ABC 05/01/13
En los últimos quince años obtuvo cerca del 15% del importe total destinado a obras, por delante de Andalucía y Madrid.
Apocos días de que Cataluña vea unidas sus cuatro capitales de provincia mediante el AVE —la primera comunida española en conseguirlo—, el debate sobre el supuesto maltrato inversor del Estado a esta comunidad, uno de los motores que en los últimos años más ha contribuido a alimentar el independentismo, está más presente que nunca.
El llamado «déficit de infraestructuras» ha sido una bandera recurrente en Cataluña para denunciar la supuesta marginación de esta comunidad en materia de inversiones —ayer mismo el presidente de la Generalitat, Artur Mas, volvía a usar el argumento en la inauguración de una obra de su gobierno—, una denuncia en cualquier caso que, con los números en la mano, y en términos absolutos, no se sostiene. Al contrario, en los últimos quince años Cataluña ha sido la comunidad donde más se ha invertido por parte del Ministerio de Fomento.
Aunque en la década de los años ochenta sí es cierto que la comunidad no recibió inversiones en la misma proporción que otras regiones en ese momento con déficits más acuciantes, a partir de los noventa, coincidiendo con los Juegos Olímpicos, la tendencia comenzó a revertirse, hasta alcanzar a partir de 2000 unos porcentajes de inversión sobre el total de lo gastado por el Ministerio de Fomento (hasta 1996, MOPU) rondando siempre el 15%.
22.600 millones
Si se toma como referencia 2011 (ver gráfico), y según la liquidación presupuestaria de las inversiones reales del grupo Fomento —que incluye inversión directa del Ministerio y de organismos y empresas que ejecutan obras en su nombre como Adif—, es cierto que Cataluña, con inversiones liquidadas por 1.498 millones de euros, no fue la primera, fue la segunda, ya que Andalucía (1.785 millones) le pasó por delante. En otros ejercicios (2009), sin embargo, se producen puntas a favor de Cataluña de 2.746 millones, frente a los 2.183 de Andalucía, los 1.775 de Galicia o los 1.622 de Castilla y León; en el ejercicio anterior (2008), sucede otro tanto, 2.741 millones liquidados en Cataluña frente a 2.028 para la comunidad andaluza.
Con una perspectiva más amplia y atendiendo al mismo criterio de inversión ejecutada, la suma de los últimos quince años (desde el presupuesto liquidado de 1996) arroja unas cifras que colocan a la comunidad ahora presidida por Artur Mas en primer lugar en números absolutos —no así en inversión per cápita—, con una cifra total invertida superior a los 22.600 millones. Andalucía en estos tres últimos lustros ha sido la segunda, con cerca de 20.000, seguida por la Comunidad de Madrid, con unos 16.800 millones. En términos porcentuales, el 14,5% del total se invirtió en Cataluña, frente al 12,6% de Andalucía o el 10,8% de Madrid. Por contra, si el análisis se hace en inversión per cápita, las comunidades más beneficiadas en estos últimos quince años son Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia.
155.000 millones
En cualquier caso, el esfuerzo inversor de los últimos años en todo el territorio ha sido enorme, y en este mismo periodo, la inversión total del grupo Fomento ha superado los 155.000 millones de euros, una cifra descomunal (con una importantísima aportación de fondos europeos) que explica el gran salto adelante en materia de infraestructuras experimentado por España: en menos de cinco años, por ejemplo, el grupo Fomento pasó de invertir 11.330 millones en 2003 a alcanzar los 19.490 en 2008, una progresión espectacular frenada en seco a partir de 2011.
Si el recorte en el esfuerzo inversor es un hecho, también lo es, a criterio de Santi Rodríguez, diputado y responasble de infraestructuras del PP en el Parlamento catalán, la injusticia de atribuir al Gobierno de España —al actual y a los precedentes— un ánimo de perjudicar a Cataluña. «Las cifras son concluyentes. El supuesto maltrato inversor del Estado hacia Cataluña es un mito», sostiene Rodríguez.
El agravio
Pese a todo, en esta comunidad se sigue denunciando que el reparto inversor está desequilibrado, señalando por ejemplo que deberían destinarse más recursos a aquellas regiones más productivas. Al respecto, y ya comienza a ser un clásico, ahora se denuncia el AVE a Galicia o la conexión con Portugal por Extremadura en contraste con el supuesto abandono del corredor mediterráneo y la falta de conexión ferroviaria de ancho europeo de los puertos de Tarragona y Barcelona. Si el AVE es ahora el campo de batalla, en su momento lo fue el desequilibrio entre lo gastado en el núcleo de Cercanías de Madrid frente al de Barcelona. Macroinversiones como la de la Terminal 1 del Aeropuerto de El Prat siempre se dejan de lado para no arruinar el argumento del agravio.
En este sentido, el intento de blindar las inversiones de Fomento en base a criterios de peso económico se quiso introducir en el Estatuto de Cataluña, cuya disposición adicional tercera fijaba una inversión mínima del 18% del total del Ministerio en base a la aportación catalana al PIB nacional. No obstante, la sentencia posterior del Tribunal Constitucional dejó claro que ese podía ser un criterio pero orientativo, del mismo modo que el Estatuto andaluz establece un «blindaje» similar, aunque en este caso a partir del criterio de población.
ABC 05/01/13