SALVADOR SOSTRES, EL MUNDO 21/07/13
· El ‘caso Palau’ y sus tentáculos muestran lo difícil que es mantenerse honrado.
El primer escándalo fue que después de descubrirse el desfalco de Fèlix Millet, la vicepresidenta de la Junta del Palau se convirtiera en su nueva presidenta, ella que estuvo junto al presunto delincuente mientras se produjo el saqueo. O bien fue cómplice de la operación, o es tan breve que no se dio ni cuenta: de ninguno de los dos escenarios se puede deducir ningún mérito para erigirse como presidenta, ni parece que precisamente el continuismo sea la mejor opción para una entidad que ha sido literalmente atracada.
Pero todo es inocente, y casual, en las tramas de corrupción catalanas, como por ejemplo que Mariona Carulla, perteneciente a una de las grandes familias de la alta burguesía catalana –Gallina Blanca– y vinculada por lo tanto al catalanismo en general y a Convergència en particular, le ha hecho el favor de su vida al todavía primer partido de Cataluña. Contra toda evidencia y sentido común, el Palau, por obra y gracia de la señora Carulla, no ha acusado a CDC de nada y se ha limitado a concentrar su ira en Fèlix Millet y en quien fuera su mano derecha, Jordi Montull.
También curiosamente, la acusación del Palau de la Música está dirigida por los abogados de la consultora Price Waterhouse, que coincidiendo con la llegada de CiU al poder, había fichado a Joaquim Triadú, considerado el «séptimo hijo» de Jordi Pujol por su estrecha vinculación a la familia. Desde entonces, la consultora ha firmado suculentos contratos con la administración catalana. Según el anuario MediaCat, en los primeros meses de 2011 Price Waterhouse obtuvo una decena de contratos por un valor superior al millón y medio de euros.
Pero no sólo eso, porque la casualidad y la coincidencia no tienen fin cuando entran en acción los tentáculos convergentes. Si el primer juez, Solaz, dio por buena la irrisoria cifra que Millet dijo haber robado y con este pretexto le sacó de la cárcel, para que luego se descubriera que el montante sustraído era como mínimo cuatro veces superior a lo fingido; el segundo juez, Josep Maria Pijuan, ha cerrado la instrucción clarísimamente en falso, sin acreditar a dónde han ido a parar 10 millones de euros desaparecidos de las arcas del Palau, y limitándose a amonestar a los directores de los bancos por no poder acreditarlo, cuando todo el mundo sabe que en los casos de corrupción, el juez imputa al director del banco hasta que suelta la información y si no la suelta imputa al presidente de la entidad y le amenaza con meterle en la cárcel si no canta. Esto, un juez que quiera saber la verdad, claro.
Continuando con la larga lista de casualidades que de un modo siempre fortuito y caprichoso marcan la suerte judicial y política de Cataluña, el juez Pijuan recibió, a los tres días de haber llegado al juzgado que instruye el caso, una subvención de 677.581 euros de la Generalitat, cuya presidencia había ya alcanzado Artur Mas.
Esta fundación, dedicada a promover la reinserción de los presos, además del juez del caso Palau, tiene de vocal a Oleguer Soldevila, propietario del Hotel Majestic, sede electoral de los convergentes desde la recuperación de la democracia.
Convergència ha aprendido en todos estos años el arte de la trama perfecta. Ha aprendido a presentarse ante la sociedad como el garante imprescindible de la supervivencia de Cataluña y ha sabido hacer un descomunal negocio con la buena fe de tantos y tantos catalanes que han confiado en ella a ciegas.
Desde Pujol y su familia, hasta los que con el pretexto de financiar al partido se han llevado comisiones de más del 50% de lo que recibían; pasando porque Artur Mas tuviera firma en la cuenta suiza de su padre mientras fue consejero de Economía, la trama ha ido filtrándose por todas las estructuras del partido, y junto a la trama del PSC, y a la trama de La Vanguardia, mantenerse honrado en Cataluña, más que una cuestión de virtud es un asunto de espacio. Es que ya ni se cabe, entre tanto Padrino subvencionado.
SALVADOR SOSTRES, EL MUNDO 21/07/13