EL CONFIDENCIAL 06/08/16
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
· No sería improbable que ante una escalada de desacato al Constitucional, el Gobierno deba plantear medidas de intervención en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución
Parece que todas las medidas –legales, políticas, judiciales o parlamentarias– que se adoptan para contener el proceso soberanista en Cataluña no son sino gravísimos errores estratégicos que, además, reproducen el número de independentistas y radicalizan más a los que ya lo están en la puesta en práctica de la llamada “desconexión” con España.
Si el Rey no recibe protocolariamente a la presidenta de un Parlamento que en su constitución jalea a la futura república catalana, es un error. Y si la Mesa del Congreso, aplicando el reglamento y contextualizándolo en la realidad actual (criterio hermenéutico de las normas), toma la decisión de no acceder a que la anterior CDC tenga grupo parlamentario, es un error. Si el Tribunal Constitucional, por unanimidad sostenida de sus miembros, advierte a cargos de la Generalitat sobre las ilegalidades que perpetran, también comete un error. Lo procedente resultaría aquietarse, entrar en un apaciguamiento retraído o, como hubiese gustado a Francesc Homs, que los partidos políticos y el Gobierno amparasen, otra vez, un doble juego político en función de la geografía: en Madrid, uno; en Barcelona, otro.
Las reacciones tremendistas de los independentistas a la práctica desaparición de los exconvergentes en el Senado y en el Congreso parece que asustan a algunos y preocupan a muchos. Por el contrario, cuanto más desgarro verbal se produce en los discursos exconvergentes y republicanos, más clara resulta la confirmación de que el impacto de las medidas adoptadas –por la Mesa del Congreso y por el Tribunal Constitucional– ha dado en la diana. Como ayer aventuraba Francesc de Carreras en ‘El País’, no sería improbable que ante una escalada de desacato al Constitucional y una cascada de medidas insurreccionales, el Gobierno –por eso, entre otras razones, es urgente disponer de él en plenitud de competencias– deba plantear ante el Senado medidas de intervención en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución y que no necesariamente consistirían en la suspensión de su autonomía.
De lo que fue CDC nada puede esperarse salvo la irrupción en escena de un nuevo partido que recoja los restos del naufragio de CiU
CDC ha desaparecido y los anteriores convergentes han formateado el PDC, que es una continuación expresamente “independentista” y “republicana” del partido que fundara Pujol en 1974. Cualquier arreglo con el PDC –como pretendía Homs con el PP– hubiese fracasado, como se demostró el pasado 27 de julio en el Parlamento catalán: después del pacto subrepticio entre Rajoy y los catalanes independentistas, se aprobaron –contra la advertencia expresa del Constitucional– las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente.
Sostienen algunos colegas, a los que aprecio mucho personal y profesionalmente, que el soterramiento parlamentario del PDC ha sido un yerro político de gran calibre. Discrepo: la CDC que conocimos no existe, su continuación es una fuerza que solo decorativamente mantiene a determinadas figuras que evocan el pragmatismo del anterior nacionalismo catalán, y el nuevo PDC no solo ha perdido la hegemonía en el ámbito soberanista a manos de ERC, sino que ha sido arrollado tanto por los errores del proceso que puso en marcha Artur Mas en 2012 como por el progresivo arraigo electoral desde entonces de la izquierda, tanto la republicana como la de los comunes de Ada Colau.
De lo que fue CDC nada puede esperarse salvo la irrupción en escena de un nuevo partido que recoja los restos del naufragio de CiU, una organización centrada y catalanista, capaz de amparar a las clases medias no radicalizadas. Quizás sea necesario recordar que en Barcelona, el 26-J, el PP superó a CDC y que el 25 de septiembre de 2015, Ciudadanos con 25 escaños se convirtió en el primer partido de la oposición.
Una de las graves y culpables omisiones del Gobierno de Rajoy en la X legislatura consistió en no abordar, cuando era posible hacerlo, la cuestión catalana en términos políticos y frenar la deriva que se ha ido produciendo. Ahora reconducirla es misión dificilísima. Casi imposible, porque el escenario catalán lo dominan los rupturistas que la ex-CDC ha ido alimentando de forma comprobadamente suicida. En el horizonte aparece fortalecida la izquierda de ERC y la de los comunes de Colau que podrían granjearse la colaboración de la CUP liquidando los residuos de CDC que aún puedan persistir en el PDC para formar un bloque de ruptura agrupado en una “hoja de ruta” distinta a la pactada por JxS y la CUP en enero pasado.
La continuidad del proceso soberanista –esos 18 meses transitorios y previos a la “desconexión”– no la visualizan como posible ni siquiera los sectores más radicales del País Vasco que van a ir abandonando a la izquierda ‘abertzale’ y se van a agrupar en torno a la candidatura de Pilar Zabala, cabeza de lista por Guipúzcoa de Podemos, arrumbando al Arnaldo Otegi que el Parlamento catalán recibió hace unos meses como una especie de ‘Mandela vasco’ y al que sus propios conmilitones auguran un serio revés electoral si la Junta Electoral Central permite que se presente en los comicios vascos del 25 de septiembre.
Habrá que negociar los aspectos que razonablemente plantean los partidos catalanes pero antes hay que restablecer el respeto al orden constitucional
Cuando se pueda –y el presente no es el momento– habrá que sentarse y negociar una serie de aspectos que razonablemente plantean los partidos catalanes –y no solo los independentistas-. Pero para hacerlo, antes hay que restablecer el respeto al orden constitucional y someterse, para reformarlo, a los procedimientos establecidos por la propia Constitución. Mientras ese momento llega –que llegará: mucho peor estaban las cosas en Euskadi– hay que proscribir el apaciguamiento, militar en la convicción de que todo presupuesto de partida negociadora ha de consistir en cumplir la ley y que si la marea insurreccional persiste habría que plantearse como cuestión de Estado la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
De ahí que un programa realista y lúcido de un futuro Gobierno deba contemplar una estrategia de fondo en Cataluña para reducir, primero, la sistemática infracción de la ley y diseñar, después, un plan de renovación constitucional y financiera que ofrezca a buena parte de los independentistas catalanes los mejores y más sólidos motivos para abandonar el secesionismo y regresar al territorio en el que entusiásticamente se instalaron con la abrumadora aprobación catalana de la Constitución en el referéndum de 1978.