El Govern mantiene fijo su plan para contar en 2017 con una Hacienda propia, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) vetó su creación por invasión de competencias del Estado. La determinación de la Generalitat ha quedado plasmada esta misma semana con la publicación de las licitaciones para obras de remodelación de las 14 futuras oficinas de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) que el Govern quiere tener operativas para julio del año que viene.
Las ofertas, publicadas entre ayer y el lunes por el gestor de obra pública de Cataluña, Infraestructures.cat, van de los 37.580 euros las más pequeñas hasta los 73.000. El organismo dependiente del Departament d’Economia i Hisenda prevé invertir un total de 703.000 euros en los proyectos y la ejecución de todas las obras en las 14 nuevas oficinas, según consta en la documentación incorporada a la página web de Contratación Pública de la Generalitat. Las licitaciones buscan ofertantes para «la asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y ejecución» de las «obras de remodelación de las oficinas territoriales de la ATC».
El concurso para las obras es el segundo paso que da en menos de un mes el departamento que encabeza el líder de ERC, Oriol Junqueras, para lanzar de forma efectiva la Hacienda propia catalana. El pasado día 8 el Document Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) –el BOE catalán– hizo pública también la licitación para el alquiler de las 14 oficinas, cuyos contratos deben firmarse antes de que finalice enero de 2014. Según describió el propio Departament d’Economia en una nota de prensa remitida ese día, el anuncio sobre el despliegue de las sedes es «el disparo de salida» para el nuevo modelo tributario catalán. El gasto total en las nuevas oficinas se situará en torno a los seis millones de euros, según explicó el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, durante su comparecencia en el Parlament en septiembre.
Junto a la Ley de Transitoriedad Jurídica y la de la Seguridad Social, la Hacienda propia es una de las tres estructuras de Estado sobre las que el Govern de Junts pel Sí (JxSí) quiere poner los cimientos de la independencia catalana. Las tres fueron anuladas el pasado julio por unanimidad por el Constitucional.
La sentencia señala que la creación de una agencia que gestione por completo los impuestos que se generan en Cataluña supone invadir «competencias que son responsabilidad del Estado». En el mismo escrito se sostiene que el intento de la Generalitat de «asumir nuevas funciones y competencias tributarias» más allá de las acordadas con el Estado es «manifiestamente contrario a la Constitución».
La importancia de la Agencia Tributaria Catalana en el proceso soberanista queda plasmada en la dimensión que el Govern le quiere otorgar. Las cuentas públicas que presentó Oriol Junqueras destinaban 48 millones de euros para su construcción. Para julio de 2017 está previsto también que el número de trabajadores de la ATC pase de los 375 empleados actuales a los 800, según los datos de la Secretaría de Hacienda catalana.
Pese al veto judicial, el gabinete de Junqueras no ha dejado de trabajar en la construcción de la ATC. Según sus cálculos, el nuevo organismo debería estar desplegado por completo antes de un año. Para entonces el Govern aspira a haber asumido ya la recaudación de impuestos que ahora dependen de forma parcial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) española. En 2017 la Generalitat quiere gestionar la totalidad de los Impuestos de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales.
Las oficinas ahora licitadas y que estarán repartidas por toda Cataluña tienen como principal objetivo asumir la recaudación de las multas. La decisión sobre dónde deben estar ubicadas se ha tomado en función del volumen de impuestos que generan los territorios. La mayoría de ellas se encuentran en la provincia de Barcelona. Es el caso de Vilafranca del Penedès, Mataró, Sant Feliu de Llobregat, Manresa, Vic, Granollers, Sabadell y Terrassa. En Girona se prevé contar con sedes en La Bisbal de L’Empordà y Santa Coloma de Farners. En Tarragona la oficina estará en Reus y en el caso de Lleida, en la Seu d’Urgell. A ellas hay que añadir las cuatro oficinas de la ATC que ya existen en cada una de las capitales de provincia. En el caso de Barcelona está previsto que para enero se abra una segunda sede, en la Vila Olímpica. La capital catalana ya cuenta con las oficinas centrales, un edificio de 850 metros cuadrados instalado en la Zona Franca.