Sin embargo, las autoridades de la Generalitat, el ‘conseller’ de Educación y la ‘consellera’ de Cultura, el uno de Junts y la otra de ERC, declararon inmediatamente que la sentencia no se cumpliría. «Es un nuevo ataque frontal de los jueces», sostienen. También el ‘president’ Aragonès ha refrendado tal desacato a la Justicia y González Cambray, ‘conseller’ de Educación, envió ayer una carta a todos los directores de centro afectados diciéndoles que no hicieran caso de la sentencia y que todo siguiera igual que ahora.

En la sentencia del Tribunal Superior catalán, se declara probado que el castellano es una lengua residual en la mayoría de las escuelas e institutos de Cataluña. En realidad, la única asignatura que de hecho no se imparte en catalán es la gramática española, el mismo trato que se da a la lengua extranjera obligatoria, habitualmente el inglés. Todo ello sucede desde hace decenas de años —desde principios de los noventa— sin que, a pesar de que leyes y sentencias sostienen lo mismo o muy parecido que el Tribunal Superior de Cataluña, se cumpla la legalidad apoyada en la Constitución. La Generalitat, en determinadas cuestiones, infringe claramente el derecho y, lo que es peor, las autoridades competentes estatales no la obligan a cumplirlo. 

Por ello, los hechos señalados al principio, el apoyo a los presupuestos del Estado por parte de ERC y la negativa de las autoridades catalanas a acatar la sentencia, que no es la primera en esta materia ni mucho menos, están estrechamente ligados. En otros tiempos, la CiU de Pujol, después los partidos que formaban parte del tripartito catalán de la época de Maragall y Montilla, más tarde, y muy especialmente, los gobernantes en tiempos del ‘procés’ se han declarado en rebeldía constitucional ante la impávida mirada, excepto en el caso extremo de sedición, de los gobiernos del Estado.

En esta materia, la de la lengua en la escuela, solo la ley Wert —la buena, en tantos aspectos, ley Wert— intentó que se cumpliera la Constitución al establecer algo tan obvio como que tanto el castellano como las lenguas cooficiales eran las lenguas vehiculares en la escuela, es decir, se debían utilizar normalmente. Pero ya gobernando Sánchez, la ley Celaá —la mala, en tantos aspectos, ley Celaá— intentó desvirtuar que el castellano fuera también lengua vehicular en las comunidades bilingües por el método escapista de que no se regulara en la ley. También fue ello debido a una enmienda de ERC en el Senado a la que se adhirieron el PSOE y Podemos. 

La ignorancia jurídica —para ser suave y no presuponer sin pruebas que hay engaño deliberado— de los gobiernos Sánchez, ahora mismo demostrada una vez más en la Ley de Memoria Democrática, es verdaderamente preocupante porque está desgarrando la sujeción de todo el ordenamiento a la Constitución, se deja obrar a su antojo a aquellos que dicen, sin tapujos, querer destruirla.

Ello no puede sorprender a partir de aquella moción de censura de 2018 en que Sánchez basó de hecho su programa de gobierno en un solo punto: acabar con Rajoy. A ello se aprestaron un conjunto incoherente de partidos, casi todos independentistas y populistas, que están desde entonces pasando factura al PSOE, aunque ya empiezo a pensar que este nuevo PSOE está en pleno síndrome de Estocolmo. Vieron claro estos partidos que debían consolidar un Gobierno débil para así seguir haciendo su labor de zapa al orden constitucional, erosionar lentamente el régimen del 78. Los hechos de otoño de 2017 eran un mal camino, había que recorrer otro, más sutil y efectivo, sometiendo el PSOE a su voluntad: de ahí su apoyo a la moción de censura y al Gobierno que siguió a las últimas elecciones. 

Ello lo confirma la reacción del Gobierno a la sentencia ya firme del TS catalán: la ministra Pilar Alegría ha dicho que el cumplimiento de las sentencias es un deber de los tribunales, cosa que es cierta. Pero también hubiera podido decir —como le han recordado Casado y Arrimadas y tras la desfachatez de la Generalitat al hacer público su desacato— que recurriría a la vía del art. 155 CE o, cuando menos, reforzaría la alta inspección que le corresponde al Estado en materia de enseñanza. No sé cuántos inspectores de esta naturaleza tiene ahora el Estado en Cataluña, pero hace un par de años solo tenía uno (otro estaba de baja desde hacía tiempo), una manera de decirle a la Generalitat que podía hacer lo que le diera la gana: el Estado haría la vista gorda.

La confianza de muchos ciudadanos ya no está depositada en el Gobierno sino en los contrapoderes: los jueces, los órganos independientes, la oposición. En este caso, la confianza se ha visto colmada. Pese a todo lo que se diga, los jueces siguen siendo, en su gran mayoría, independientes e imparciales, sometidos solo a la ley.

Cuando desde la Generalitat se acusa de que estamos ante un «ataque frontal de los jueces», no dicen la verdad y lo saben: estamos ante un ataque frontal del Gobierno de la Generalitat a la Constitución y a las leyes. Y lo peor, lo más preocupante, con la complicidad del Gobierno del Estado. A la vista de todos, el mismo día.