LIBERTAD DIGITAL 27/12/12
Juan Velarde
Desde mediados del siglo XIX Cataluña ha sabido enlazar a las mil maravillas sus problemas económicos con la política general española. Por una parte, encabezó la política proteccionista: triunfó en la pelea por el arancel, gracias a lo cual consiguió ventajas notables sobre la otra zona de industrialización naciente, Andalucía, que quedó apartada definitivamente de los puestos clave de ese desarrollo.
Esta política proteccionista tenía una proyección ultramarina, particularmente hacia Cuba. De hecho, parte notable del problema cubano derivó de ahí. La isla vendía a precios internacionales el azúcar y el tabaco, pero tenía que adquirir productos españoles, y en ello Cataluña desempeñó un papel fundamental. En relación con Cuba surgieron mil actividades y nombres catalanes, que quedarán ahí para siempre, desde Bacardí a Partagás. Que la alta burguesía de La Habana ofreciese, en plena calle, un fajín de general al caudillo separatista Maceo se debe, en buena medida, precisamente a esa conexión peninsular con ventajas para el mundo empresarial catalán.
En 1898 todo esto desapareció, pero no los movimientos catalanes para preservar sus negocios. Cuando, para poner orden en la Hacienda desequilibrada por la guerra, Fernández Villaverde decide un aumento impositivo, en Cataluña surge la réplica del Tancament de Caixes: se trataba de no pagar, y cuando Hacienda interviniese el negocio afectado y lo sacase a subasta, todo el mundo se abstendría de comprarlo, siquiera por una humilde peseta. Sin haber pagado nada al Fisco, el antiguo dueño volvería a hacerse cargo él.
Por supuesto, en esa etapa no todo fueron beneficios. Hubo un momento, que ha quedado en la historia económica con el nombre de la febre d’or, en que se produjo una burbuja especulativa con acciones de bancos. Quien abría una entidad crediticia veía que ante sus puertas se aglomeraba la gente… no para llevar dinero o para pedir crédito, sino para comprar acciones. Hasta los masones pusieron en marcha la Banca de los Caballeros Kadosch. Como siempre, el estallido de la burbuja hundió muchas fortunas. El Banco de Barcelona se vino abajo al concluir la I Guerra Mundial. Como ha relatado primorosamente Juan Muñoz, el abandono de las entidades crediticias se acentuó. A fin de salvar lo que se pudiera salvar, Cambó pergeñó la Ley de Ordenación Bancaria de 1921, que creó una situación nueva… para toda España, claro.
La financiación de la exportación de productos catalanes al resto de la nación se hacía mediante bancos radicados en Madrid y Bilbao, pero aseguraba, junto con el proteccionismo –acentuado, precisamente, por Cambó–, la creación de un sistema autárquico, según expresión del gran economista catalán Perpiñá Grau, que beneficiaba de modo extraordinario la actividad industrial catalana.
He citado a Cambó. Su papel en la defensa de los intereses económicos de Cataluña se había hecho palpable en plena Gran Guerra, en que los beneficios de los industriales catalanes –y los de toda España– coexistían con la muy mala situación del mundo proletario. El ministro Alba decidió crear un impuesto sobre los beneficios extraordinarios generados por la contienda para disponer de medios de ayuda a los desheredados. Cambó se negó radicalmente. Jesús Pabón relata magníficamente cómo el dirigente catalán recorrió España para encontrar apoyos –desde Ramón de la Sota y el naciente nacionalismo capitalista vasco hasta el marqués de Comillas, sin olvidar a los carboneros vinculados a Melquíades Álvarez–, y en el Congreso de los Diputados pronunciará un duro discurso. Cuando un correligionario le preguntó hasta dónde debería llegarse, contestó: «Hasta los fosos de Montjuich»; esto es, amenazó con el separatismo abiertamente. Alba fue finalmente derrotado; y entonces pudo verse a Cambó convertido, en Asturias y en pleno aniversario de la Batalla de Covadonga, en adalid del nacionalismo económico español. Del grupo catalán de la Lliga surgieron brotes tan importantes a favor de esta postura como la Revista Nacional de Economía, dirigida por Emilio Riu y que perdurará hasta la Guerra Civil.
El catalanismo siempre quiso ir de la mano con la búsqueda del máximo beneficio económico, como ya ha observado. La base de todo era el control del mercado español. Pero he aquí que desde 1959 éste comenzó a abrirse al exterior. Pronto comenzaron las quejas catalanas desde otro marco, el de la Hacienda. Las balanzas fiscales fueron investigadas por Trías Fargas, y llegó a la conclusión de que Cataluña financiaba la prosperidad de otras regiones de España. Los estudios serios mostraron la falsedad de esta tesis, pero poco importó la veracidad científica. Se alzó como una bandera.
Ahora, ese movimiento se ha escapado de las manos. De pronto se ha alzado el grito de la independencia absoluta, lo que produciría el hundimiento económico de Cataluña, que quedaría al margen de la Unión Europea y del euro, y como consecuencia se expondría a una fuga atroz de capitales. Parece que se escuchan las palabras del Bolívar que admitía que se ganaba la independencia pero se perdía todo lo demás, incluido el bienestar material. En términos económicos, la separación sería terrible para Cataluña, pero también perjudicaría –en grado mucho menor, pero lo haría– a España.
Todo esto, aparte de que el separatismo se basa en errores históricos y de que, llegado el caso, el resto de España no tendría más remedio, con el respaldo de la Constitución, que impedirlo, con la anuencia de muchos catalanes. Pero aquí sólo he querido aludir al aspecto económico. Escalofriante.