José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 24/3/12
Desde ayer Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) celebra su XVI Congreso en la ciudad de Reus. Se trata de un acontecimiento muy importante porque la organización nacionalista más representativa de Cataluña va a consumar un giro estratégico. Seguramente, el más significativo desde su fundación en 1974. Los más de 1.800 delegados tendrán que votar una ponencia (La transición nacional) que, sorteando la reclamación de la independencia y de un Estado propio, aspira a la “plena soberanía” para Cataluña, una de cuyas expresiones, la más decisiva, es la consecución del llamado Pacto Fiscal que, según encuestas reiteradas, apoyan de forma trasversal hasta el 75% de los catalanes. Y este nuevo planteamiento lo aborda CDC entregando la Secretaría General del partido a Oriol Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat, y la presidencia de la organización a Mas, asumiendo Jordi Pujol la presidencia honorifica del partido como fundador.
Este congreso de CDC se celebra en un contexto extraordinariamente complejo para los nacionalistas catalanes que les ha radicalizado (un 71% de los delegados quisieran un Estado propio para Cataluña según encuesta hecha pública ayer por Oriol Pujol). Porque, de una parte, han de manejar estratégicamente el enorme fiasco del Estatuto de 2006 que el Tribunal Constitucional demedió en aspectos sustanciales provocando una enorme frustración en el catalanismo político; y de otra, CiU debe enfrentarse a una ruinosa situación económica debida tanto a la crisis como a la anterior mala gestión de los dos gobiernos tripartitos de izquierda (Maragall y Montilla).
La convergencia de ambas circunstancias se ha materializado en la reclamación de un pacto fiscal que vendría a ser un concierto económico de la misma factura del que disponen los territorios forales vascos y la comunidad de Navarra. En el pacto fiscal centran los nacionalistas el llamado derecho a decidir y la equidad, alterada ahora, dicen, por una aportación al resto de España manifiestamente desproporcionada: Cataluña, según Andreu Mas-Colell, aporta 16.000 millones más de los que recibe, lo que lleva al consejero de Economía de la Generalitat a considerar esta cantidad casi como “un diezmo”. Es decir, un abuso medieval. Los catalanes han reparado en que, efectivamente, las haciendas vascas y la navarra son prácticamente soberanas y justo es esa soberanía fiscal –plena en el ingreso mediante la recaudación y gestión de los impuestos e, igualmente, plena en el gasto— la que ellos desean.
En un artículo muy revelador de Jordi Pujol (Que no se repita), publicado enLa Vanguardia del 5 de noviembre del pasado año, aseguraba que no era estrictamente cierto que en la discusión del primer Estatuto catalán no se hubiera planteado un sistema concertado. Dice Pujol que tanto CDC como ERC lo hicieron pero no prosperó porque faltó “una voluntad clara”. Tal voluntad, escribió entonces el ex presidente de la Generalitat, “no existió durante la preparación del Estatut del 79 en Sau, ni en su discusión y aprobación por parte catalana en Barcelona ni finalmente en la del texto final en Madrid. Se nos ha reprochado más de una vez –continuaba Pujol—(…)que si no teníamos mejor financiación –incluso una financiación en la línea del concierto— era porque desde Catalunya nadie lo había pedido cuando la discusión del Estatut.” Y sentencia Pujol: “Catalunya realmente no lo pidió, pero CDC y ERC, sí”. Es importante este reconocimiento de la omisión institucional catalana en el debate estatutario de 1979 porque connota el pacto fiscal como reclamación sobrevenida después de que la Generalitat haya aceptado varios sistemas de financiación diferentes, todos ellos finalmente cuestionados.
Nacionalismos económicos
Sin embargo, el planteamiento concertado es reivindicado en Cataluña comoreclamación centenaria. Así lo han manifestado en un texto conjunto –también publicado en La Vanguardia el 28 de octubre de 2011— personalidades tan relevantes como Miquel Roca, Joaquim Gay de Montellá, Baldiri Ros y Francesc Cabanas, según los cuales “la reivindicación del concierto económico para Catalunya no es una ambición que tenga fundamento en la Constitución española de 1978 o en los sucesivos Estatutos de autonomía aprobados por el pueblo de Catalunya (…) A finales del siglo XIX, desde el año 1897 a 1899 un ancho movimiento liderado por la Societat Econòmica Barcelonesa d´Amics del País, el Foment del Treball Nacional, el Institut Agrícola de Sant Isidre, el Ateneu Barcelonés y la Liga de Defensa Comercial e Industrial (hoy desaparecida) plantearon a las autoridades españolas la necesidad y urgencia de atender aquellas reivindicaciones del concierto”. Esta referencia histórica es cierta. Tanto como lo es que la representación catalana en el debate del Estatuto de Sau no la reformuló, en tanto que el PNV si lo hizo para Vizcaya y Guipúzcoa (Álava y Navarra no fueron privados por el franquismo de su régimen financiero foral) y para el conjunto del País Vasco.
