Las independencias se consiguen por insurrección, que casi siempre termina en guerra. Los separatistas catalanes decidieron seguir otro camino, la senda de Gandhi, que a su vez siguió los textos de Henry David Thoreau. Éste se preguntaba si las naciones pululan como insectos y son arrastradas por perros que se muerden las orejas.

Desde ese método de lucha, los separatistas catalanes ensayaron el primer acto de desacato con la DUI. Apostaron por una insumisión generalizada creyendo que el Gobierno no iba a poder con ella. Pero el Tribunal Supremo los acusó de rebelión y metió en la cárcel a los cabecillas. Nueve meses después, los independentistas siguen con la tentación de situarse fuera de la Constitución, a pesar de la mano tendida del Gobierno de Sánchez.

Como ha reconocido Josep Borrell, no se percibe un cambio pese al esfuerzo extraordinario para recuperar el diálogo por parte del Ejecutivo. La ANC vuelve a decir basta ante lo que ellos llaman la deriva antidemocrática del Estado español. Cada tarde, un Gobierno autonómico que representa la quinta parte del Estado propone descuadernarlo, violar la ley y desbaratar un procedimiento judicial del Tribunal Supremo.

Aquella teoría usada en el primer acto de la rebelión –según la cual ir a prisión era lo ideal para los héroes del procés sentenciados injustamente por el Gobierno– ha sido del todo abandonada en este segundo acto. Ahora es todo lo contrario: sus agitadores exigen que el que vaya a la cárcel sea el juez Llarena. Por ahora, las manifestaciones y protestas, como el asalto simbólico a la cárcel Modelo deshabitada –se equivocaron de prisión–, no son acciones plenamente ilegales, pero tienen un mensaje de desafío al Estado al ser encabezadas por los propios dirigentes y cargos institucionales.

Miquel Iceta ha acusado a la Generalitat de jugar con dos barajas, la del acuerdo y la de la ruptura. O con las dos a la vez. Les ha recordado Iceta que las resoluciones del poder judicial deben ser acatadas por todos, pero los secesionistas saben que han perdido la batalla y siguen con el aparato de la propaganda a todo volumen, con un feroz ataque a los jueces del Tribunal Supremo.

Nadie sabe hasta dónde va a llegar la estampida suicida y absurda de los separatistas y la pregunta que se hacen los atónitos ciudadanos es: ¿Qué debe hacer un Estado cuando el presidente de una comunidad –un redomado racista– acusa a los jueces del Tribunal Supremo de basar su proceso en delitos falsos o inventados?

Hasta Gandhi propuso ordenar el caos, mientras los catalanes proponen resolver el caos con más caos.