José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL 03/11/12
“La UE no puede reconocer una declaración de independencia unilateral de una parte de un Estado miembro”, escribió en una carta correcta pero cortante el secretario de Estado para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, a Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea. “Coincido plenamente en el análisis del marco constitucional europeo que desarrollas en tu carta”, le contestó la comisaria luxemburguesa, respaldando el criterio del presidente de la Comisión, Durao Barroso, que, con distintas palabras, planteaba la condición para una Cataluña independiente de “país tercero” en relación con la Unión Europea y la moneda única.
La carta de Reding -posterior a unas declaraciones conciliadoras pero sin apoyatura en los Tratados, tanto suyas como de Joaquín Almunia– ha remitido el peor mensaje para las expectativas de Artur Mas. Porque Cataluña en su conjunto, y el nacionalismo de CiU muy en particular, se interpretan a sí mismos en el europeísmo. Si el proceso independentista -eufemísticamente transmutado en el derecho a decidir y en la creación de un Estado propio en Europa- desgajase a Cataluña del gran club de Estados de la UE, descarrilaría. De ahí la reacción indecisa e insegura de Durán Lleida -que se postula no independentista pero sí partidario de una confederación, lo que denota una superficialidad técnico-jurídica que le resta credibilidad- y que ha provocado una sísmica interna en la federación entre CDC y UDC, vinculados ambos partidos sólo con alfileres pero no con afinidades hormigonadas en torno al órdago del presidente de la Generalidad.
¿Le está ocurriendo a CiU y al Gobierno catalán como a Salmond a propósito del encaje de Cataluña y de Escocia en la Unión Europea en la hipótesis de que obtuvieran la independencia? El líder del SNP atraviesa por un mal momento: afirmó disponer de dictámenes jurídicos que le garantizaban la permanencia de Escocia en la UE como Estado sucesor del británico en los derechos de los ciudadanos escoceses. Los informes jurídicos, sin embargo, no aparecen y el premier escocés experimenta un fuerte desgaste político. Cabría preguntarse si la Generalidad, antes de abrazar el eslogan de la Diada (“Catalunya, un nuevo Estado de Europa”) ha evacuado las consultas necesarias para ofrecer solvencia a su iniciativa secesionista ante el electorado catalán. No lo parece. De tal forma, que una de las propuestas más persuasivas para los independentistas catalanes es la de compartir la ciudadanía europea desde la española. Porque la condición eventual de “país tercero” para Cataluña le introduciría en una penumbra internacional de la que le costaría muchos años salir.
Si de encontrar razones para permanecer juntos se trata, he aquí la más pragmática y potente de todas. No constituye un argumento unionista amenazante o que apele a intimidación de clase alguna (sería contraproducente). Primero Felipe González y luego José María Aznar, con el apoyo cerrado del nacionalismo catalán, pujaron decididamente por entrar en la Comunidad Europea y más tarde en la UE y en la eurozona, entre otras razones, para neutralizar las energías centrífugas en España, entendiendo que el escenario europeo obligaba a una convergencia territorial e institucional constante y progresiva.
Esta argumentación se completa con el informe de JP Morgan del pasado 26 de octubre, distribuido a sus clientes bajo el título Catalan challenge asks real questions of Europe (“El desafío catalán plantea auténticos problemas de Europa”), en el que la entidad financiera norteamericana ofrece algunos criterios de interés: 1) La independencia de Cataluña sólo es creíble a muy largo plazo, 2) los costes de la transición hacia ella son muy altos y aumentan la preocupación por la situación general de España, a las puertas, quizá, de un rescate, 3) el 25-N comenzaría el camino hacia un referéndum que no se celebraría hasta 2014 o, incluso, más adelante, 4) la iniciativa secesionista no va a cristalizar pero será una fuente de inestabilidad por muy largo tiempo y 5) qué razones tendría Alemania -se pregunta el banco- para apoyar a las regiones más pobres de España si Cataluña esgrime el alto coste de su solidaridad como una razón para la secesión.
JP Morgan, ofrece también ángulos interesantes del reto catalán, especialmente a potenciales inversores: ¿Es creíble la independencia catalana?, ¿hasta qué punto deben considerar los mercados esta situación?, ¿cómo afecta esta iniciativa al resto de España y a los países de la zona euro?, ¿podría producirse un contagio en la renuencia de los Estados ricos a transferir fondos a los más desfavorecidos? El análisis es claro en cuanto a la hipótesis de que la independencia de Cataluña la expulsaría de la Unión Europea y del euro y le obligaría a presentar su solicitud de ingreso que, en el más favorable de los escenarios, estaría afectado por serias dificultades y se dilataría mucho en el tiempo. JP Morgan hace también hincapié en la literalidad de la pregunta en una eventual consulta, suponiendo que los catalanes estarían más decididos a refrendar una ampliación de su autogobierno político y financiero que a optar por la independencia. Por fin, y entre otras consideraciones, JP Morgan apunta que Barcelona y su entorno es el sexto núcleo metropolitano más populoso de la Unión Europea.
¿Consecuencias que se derivan de esta cadena de pronunciamientos? Varias, pero la más sustancial, a mi juicio, es que conducen a que enfrentemos la cuestión catalana desde el reformismo y no desde la ruptura, esto es, desde la proposición y exposición de las ventajas de la unidad frente a las recíprocas desventajas y perjuicios de la separación. Existe la conciencia de que el sistema constitucional chirría y requiere de muy serios ajustes. Al hilo de su solución tendría que ser posible una renovación de la fórmula de conciliación interterritorial de España. La quiebra -y nos lo están advirtiendo desde fuera- sería algo peor que un error. Sería un desastre. ¿Quién se apunta a protagonizarlo?
José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL 03/11/12