EL MUNDO – 17/05/14
· Un informe de Exteriores concluye que quedaría «en un limbo jurídico» y que sólo sería «entidad política de facto» como Osetia y Abjasia.
El proceso soberanista catalán hace aguas por todas las espitas en el marco del Derecho Internacional. La aspiración secesionista, y su paso definitivo, la declaración unilateral de independencia, se saldarían con un fiasco, con una condena de años a la irrelevancia en la escena exterior. Cataluña no tendría el reconocimiento de Estado y automáticamente quedaría fuera, no sólo de la Unión Europea, sino también de la ONU. En esta última, ni siquiera se le reconocería el estatus de Estado observador. Ésta es la conclusión principal del último informe elaborado por la asesoría jurídica del Ministerio de Exteriores.
Se trata de una docena de páginas en las que se argumenta, en función de los principios esenciales del Derecho que rige entre naciones, y en base a múltiples resoluciones de la ONU, la imposibilidad de que el proyecto independentista que auspician la Generalitat y sus aliados llegue a buen puerto.
El «desafío político de gran envergadura» que supone la iniciativa de convocar un referéndum basado en el derecho a decidir no tiene apoyo alguno en la legislación internacional, en la que el «principio jurídico rector es el de integridad territorial» y en la que, además, «no existe» el derecho a la secesión, sentencia el documento.
«Ninguna Constitución del mundo», recalca el informe, «reconoce en la actualidad un derecho de secesión de parte del territorio de un Estado».
En España, los artículos 1 y 2 de la Constitución no dejan lugar a dudas sobre ello y, puesto que en el marco internacional «el principio del Estado de Derecho es de importancia vital», se desprende que «sin validez jurídica interna del referéndum tampoco puede existir validez jurídica internacional del mismo».
En definitiva, según la doctrina de Naciones Unidas, el principio de la integridad territorial «es irrenunciable y en ningún caso puede quedar eclipsado alegando el de libre determinación de los pueblos».
Este último, que ciertamente se contempla en los Pactos de Naciones Unidas, de 1966, y en la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional, de 1970, sólo es aplicable cuando concurren requisitos muy determinados que no se dan en el caso de Cataluña: esencialmente que el territorio en cuestión se encuentre en situación colonial, que haya sido anexionado por conquista, dominación extranjera u ocupación o que se trate de pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos.
En cualquier caso, y pese a estos argumentos, en el informe de Exteriores se aborda también el caso extremo en el que la Generalitat y las fuerzas del Parlament que apuestan por la secesión procediesen a una declaración unilateral de independencia. Y concluye que dicho paso «no sería suficiente para considerar que ya existe un nuevo Estado». En la práctica, el requisito fundamental es que sea reconocido como tal por la comunidad internacional.
De acuerdo con la doctrina de Naciones Unidas, «si el Estado ha surgido de manera ilegal –a través de un referéndum cuya celebración no haya sido válida–, los Estados de la comunidad internacional deberían abstenerse de realizar reconocimiento alguno». Y, en la práctica, se ha demostrado que los países en su inmensa mayoría siguen este consejo. Así ha sucedido por ejemplo con Osetia del Sur y Abjasia. Cataluña quedaría en un «limbo jurídico, como entidad política de facto».
Todo ello implica que una Cataluña independiente sin consideración de Estado quedaría excluida de inmediato de la Organización de Naciones Unidas. En Exteriores consideran que uno de los principales objetivos de Artur Mas tras la secesión sería establecer una relación más estrecha con la ONU para intentar convertirse en uno de sus miembros.
Sin embargo, para ello habría de superar todo un proceso nada fácil: primero, haber sido reconocido como Estado y, a continuación, contar con la decisión favorable de la Asamblea General por mayoría de dos tercios, a recomendación del Consejo de Seguridad por mayoría de nueve votos, entre los que obligatoriamente deben encontrarse los cinco miembros permanentes que tienen derecho de veto.
De acuerdo con la opinión de los juristas, es evidente «la imposibilidad» de que Cataluña fuera miembro de pleno derecho de Naciones Unidas en un supuesto de declaración unilateral de independencia.
No obstante, en el informe de Exteriores se analiza también una segunda alternativa, la de su presencia en la ONU en calidad de Estado observador, un estatuto que no está regulado jurídicamente pero para el que existe un caso práctico reciente: el de Palestina.
Y, basándose en dicho precedente, los juristas recalcan que fue necesaria una resolución, la 67/19, en la que se otorgaba a Palestina «la consideración propia como Estado», para que se le reconociese el estatuto de observador en la ONU, una condición que tiene un valor jurídico muy relativo aunque puede ser adornada con derechos y prerrogativas adicionales.
Previamente, Palestina ya había sido aceptada como Estado por diversas organizaciones internacionales (Liga Árabe, Movimiento de los Países No Alineados, Organización de Cooperación Islámica, Grupo de los 77, Unesco… ) y, por supuesto, se había admitido su derecho a la libre determinación y a la independencia, puesto que era un territorio ocupado desde 1967.
Margallo alerta de la división
El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, se desplazó ayer a Cataluña, donde volvió a ejercer de portavoz del Gobierno contra la secesión. Antes del acto que Mariano Rajoy protagonizará hoy en Barcelona, el jefe de la diplomacia española advirtió de que no existe ningún Estado en Europa que «quiera ver la proliferación de la división». «Artur Mas dijo que sueña con una Europa de 75 países. En Bruselas, al resto nos pone los pelos como escarpias», atestiguó Margallo.
El ministro sostuvo que el Ejecutivo del PP está dispuesto a ofrecer «diálogo sin fecha de caducidad» a la Generalitat, pero con la condición de que se enfríen las aspiraciones soberanistas: «No se puede discutir ni negociar sobre la unidad de España. No nos pertenece, la hemos heredado de muchas generaciones anteriores». Margallo arguyó que siempre que se han producido «derivas secesionistas» se han saldado con «enormes pérdidas». «Queremos que este estado de crispación desaparezca, no es bueno para nadie».
EL MUNDO – 17/05/14