Tonia Etxarri-El Correo
La palabra de uno contra otro. La del Gobierno de España y la de Puigdemont. Si Junts alardea de la existencia de un acuerdo sobre la guerra arancelaria que les beneficia y la vicepresidenta María Jesús Montero lo niega, ¿a quién creer? La respuesta es libre pero los hechos son incontestables. Durante el mandato de Pedro Sánchez, tan necesitado de los siete votos de los secesionistas catalanes, los de Puigdemont han ido revelando contenidos de sus pactos con el PSOE que La Moncloa mantenía ocultos en su trastienda. Y ahora ha vuelto a ocurrir. Horas después de que el portavoz adjunto de los independentistas catalanes se colgara la medalla de que Cataluña se va a quedar con más de 3.000 millones (de los 14.100 que se van a movilizar), el BOE publicó el decreto ley de medidas urgentes ante los aranceles de EE UU con un título de texto tan confuso que ha provocado los recelos del PP.
El portavoz adjunto de Junts había hecho saltar la liebre en el preciso momento en que el diálogo entre el Gobierno de la Moncloa y el PP estaba encauzado, gracias a los buenos oficios del ministro Cuerpo (el revés de la moneda de María Jesús Montero). Lo cierto es que la carta descubierta de Junts estuvo a punto de devolver la ficha a la casilla de salida, si una oportuna llamada del ministro a su interlocutor popular, Juan Bravo, no se hubiera producido. Junts no tiene de qué alardear porque no va a haber criterios territoriales en la distribución de las ayudas. Esa es la versión oficial. Pero !ay! esa letra que queda escrita. La Disposición Adicional del decreto ley se titula, nada menos, que ‘Garantía decreto proporcionalidad territorial en la aplicación de los fondos’.
Y el PP se mosquea. En realidad, esta negociación envenenada, con Junts en medio, no supone, en realidad, novedad alguna en la historia de los desencuentros entre Gobierno y oposición. Queda un amargo poso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cuando el ministro Bolaños hablaba con el popular González Pons mientras, a sus espaldas, negociaba con Junts la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición.
Por eso, ayer, en la sesión del Congreso, se hablaba de «trampas» en la bancada popular. ¿Otra vez el Gobierno jugando a dos barajas? ¿Otra vez el PP moviéndose en el alambre de la indecisión?
Es cierto que a Junts le atrae la idea de contaminar el ambiente de la política española. Consciente de que son ellos quienes manejan el timón de la Moncloa. En plan, Trump. ‘Cataluña first’, ‘Cataluña only’. El 25% para casa.
Queda todavía un mes para que este decreto ley se convalide en el Congreso. Veremos quién tiene razón. No es cuestión baladí. A pesar de que muchos ciudadanos prefieren refugiarse en la desconexión de problemas tan directos para nuestra economía como la guerra impopular de Trump, la eterna distorsión de Puigdemont con sus exigencias es un dron de ataque a nuestra estabilidad. El prófugo sigue condicionando la respuesta de un gobierno que navega en la cola de Europa en la política de defensa y que, para intentar liderar una reacción ante el ex amigo americano, se acerca a China y homenajea a Ho Chi Minh. Vaya panorama.