AUNQUE los adoro, yo no reivindicaría tan alegremente como Rivera a los liberales de Cádiz, un tercio de los cuales eran clérigos y cuya criatura constitucional empieza de forma poco aconfesional («En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo»), amén de crear tal desequilibrio de poderes que el Legislativo hizo imposible la acción del Ejecutivo, con fatales consecuencias. Más instructivo es atender al conflicto suscitado en los USA tras vetar un tribunal un decreto del presidente y tener que acudir, ambos, Ejecutivo y Judicial, al tribunal correspondiente –el Supremo– para dirimir un conflicto de competencias. No es que, a su forma zarrapastrosa, Trump haya atropellado los derechos humanos –eso lo hizo Obama, sin que nadie se pusiera el hiyab, al derogar la ley de asilo a los balseros cubanos– sino que pone a prueba la división de poderes. Ojalá no haya un atentado islamista mientras esto se resuelve, que sería malo para la Justicia, pero, salvo lo único que merece el impeachment, el Twitter de Trump, en USA todo está funcionando allí como debe: los tres poderes sometidos a la ley.
Pero en Cataluña, tierra de Rivera y solar histórico de C’s, cuya capital constitucional también es Cádiz, sucede algo que ni Montesquieu ni nadie pudo prever y a lo que, tras los fastos congresuales, el líder de Ciudadanos debe enfrentarse, porque debe y porque si no lo hace él, nadie lo hará. Desde el origen del Estado autonómico, a la Generalidad catalana se le fue entregando un poder no sujeto a la ley (como en los USA y cualquier Estado de Derecho) del que abusa clamorosamente. Allí, la ley es la Constitución, el Estatuto que de ella emana, y todos los Tribunales, cuyas sentencias deben cumplirse igual que en toda España.
No es así. El poder que de forma fraudulenta (Ley del Catalán del TC) se dio a la Generalidad la ha convertido en un alien abocado a destruir España o ser destruido por ella, porque tiene una sola razón de ser: liquidar el orden constitucional y fundar su propia ley en el abuso de poder. Los Gobiernos de Madrid concedieron ese poder a la Generalidad y se reservaron acudir a la ley (Constitucional, Supremo) si se excedía. Y tanto, tantísimo se ha excedido que el Ejecutivo debería actuar. Pero no se atreve. Si Rivera se atreviese, España, como Lázaro, podría levantarse… y andar.