MANUEL ERICE, ABC 10/05/2013
· Como si declarar a Cataluña en el Parlamento «sujeto soberano» no fuera un disparate político… y jurídico.
La sorpresa fingida del president Mas y su portavoz Homs ante la decisión del TC de suspender la declaración soberanista del Parlamento catalán, recuerda a la pose que, según las crónicas, adoptaba don Tancredo cuando el morlaco salía de chiqueros. Tal suerte, que se prodigó en la España taurina de la primera mitad del siglo XX, consistía en que una persona ataviada de ropas cómicas y subida a un pedestal aguardaba impávida a que el animal pasara de largo.
Toda una burla al temido toro bravo. Con no menor simulación, los responsables de CiU escenifican una reacción de asombro al valorar la decisión del Tribunal con términos como «insólita, inesperada o decepcionante», como si la premeditación con la que desafían al Estado no incluyera una consciente burla de la legalidad y un deseo de que las instituciones hagan la vista gorda. Como si la resolución parlamentaria, aparentemente sin efecto porque no es ley, no fuera sino el punto de partida de todo un proceso políticojurídico ya iniciado y que tiene marcado el objetivo de la independencia.
Con la misma aparente tontuna con la que Ibarretxe apelaba a «hablar hasta el amanecer» o al «qué hay de malo en ello» en su reclamación del derecho a decidir, CiU y su aliado radical ERC intentaban colar como hecho consumado el disparate de considerar a Cataluña como «sujeto jurídico-político soberano».
Imagino que todo vale cuando la exaltación nacionalista toca en la puerta con una de esas visionarias llamadas de la Historia, incluso un ejercicio dialéctico para defender lo indefendible, como hacía ayer el portavoz de la Generalitat en RNE mientras presumía de jurista. Leía el artículo del Estatut que reza que «los poderes de la Generalitat emanan del pueblo catalán», para justificar la capacidad soberana de Cataluña. Y daba menos valor jurídico a lo que a continuación el propio Estatut recoge: que todo ello «emana de la Constitución».
Apelaba a que el Estatut prevé la realización de consultas en Cataluña, sin tener en cuenta que la Constitución, expresamente, dicta que la única consulta (o referéndum) debe convocar a todo el «pueblo español» (y no digamos si plantea la secesión de un territorio), el único sujeto político y jurídico soberano considerado en la Carta Magna. Entonces, ¿por qué ese empeño en pasarse por el forro la legalidad y seguir adelante? Que se lo pregunten al líder del PSC, Pere Navarro, capaz de insuflar ánimo y cobertura política a quienes se empeñan en transitar por un camino imposible. Y que responda Rubalcaba.
MANUEL ERICE, ABC 10/05/2013