Cataluña nos roba (y el País Vasco también)

Pedro Sánchez lleva meses, años, comprando tiempo. Pero cada vez a un precio más alto. Su última osadía, de salir adelante, le va a salir, nos va a salir, un poco cara: 21.000 millones de euros. Qué le vamos a hacer, hay que ser comprensivos; cuando se trata de la familia no hay que reparar en gastos. La desesperada (y estéril) maniobra de protección de la parentela -y quién sabe si también de uno mismo-, nos va a costar un ojo de la cara. El otro ojo de la cara. No a todos. Hay quien se libra. Hay quien paga, pero también quien recibe.

Pagamos la mayoría, y los talones al portador que sufragan la estrategia de defensa quedan reservados para Cataluña y País Vasco. Allá por los primeros años de los 80 del siglo pasado Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, rechazó negociar un concierto económico para Cataluña. No quiso asumir el teórico desgaste político que, pensaba, le iba a ocasionar el rol de recaudador de impuestos. Hoy, el nacionalismo y el socialismo catalanes se miran en el espejo vasco. Con toda lógica. No hay en Europa un territorio con más privilegios que Euskadi.

Las cesiones prometidas a Cataluña son un grave problema por el impacto que tendría en el resto de España la rebaja en la aportación a la caja común de una de las regiones más ricas (dos tercios por debajo de la actual), pero es el inmoral trato de favor del que históricamente se ha beneficiado el País Vasco el argumento que permite a los dirigentes de los partidos independentistas catalanes exhibir, en tanto que comunidad histórica con mayor peso que la vasca, su particular catálogo de agravios.

La tomadura de pelo vasca

Los profesores Jesús Fernández-Villaverde y Francisco de la Torre han explicado con detalle en conferencias, artículos periodísticos y en La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía (La Esfera de los Libros, 2025), los excesos cometidos a resguardo del régimen foral vasco: “El País Vasco, la segunda comunidad autónoma con mayor PIB per cápita de España, recibe unos 6.500 millones de euros anuales en transferencias fiscales netas procedentes de las 15 comunidades de régimen común [cuyo PIB per cápita, salvo en Madrid, es inferior]”. No es federalismo, no es descentralización. Es un atraco institucionalizado.

“Esto ocurre -continúa Fernández-Villaverde- porque no contribuye al déficit de las pensiones contributivas y porque el ajuste del IVA está mal calculado (deliberadamente). No, los pensionistas vascos NO están recibiendo lo que actuarialmente les corresponde, sino pensiones entre un 45% y un 60% más altas de media, y esto no es el retorno de sus cotizaciones pasadas, no es ‘compromiso cívico compartido’. Es una tomadura de pelo, escrita con la sangre de los guardias civiles asesinados en Intxaurrondo”. Una tomadura de pelo que ahora se amplía con la cesión a Euskadi de la gestión de las prestaciones y seguros de desempleo, primer paso en el proceso pendiente de ruptura de la Seguridad Social.

Bajo los opacos mantos del Concierto y el Cupo se les ha ocultado a los españoles el sistemático incumplimiento de los artículos 138 y 156 de la Constitución, en los que se señala que las diferencias entre estatutos o fueros no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales y se establece que las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera siempre con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Lo que ahora persigue el acuerdo sellado por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras es extender a Cataluña, por la vía de los hechos, y haciendo caso omiso de la letra y el espíritu de la Constitución, la vulneración, ya normalizada en el País Vasco, de los principios de igualdad y solidaridad.

Porque el problema de Cataluña no es de insuficiencia de ingresos, sino que gasta 15.000 millones anuales más que Madrid y tiene un problema de crecimiento grave, resultado de sus propias políticas económicas, que reduce su capacidad recaudatoria. Pero es un problema político, no de financiación, y la solución no puede ser un cupo encubierto que permita a una región rica quedarse con más recursos y aportar menos al conjunto del Estado.

El PSOE, al matadero

Y, sin embargo, lo verdaderamente obsceno del acuerdo no es su dudosa constitucionalidad o su impacto económico devastador. Lo más grave es la impostura moral de quienes lo promueven. Que un gobierno que se autoproclama progresista, que presume de defender la igualdad y la justicia social, que invoca constantemente la solidaridad como bandera, pacte un sistema que consolida el privilegio de los territorios más ricos constituye un ejercicio de hipocresía política sin precedentes por el que también el PSOE va a pagar un altísimo precio.

Seguir utilizando los recursos extraordinarios del poder para limitar daños y proteger a la familia. No hay otra explicación plausible a la decisión probablemente más irresponsable y autodestructiva que, en términos de país y de partido, ha tomado Sánchez en estos años de gobierno. La indiferencia con la que el líder socialista parece asumir las severas consecuencias de sus decisiones en las expectativas electorales de un PSOE al que condena al matadero (Aragón, Castilla y León y Andalucía) muestra, como nunca hasta ahora, el grado de exasperación en el que se conduce el personaje.

Firmar la defunción del principio de igualdad, acabar con lo que queda de solidaridad interterritorial, condenar al PSOE a un prolongado purgatorio, si no directamente a la irrelevancia… Es la crónica de un desahuciado, el retrato de alguien cuya ambición y torpeza le han llevado a despreciar cada una de las oportunidades que ha tenido de pasar página con cierta dignidad y ya no tiene posible escapatoria. Pongámonos en lo peor.