EL CORREO 30/12/12
KEPA AULESTIA
Mas arranca la legislatura con un Gobierno y un programa que buscan ‘desenganchar’ las instituciones de la Generalitat del Estado constitucional
La constitución del gobierno de la Generalitat ha dado inicio esta semana a la ‘etapa histórica’ que Artur Mas había prometido acometer antes de las elecciones del 25 de noviembre; esa que dejaría atrás 300 años de postración para los catalanes. La conformación de un Ejecutivo juramentado en torno al propósito soberanista sería la garantía que el president ofrece a los más entusiastas del nuevo tiempo. Con la incorporación de los nuevos consejeros, Mas vino a señalar que hay muchas manos sujetando el timón. Lo que importa es la voluntad firme de impulsar la ‘transición nacional’. Resulta paradójico que CiU soportase con mayor entereza el paso por la oposición durante dos legislaturas que su regreso a la Generalitat.
La reivindicación del derecho a decidir y el horizonte de una consulta en la que Cataluña se pronuncie sobre la constitución de un Estado propio dentro de la UE es la vertiente más aparente de la operación. Pero la estrategia va orientada a desenganchar ‘de facto’ las instituciones de la Generalitat del Estado constitucional, a alentar una dinámica irreversible de separación, a generar un estado de opinión que contemple la independencia como destino ineludible.
El pacto suscrito entre CiU y ERC ofrece un compendio de ello en el apartado dedicado a ‘Los órganos e instrumentos para garantizar la transición nacional’: el despliegue de la Administración tributaria propia, la creación de un banco público, el diseño de una Seguridad Social catalana, el plan para la asunción de competencias y el desarrollo de las estructuras de una Administración de Justicia catalana, el plan para la asunción de las competencias del Estado en Cataluña en materia de infraestructuras, energía, gestión del agua, una ley de la función pública propia y la creación de instrumentos de administración electoral que aseguren la correcta celebración de la consulta. Aunque convergentes y republicanos corren el riesgo de constituirse en ‘asamblea permanente’, habida cuenta de las dos comisiones y los cinco grupos de trabajo previstos para el desarrollo del «pacto de estabilidad parlamentaria». Algo que recuerda la descontrolada elaboración del proyecto de nuevo Estatut, que en 2005 se pareció demasiado a un concurso de ideas que nadie estaba dispuesto a depurar.
Artur Mas se aferra a la lectura de que «casi cuatro quintas partes del nuevo Parlament están a favor de que el pueblo catalán sea consultado sobre su futuro». Pero el ‘Consejo Catalán para la Transición Nacional’ –a crear según el acuerdo suscrito entre CiU y ERC– podría convertirse más en un órgano excluyente que integrador, puesto que su composición con «personalidades de reconocido prestigio vinculadas al proceso de transición y a la celebración de la consulta» incrementaría el peso virtual del soberanismo en la vida pública catalana a costa de orillar a aquellas formaciones parlamentarias que tomen distancia respecto a la agenda de sus promotores.
La apuesta soberanista de Mas había sido tan comprometida que, tras las elecciones del pasado 25 de noviembre, no tenía más remedio que seguir adelante con la consulta. Admitió que los convergentes no habían obtenido el resultado que esperaban, pero no llegó a reconocer que les había fallado la jugada de acaparar la mayor parte del voto soberanista. Un sorprendente desconocimiento de la realidad catalana.
Las crónicas cuentan que cuando el domingo de las elecciones Mas se percató de que el escrutinio distaría mucho de las ilusiones que se había creado, arremetió contra el CEO –el CIS catalán–, achacando a sus responsables la inspiración de tan desnortada estrategia de campaña. Lo cierto es que el presidente de la Generalitat no supo o no quiso ver que ni la marea soberanista iba a ser tal, ni él iba a capitalizarla en solitario. La propia organicidad de CDC dificulta cualquier autocrítica o rectificación, puesto que su núcleo dirigente forma parte del gobierno de la Generalitat, sobre todo tras los nombramientos del jueves.
La pretensión de que todo el mundo actúe hacia Cataluña como si ésta no estuviese haciendo nada preocupante para los demás, en España y en Europa, es pareja a la convicción de que el enunciado democrático del derecho a decidir solo puede suscitar adhesiones en la sociedad catalana. Mas emplaza a Rajoy a evitar el choque requiriéndole que, a la postre, facilite que Cataluña se despida de España. Rajoy responde con su habitual vaguedad dialogante.
