pensar que el president no forzará la máquina. En el PNV la opinión mayoritaria es similar.
Ocurra lo que ocurra el 9-N, el día después parece apuntar hacia unas elecciones anticipadas pretendidamente plebiscitarias. Si Mas y Convergencia insisten en la secesión, lo probable es que Unió, el partido de Duran i Lleida –con financiación bancaria ya garantizada, al parecer– rompa CiU y emprenda su camino en solitario en busca del electorado catalanista no independentista. Si el president y los suyos pliegan velas, el PSC ya ha mostrado su disposición a pactar con los convergentes y sostener al Govern para, juntos, intentar reconducir la apuesta soberanista por vías posibilistas no rupturistas.
Con el escenario político patas arriba, pretender elucubrar acerca del posible resultado de esos comicios roza lo absurdo. Como vaticinar que si la o las planchas nacionalistas ganan por amplia mayoría podría producirse una declaración unilateral de independencia. Algo que ya ha ocurrido, por cierto, en tres ocasiones. Una en el siglo XIX y otras dos en la Segunda República.
Si la política vasca mira a Escocia, la catalana con más razón. El nacionalismo, en especial CiU, sueña con una victoria ‘in extremis’ del ‘sí’ que enmiende parte del roto que le ha podido causar el ‘caso Pujol’.