ANTONIO PAPELL-El Correo
O se negocia un nuevo marco sobre bases constitucionales o la crisis seguirá muy alejada de una solución
La apertura de relaciones políticas entre Pedro Sánchez y Quim Torra es sin duda un paso relevante hacia la pacificación, pero solo funcionará si las partes son conscientes de que escriben un relato irreal, que, para avanzar, deberá aproximarse cada vez más a la realidad de la situación. El encuentro se basa en la ficción de que puede establecerse una relación estable sobre la base de una radical discrepancia –la exigencia de un referéndum de autodeterminación frente a la negativa inexorable e innegociable a la ruptura del Estado–, a partir de la cual se mantendrá un trato institucional normal como si el Estado autonómico se considerara completamente funcional y estuviera fuera del debate.
Esta situación ambigua fue, de hecho, la que se mantuvo durante la larga etapa de Jordi Pujol y la que está establecida desde los orígenes de la democracia con el País Vasco. Tanto CiU como el PNV aseguran que no renuncian a su programa máximo, la autodeterminación. Pero la discrepancia se mantuvo siempre controlada y lejos de ciertos límites. Pujol explicitó en todo momento que renunciaba a intentar la materialización de aquel desiderátum en aras de la concordia nacional. En el País Vasco, las cosas fueron parecidas, con la salvedad del ‘plan Ibarretxe’: el lehendakari pretendió en un cierto momento salirse de aquel guión preestablecido e intentó un salto cualitativo mediante la fórmula del Estado libre asociado… Pero ante el fracaso de su propuesta, que se tramitó por vías constitucionales, la situación regresó al estadio anterior. Hoy, el PNV gobierna con el PSE en Euskadi y se apoya en el PP para aprobar los presupuestos.
Ahora, la única salida catalana posible es, también, la de regresar al estadio anterior al procés. Pero con una salvedad: el intento secesionista no ha sido en este caso meramente teórico, ni se ha conducido a través de los cauces constitucionales, sino que se ha encaminado a través de un golpe de mano, incruento pero ilegal, por lo que el ‘procés’ se ha judicializado irreversiblemente. Ya no se puede regresar al origen. Así las cosas, el esfuerzo para que lleguen a algo las relaciones políticas que se han restablecido de forma todavía balbuciente habrá de ser muy superior en Cataluña. Primero, porque se ha perdido la lealtad institucional, que habrá que reconstruir; segundo, porque la declaración de que no se descarta ningún camino hacia la independencia constituye una amenaza latente que tiene que desvanecerse cuanto antes.
La conclusión de este razonamiento es bastante obvia: se puede mantener un cierto tiempo la ficción de que hay diálogo político y ‘feeling’ personal, pero tal situación no es estable: o se negocia un nuevo marco sobre bases constitucionales, con o sin reforma de la Carta Magna, o la crisis seguirá muy alejada de una solución.