ABC 17/10/13
EDITORIAL
El tiempo de esperar y ver qué pasa toca a su fin, y empieza el de tomar decisiones a la altura de la gravedad del problema que representa para España el plan separatista promovido por la Generalitat de Cataluña
EL portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Duran i Lleida, advirtió ayer a Mariano Rajoy, durante la sesión de control al Gobierno, de que, si no toma iniciativas, se enfrenta a «una declaración de independencia unilateral de Cataluña». No era intención de Duran i Lleida animar a Rajoy a acudir a los tribunales para frenar el proceso separatista dirigido por Artur Mas ni sopesar la aplicación del artículo 155 al Gobierno catalán. Lo que hizo ayer el portavoz nacionalista fue promocionar su «tercera vía» –coincidente en inutilidad y confusión con la que defienden los socialistas catalanes– y tender a Rajoy la trampa de hacerle creer que para desarmar políticamente al nacionalismo radical lo mejor es ceder ante el nacionalismo moderado. Es evidente que la respuesta del Gobierno central al proceso separatista no se encuentra en las disensiones internas del nacionalismo catalán, que, en todo caso, sólo aumentarían si el Estado tomara las medidas que constitucionalmente puede adoptar frente al desafío sedicioso en Cataluña. Realmente, si Duran tercia como conciliador entre Rajoy y Mas no es porque tema que el proceso independentista vaya a tener éxito, sino por todo lo contrario: que fracase porque el Estado se imponga en este pulso, amortizando, para mucho tiempo, y sin concesiones, la amenaza secesionista.
El aliado de Rajoy no es Duran i Lleida, sino las mayorías del PP en el Congreso y el Senado, el apoyo de la opinión pública y, sobre todo, la convicción de que el plan separatista de Artur Mas es ilegal, anticonstitucional y antidemocrático. Debería serlo también el PSOE, pero su alienación ante el nacionalismo ha privado de sentido nacional a su estrategia política. Por eso, es admisible que, en el debate parlamentario, Rajoy emplace a Duran i Lleida a aprovechar la oportunidad para liderar propuestas sensatas. Pero sólo es un giro retórico en la tribuna del Congreso. La reacción del Estado deberá construirse con otros argumentos mucho más convincentes y severos, que desmientan, por ejemplo, al ministro Cristóbal Montoro, para quien «el desafío soberanista no es una prioridad del Gobierno». Si no lo es, Rajoy debe rectificar inmediatamente. Si lo es, Rajoy debe enmendar a Montoro y, de una vez por todas, poner orden en los mensajes del Gobierno y del PP, porque no es de recibo que sobre el conflicto constitucional en Cataluña se pase de la propuesta de Alicia Sánchez-Camacho sobre la «singularidad fiscal» catalana a la indiferencia del ministro del Hacienda. El tiempo de esperar y ver qué pasa toca a su fin, y empieza el de tomar decisiones a la altura de la gravedad del problema que representa para España el plan separatista promovido por la Generalitat de Cataluña.