Hoy los nacionalismos más fuertes en Europa –el vasco, el catalán, el escocés—han ido mutando a motivaciones económico-financieras. El primer ministro de Escocia, Alex Salmond que, al frente del SNP, propugna su independencia del Reino Unido después de obtener una rotunda mayoría absoluta en mayo de 2011, desea plantear un referéndum en 2014, no tanto de independencia plena como de incremento de la autonomía económico-financiera escocesa que cuenta con la fuente de riqueza excepcional del petróleo del Mar del Norte. De tal manera que los conceptos que se manejan en las organizaciones nacionalistas y que aluden a la soberanía se reconducen al establecimiento de marcos de relación con el Estado de máximo autogobierno económico. Naturalmente, se trata de un autogobierno que se fundamenta en factores de identidad que en el caso catalán están constituidos por la lengua, el sistema institucional propio y una conciencia de diferenciación que se refleja en la composición de su Parlamento en el que, salvo PP y Ciudadanos, todas las fuerzas políticas comulgan con el catalanismo que acoge desde los independentistas (ERC y CDC) hasta los autonomistas a ultranza (Unió Democrática de Catalunya).
Sin embargo, la mayor y más rotunda refutación del pacto fiscal está procediendo de las filas socialistas –el PSC no se ha comprometido con el proyecto de CiU, al menos de momento–, tanto desde el punto de vista político (Chacón dijo que se opondrá “con uñas y dientes”) como del académico. El catalán Antoni Zabalza, catedrático de Economía y secretario de Estado en los Gobiernos de Felipe González, experto en financiación autonómica, escribió en El País del pasado 9 de noviembre (El pacto fiscal que España y Cataluña necesitan) un artículo contundente. Sostenía que “si el sistema de concierto es una anomalía en el panorama del federalismo fiscal, ¿por qué lo tienen el País Vasco y Navarra sin que ello suponga un descalabro para España? La razón es la relativamente pequeña dimensión de las dos comunidades forales. Entre las dos, utilizando datos de 2010, representan el 8% del PIB español. Cataluña representa el 18,6%. Restar al Gobierno español un 8% de la autonomía fiscal que debería tener es un mal soportable. Restarle cerca del 27% sería muy preocupante. Si el sistema de concierto se generalizara, restarle el 100% sería una irresponsabilidad”.
Zabalza mantiene que si Cataluña quiere plantear un pacto fiscal al Estado debe abandonar el modelo del concierto. Cree que en el futuro es preciso: 1) reformar el proceso descentralizador (cambiar el Senado y el Consejo de Política Fiscal y Financiera), 2) reformar el sistema de financiación que “debe incorporar fuertes incentivos marginales al esfuerzo fiscal de las comunidades” y 3) encajar los regímenes foral y común, debiendo el primero “converger” con el segundo para ser más equitativo.
Las reivindicaciones de Cataluña –en temas económicos y de otra naturaleza— se han agudizado porque allí se ha interiorizado que el proyecto común español “se ha malogrado” (palabras de Pujol). Han de valorar los catalanistas, sin embargo, cuánta de su frustración procede de dos circunstancias endógenas: la izquierda catalana se entregó a Zapatero que quebró el sistema autonómico con un Estatuto que, de facto, establecía una confederación incompatible con el artículo 2º de la Constitución, y la propia pluralidad de Cataluña que, aunque transversal en su percepción de diferencia avalada por la identidad lingüística, cultural e histórica, plantea modelos de gestión del autogobierno y de relación con el Estado, diferentes y no siempre conciliables.
A los demás –teniendo siempre en cuenta el papel estabilizador que ha jugado de antiguo el nacionalismo moderado catalán—nos correspondería no ignorar la verdad de la diferencia catalana (decía Ortega que “cualquier verdad que se ignora prepara su venganza”) y no cansarnos jamás de favorecer la unidad de España a través de la más extrema concepción de la diversidad. Como quiso la Constitución de 1978, que por alguna razón distinguió entre nacionalidades y regiones. Vuelvo a Ortega: los esfuerzos inútiles –bien de ir más allá de lo posible en el caso de los nacionalistas, bien de mantenerse enrocado en posiciones de incomprensión en el caso del Estado—nos conduciría a “la melancolía”. Dijo también el maestro madrileño que “El Estado es la superación de toda sociedad natural, es mestizo y plurilingüe.” Y tenía razón.
José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 24/3/12