De sus palabras del pasado viernes cabe deducir que estaría dispuesto a hablar sobre la mejora del sistema de financiación, pero que ningún presidente español desmantelaría la Constitución para favorecer un proceso secesionista. La estrategia soberanista precisa convertir en agravio toda respuesta negativa del poder central a las demandas de la Generalitat, porque se da por supuesto que la indignación suma votos a favor del Estado propio. Pero, como demostraron las elecciones del pasado 25 de noviembre, la incierta viabilidad del objetivo propuesto y su deriva rupturista resta puntos al soberanismo.
Mas decidió aliarse con ERC, de cuyo voto no pudo apropiarse en las últimas autonómicas. Lo hizo en nombre de la estabilidad, a la espera de que en todo caso sea ERC quien cargue con la responsabilidad de dificultar la gobernabilidad. Son muchos los pronósticos que se inclinan por una legislatura abreviada. Pero Mas sabe que no podrá recurrir de nuevo a la convocatoria anticipada de elecciones plebiscitarias con la intención de descolocar a los demás y obtener ventaja para su partido. Si el primer intento acabó en un fiasco electoral, el segundo podría resultar catastrófico.
ERC y Unió
La consulta soberanista ha quedado fijada para 2014 en el acuerdo entre CiU y ERC, «con la excepción de que el contexto socioeconómico y político requiera una prórroga». Es previsible que Convergencia se vea en la necesidad de apelar a esta última cláusula, sencillamente porque en el tiempo que resta a la Generalitat le será imposible contar siquiera con una apariencia de legalidad que permitiese celebrarla en condiciones de normalidad. Pero Mas y CiU están condenados a agotar la legislatura si no quieren acabar arrastrados por la tormenta.
ERC ha vuelto a reinventarse tácticamente de la mano de Oriol Junqueras, aunque continúa motivada por la misma pulsión que llevó a Carod Rovira a establecer una coalición tripartita con el PSC e ICV: desalojar a Convergencia de su posición hegemónica en el nacionalismo catalán. Carod Rovira pretendió el ‘sorpasso’ enviando a CiU a la oposición, y fracasó. Junqueras ensaya otra vía: la de propiciar que Mas gobierne y fuerce las cuadernas convergentes en el intento de mantener el rumbo soberanista.
ERC ha llegado a creerse que nunca estuvo tan cerca de conseguir su objetivo, olvidando que en 2003 Carod Rovira obtuvo 48.000 votos y dos escaños más que Junqueras el pasado 25 de noviembre. Junqueras ha firmado con Mas un compromiso cuyo contenido bien podría haber dado lugar a un gobierno de coalición, pero lo escenifica como un acuerdo distante y cauto, por el que contempla el desgaste de CiU como la opción que el independentismo genuino tendría para aspirar al gobierno de la Generalitat. Cuanto más independentista se vuelva el horizonte pactado, más beneficiará a ERC.
El argumento económico
La plena integración de Unió en el Gobierno de Mas –vicepresidencia y dos departamentos– es la constatación de que a Convergencia le interesa mantener el contrapeso que representa el pragmatismo de Durán i Lleida y que, a su vez, éste no puede desligarse de CDC, ni siquiera amagar con ello. Ni Convergencia ni Unió han concurrido a unas elecciones por separado. La federación constituye un vínculo ineludible tanto para Mas y los Pujol como para Durán i Lleida y los suyos.
Pero la realidad desigual que representan, en la que Convergencia ocupa la posición dominante y Unió la subalterna, refleja el arraigo y la organicidad también desigual de ambas formaciones. Unió no podría subsistir electoralmente sin Convergencia, mientras que ésta podría aspirar a seguir siendo la primera fuerza catalana.
La sociedad catalana se ha vuelto imprevisible y su comportamiento electoral tiende a distanciarse de la impresión que causa la Cataluña partidaria. El carácter marcadamente plebiscitario de las últimas autonómicas no acabó ni con el escepticismo al respecto de las bondades del soberanismo ni con la contestación social a causa de los recortes que Mas adelantó según accedió a la presidencia en 2010. Es posible que la Generalitat haya agotado ya el argumento de que sus dificultades financieras son consecuencia de la deslealtad con la que juega Madrid. Aplicar 3.000 millones de recortes en 2013, contando con que otros 1.000 millones provengan de las nuevas medidas fiscales, devolverá tanto al gobierno de la Generalitat como a la sociedad catalana a la realidad. El año uno de la nueva era se vaticina más convulso que épico.