JUAN VELARDE FUERTES, ABC 04/02/14
· El PIB catalán se derrumbaría entre un 25% y un 30% con la independencia, y el de España sufriría un golpe del 5%.
Puig i Cadafalch, con orgullo, aseguraba que «el criteri economic dels catalans fa molt anys qu’a triomfat». ¿Lo repetiría hoy en relación con la postura independentista lanzada desde el presidente de la Generalitat? Porque la afirmación de Puig i Cadafalch estaba ligada a que Cataluña, por un lado, crecía gracias a imponer una postura proteccionista española. Por cierto, fue uno de los factores que justificaron la independencia de Cuba, una isla con productos que vendía a precios internacionales, y era obligada a adquirir productos y servicios peninsulares a precios muy altos debido al arancel defendido ardientemente sobre todo en Cataluña. Basta leer la obra de Pugés «Cómo triunfó el proteccionismo en España» (Barcelona, 1931) para entenderlo. Cambó dio un paso más, a pesar de que su arancel de 1922 mereció que en la Sociedad de Naciones se le denominase «la muralla china arancelaria española», y lo convirtió, secundado por la «Revista Nacional de Economía», dirigida por Emilio Riu, en nacionalismo económico.
Pero también se buscaron otros apoyos en beneficio económico de Cataluña. Por un lado, dentro del movimiento de las Cámaras de Comercio contra los planes fiscales de Fernández Villaverde –precisos para liquidar la deuda derivada de las campañas de Cuba y Filipinas contra Norteamérica– con el proceso del «entancament de caixes», o sea, el no pagar colectivamente los impuestos. Más adelante, con la ofensiva de Cambó, en la que triunfó, contra el proyecto de Alba de un impuesto extraordinario que gravase los beneficios obtenidos en la I Guerra Mundial. Agréguese que la quiebra del Banco de Barcelona provocó que Cambó, ministro de Hacienda, llevase adelante la reforma bancaria de 1921, con un complemento de su partido en el Ministerio de Justicia que explica que la suspensión de pagos, en ese caso, sustituyese a la quiebra. Un trabajo de Juan Muñoz expone todo esto, que indignaba a Indalecio Prieto de modo extraordinario.
Tal política no se lleva a cabo sin costes sociales importantes. Por ejemplo, la tremenda «huelga de la Canadiense», a partir de la cual el anarcosindicalismo se convirtió en un elemento destructivo de la realidad económica catalana, con la consecuencia, tras la I Guerra Mundial, de un pistolerismo que asesinaba a patronos, y que con el Sindicato Libre hacía lo mismo con dirigentes obreros.
Ahora, tras el trabajo de Ramón Trias Fargas, «La balanza de pagos interior» (Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1960), se consideró que el sistema español de ingresos y gastos públicos empobrecía a Cataluña. Los simplismos que lo amparaban, definitivamente, se derrumbaron con el libro, excelente, de Ezequiel Uriel Jiménez y Ramón Barberán Ortí, «Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración Pública Central (1991-2005)». Tras sus 623 páginas poco queda de las posturas actuales de los separatistas catalanes, y de sus interpretaciones de los saldos que algunos denominan «dividendo fiscal de la independencia». Y el profesor Uriel deriva del libro un enjundioso artículo, «El enfoque carga-beneficio en la financiación autonómica» en «Expansión», de 23 de enero de 2014.
Añadamos los costes de la independencia tal como los expone Josep Borrell en su artículo «Celebraciones y elecciones. Hay que acabar con las desinformaciones sobre las consecuencias de la separación de España», publicado en «El Periódico» el 20 de enero de 2014, y que culmina ABC al mostrar un cálculo del Gobierno que estima que el PIB catalán se derrumbaría entre un 25% y un 30% con la independencia. Además, según expertos, España sufriría un golpe de un 5%. ¿No se cumpliría así lo que, en otro sentido –el demográfico– un gran economista catalán, Vandellós, puso de título a un ensayo: «Catalunya, poble decandent»? Por el bien de todos, eso hay que evitarlo.
JUAN VELARDE FUERTES, ABC 04/02/14