Cataluña, la LOAPA y el Juicio Final

Por eso, el Gobierno espera que nunca llegue el día que los separatistas ya celebran en todo caso: si no se hace nada, como victoria; si se hace, como el acto de agravio necesario para que perdure todo nacionalismo. Pero, ¿se pudo hacer algo antes de llegar a esta situación?

Echemos la vista atrás, no demasiado lejos. La Ley Orgánica Armonizadora del Proceso Autonómico (LOAPA), instruida por Eduardo García Enterría y acordada en el verano 1981 entre Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González, se aprobó el 29 de julio de 1982. La propia ley preveía su entrada en vigor «cinco meses después de su publicación en el BOE». Cinco meses en los que sucedió todo lo demás: Calvo Sotelo anunció elecciones anticipadas el 27 de agosto de 1982 y Felipe González las ganó el 28 octubre 1982 relegando a la UCD y aupando a la derecha de Fraga como segunda fuerza. La abultada victoria socialista («Felipe barre», tituló El Periódico de Cataluña ) era para muchos el «fin de la transición», el momento en el que el Rey podría echarse a descansar porque con la izquierda en el poder ya sería, como le dijo su padre, «el rey de todos los españoles».

Calvo Sotelo siempre quiso aclarar –reiteradamente, en su libro Memoria viva de la Transición– que la LOAPA no fue una consecuencia del 23-F porque él ya había hablado de esta ley… cinco días antes, el 18 de febrero de 1981, en sede parlamentaria. Hoy ya no es necesario señalar que mucho antes de esa fecha el golpe a Suárez era empresa conocida por la mayoría absoluta del arco parlamentario, Calvo Sotelo y, sobre todo, González incluidos. No parece arriesgado suponer que lo que sucedería en aquellos cinco meses y los siguientes también siguiera un guión.

Aquella LOAPA fue objeto de un recurso interpuesto por los nacionalistas vascos y catalanes con un instrumento que ahora ya no existe: el recurso previo de inconstitucionalidad. Dicha vía, laminada por el PSOE y nunca recuperada por la derecha, permitía evitar el daño infligido por los hechos consumados. De nada servía –ni entonces ni ahora– que una ley fuera declarada inconstitucional después de entrar en vigor y habiendo ya ocasionado efectos perniciosos, casi siempre irreparables. Así que la ley se suspendió automáticamente sin llegar al BOE.

El problema es que, como sucedió entonces, el todavía bisoño Tribunal Constitucional siguiera la corriente del momento político –»Felipe barre»– y fuera al grano de lo que se pretendía: contentar a los que nunca estarán contentos, satisfacer a los que fundacionalmente son insatisfechos. El barrendero González hizo el paripé diciendo que su programa llevaría la LOAPA si el TC la visaba. Pero la sentencia del TC, dictada el 5 agosto de 1983 por la «sección de vacaciones», anuló los resortes de poder que se reservó el Estado central sobre las Comunidades Autónomas y que no eran otros que los que siguen estando vigentes en la Constitución Española. La famosa «armonización» no era sino una forma de evitar que una comunidad autónoma ejerciera competencias de forma incompatible con la nación, de forma contraria a la Constitución. Y fueron precisamente los artículos que ponían la Carta Magna como dique los que el Tribunal declaró contrarios a ella. Por ejemplo, el artículo 1.2, que decía:

· El ejercicio de dichas competencias no será obstáculo para la actuación por el Estado de las que a éste se reservan por la Constitución, ni podrán excusar el exacto cumplimiento por las Comunidades Autónomas de los deberes que ante el propio Estado y los ciudadanos españoles les imponen la Constitución y, en especial, los artículos 138 y 139 de aquélla [referidos a la imposibilidad de privilegios económicos o sociales y a la igualdad de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español].

También se consideró inconstitucional el artículo 7 completo, que en su punto 2 decía:

· El Gobierno velará por la observancia por la Comunidades Autónomas de la normativa estatal aplicable y podrá formular los requerimientos procedentes, a fin de subsanar las deficiencias en su caso advertidas. Cuando tales requerimientos sean desatendidos o las Autoridades de las Comunidades Autónomas nieguen reiteradamente las informaciones requeridas, el Gobierno procederá, en su caso, en los términos previstos en el artículo 155 de la Constitución [el que faculta, entre otras cosas, para suspender la autonomía].

Y así hasta 16 artículos además de aclarar que la LOAPA no podía ser ni Orgánica ni Armonizadora.

Poco después, claro, el recurso previo de inconstitucionalidad pasó a mejor vida y no se pudo esgrimir, por ejemplo, contra el último Estatuto de Cataluña que es, en realidad, la Constitución del régimen nacionalista. Aquel buen instrumento sirvió pues, en contra de los intereses de una nación y después se eliminó. El origen de la culpa está en el PSOE que presumió de matar a Montesquieu pero los gobiernos del PP no han hecho sino escupir al cadáver.

Si algún defecto tenían los artículos mollares de aquella LOAPA era su carácter redundante con la Constitución. El TC los fulminó y parece como si también hubieran desaparecido de donde salieron, de la fuente que los inspiró. De la propia Constitución.

Volvamos al presente. Hoy, Mariano Rajoy cree que se frenará por sí misma, como por rozamiento, una inercia de tres décadas. Mientras, Cataluña forja un poder equiparable al de un Estado central y construye su propio régimen exhibiendo cada detalle: policía, agencia tributaria, educación, justicia y represión propias amén de los medios de comunicación orgánicos. Enfrente no encuentran sino financiación y alternativas –»imaginación», dijo Rajoy– para que la rebelión tenga encaje constitucional. Todo parece indicar que se pergeña una reforma del Título VIII de la Constitución, el que trató de desarrollar con la boca pequeña y guión pactado la LOAPA.

Nunca, por mucho que se jure o prometa, se ha querido «cumplir y hacer cumplir» la ley sino aparentarlo. Los hay que ya sólo confían en que la cosa se remedie el día del Juicio Final, contra el que no cabe recurso y en cuyo tribunal los políticos todavía no han conseguido colocar a sus togados. Y, claro, eso no lo verán los vivos.