Una de las estructuras de Estado sobre las que el soberanismo quiere que pivote la Cataluña independiente es la ciberseguridad. Una apuesta por la inteligencia informática que se ha plasmado de forma creciente en los presupuestos de la Generalitat desde que el procés arrancó en 2012. En los últimos cinco años la inversión en estrategias y sistemas de ciberseguridad se ha multiplicado por 13 hasta alcanzar los 12,3 millones de euros actuales.
El Govern justifica la inversión en dos aspectos. El primero, los crecientes ataques informáticos que, como cualquier otra institución pública, sufre la Generalitat: 215 millones de ataques sólo en 2015, según los últimos datos del Ejecutivo. La ciberseguridad figura entre las prioridades del Govern para el Día D de la secesión, tal y como ya identificó en sus informes el Consejo Asesor para la Transición Nacional, el grupo de sabios escogidos por Artur Mas para establecer los mimbres para la independencia. Desde entonces, los esfuerzos por dotarse de una estrategia autónoma no han parado.
La apuesta por elevar la protección informática a nivel de un Estado ha sido una constante en las cuentas de la Generalitat. En 2012 el Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat) contaba con un presupuesto de 924.429 euros. Una partida que se ha incrementado conforme avanzaba el proceso soberanista hasta alcanzar su techo este 2017, cuando faltan sólo seis meses para la celebración del referéndum. En los presupuestos este año, la inversión total en ciberseguridad alcanza los 12,3 millones.
Las cuentas han sido suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno por incluir partidas para el referéndum. El incremento presupuestario en ciberseguridad también está siendo vigilado desde hace un año por Fiscalía y Guardia Civil. Entre las 24 empresas a las que hace dos semanas se reclamó documentación por su colaboración con la «desconexión» de Cataluña se incluyen varias del sector. La Fiscalía y la Policía Judicial tratan de averiguar si el Govern quiere crear un sistema de inteligencia al margen de las agencias cibernéticas del Gobierno como el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI.
El primer gran salto inversor en ciberseguridad se registró en 2014, coincidiendo con la celebración de la consulta del 9-N. El Cesicat pasó ese año del escaso millón de euros a los 4,9 millones. Un aumento que no evitó que antes de la votación la Generalitat sufriera lo que se catalogó como el «mayor ciberataque» en la historia del gobierno autonómico. Cayeron páginas web y correos del Govern; también se bloquearon informes del Servicio de Emergencias Médicas o el site del Servicio Meteorológico. Dos años y medio después, el Cesicat no ha averiguado quién estuvo tras la ofensiva. Su máximo responsable y secretario de Telecomunicaciones del Govern, Jordi Puigneró, sí sostuvo poco después del 9-N que el ataque fue «financiado».