LIBERTAD DIGITAL 15/02/17
EDITORIAL
· El orden constitucional sigue sin ser restablecido en Cataluña, y nada cambiará mientras el Gobierno de la Nación no se atreva siquiera a reconocerlo.
Una cosa no se puede negar a los golpistas catalanes, y es la solemnidad y celeridad con la que desde 2012 muestran su nula voluntad de acatamiento a cuantas resoluciones judiciales pretendan ser obstáculo al proceso separatista. Así, sólo pocas horas después de que el Tribunal Constitucional anulara este martes la ilegal resolución aprobada en otoño por el Parlamento regional en la que se planteaba la celebración de una nueva consulta secesionista en Cataluña en 2017, la portavoz de la Generalidad –y consejera de Presidencia–, Neus Munté, convocó una rueda de prensa para dejar claro que la decisión del TC no alterará «en nada» la «voluntad inequívoca» de la Generalidad de avanzar en el proceso secesionista, que comprende la convocatoria de un nuevo referéndum en septiembre.
No sería de de extrañar que esta resolución del TC acabe también en papel mojado, tal y como sucedió con las desobedecidas sentencias que trataron de anular la inmersión lingüística, la celebración del 9-N, la declaración soberanista del 9 de noviembre de 2015, la tramitación de las ilegales «leyes de desconexión de Cataluña con el Estado español» o la que no menos vanamente trató de suspender la Consejería de Exteriores de la Generalidad.
Lo cierto es que el orden constitucional sigue sin ser restablecido en Cataluña, y nada parece que vaya a cambiar mientras el Gobierno de España siga consintiendo que los golpistas detenten el poder en el Principado y tapando financieramente los agujeros que deja el procés a través del FLA. Más aun si en el ámbito judicial los golpistas sólo se arriesgan a penas de inhabilitación para cargo público, que, llegado el caso, aun estaría por ver que el Ejecutivo de Rajoy se atreviera a ejecutar.
En este sentido, el acoso y los insultos que ha denunciado la fiscal Magaldi no dejan de ser un episodio tristemente lógico en una región donde desde hace tiempo no impera más ley que la que dictamina el golpismo secesionista. Así las cosas, ¿a quiénes van a obedecer los funcionarios en Cataluña?
Para acabar con esa involución, habría que forzar el cumplimiento de las leyes y las sentencias, y dar la batalla de las ideas en contra de un discurso nacionalista absolutamente dominante en Cataluña. Lamentablemente, ese Gobierno de la Nación a la altura de sus responsabilidades y contundente a la hora de restablecer el orden constitucional ni está ni se le espera. Sobre todo, en Cataluña.