El Gobierno central y las comunidades autónomas emprenderán en el plazo de un mes las negociaciones para diseñar un nuevo modelo de financiación territorial. Así lo acordaron ayer los representantes autonómicos reunidos con la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y con el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. El pacto será definitivo el próximo martes en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en el Senado. Cataluña por el momento se ha autoexcluido del acuerdo. La Generalitat no estuvo ayer presente en la reunión preparatoria ni tiene previsto que su presidente, Carles Puigdemont, acuda al cónclave de la próxima semana.
En un ambiente «fructífero» y «muy satisfactorio», en opinión de los participantes, el Ejecutivo central y los consejeros de las autonomías dejaron prácticamente cerrado el documento, que incluye una decena de acuerdos y que se suscribirá en la Conferencia de Presidentes. El punto más trascendente es el que hace referencia a la apertura inmediata del proceso, que será largo y complejo, de negociación de un nuevo modelo de financiación territorial que se pretende que abarque el ámbito autonómico y también el local.
Los trabajos se iniciarán en el plazo de un mes. Desde ahora y hasta entonces, las comunidades tendrán que designar a los miembros de la comisión de expertos que llevará a cabo la labor. Por el momento, cinco comunidades han propuesto ya los nombres de sus representantes.
Esta comisión utilizará como base de su trabajo un informe, hasta ahora secreto, en el que se recogen detalladamente todos los datos y parámetros económicos correspondientes a los ejercicios 2009 a 2013, ambos incluidos, que describen el funcionamiento del sistema actual. Dicho documento será actualizado y revisado a la luz de las precisiones y aportaciones que introduzcan las diferentes autonomías a fin de presentar el dibujo más exacto posible del momento presente. En este proceso intervendrá también la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Las conclusiones se elevarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera y posteriormente se remitirán al Congreso para su aprobación final.
Esta es la hoja de ruta a seguir de una negociación extremadamente compleja en la que el Gobierno, en principio, se muestra dispuesto a incluir una de las primeras peticiones que ya se han planteado a iniciativa de las comunidades regidas por los socialistas: la inclusión en el futuro modelo la financiación del sistema de dependencia, que debería estar costeado al 50% por el Estado y por las comunidades.
El Ejecutivo apunta al respecto su deseo de que no sólo se tenga en cuenta esta partida, sino también otras que son básicas en el Estado del Bienestar, como el gasto en vivienda social, discapacidad o educación.
Sobre la mesa habrá muchos más puntos abiertos –la posibilidad de aumentar el porcentaje de cesión de determinados impuestos, el peso de la demografía, el envejecimiento de la población…–, lo que impide por el momento fijar, siquiera aproximadamente, la fecha de conclusión de las negociaciones.
Ayer, el encuentro destiló un clima de colaboración que, en opinión de alguno de los participantes en reuniones similares, fue especialmente positivo. La única tacha la puso la ausencia de Cataluña. La vicepresidenta del Gobierno prefirió no ahondar en ello y, en su lugar, puso en valor «el trabajo de los presentes». «Cada uno sabe lo que debe hacer por sus ciudadanos», afirmó en un evidente reproche a quien optó por dejar la silla vacía.
En cualquier caso, el Gobierno, tal y como aclaró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no tirará la toalla y mantendrá en pie la invitación permanente a la Generalitat para que acceda, ella también, a designar un experto que participe en la negociación.
Además, el Gobierno y los representantes autonómicos dejaron cerrados con vistas a la Conferencia de Presidentes del próximo martes cinco de los 10 acuerdos que se pretenden sacar adelante. Habrá por tanto un compromiso de hilvanar un acuerdo social y político por la educación que incluya los problemas y soluciones que aporten todas las autonomías en este terreno y que será elevado a la subcomisión creada en el Congreso para perfilar un pacto nacional educativo; se creará una comisión de Protección Civil encargada de coordinar efectivos a nivel nacional para afrontar emergencias, desastres y catástrofes; se pondrá en marcha la llamada tarjeta social para controlar el mecanismo de prestaciones sociales a fin de evitar abusos y al mismo tiempo garantizar que nadie que tenga derecho a una ayuda se quede sin ella, y se establecerán nuevos mecanismos de participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones de la UE.
Fuentes gubernamentales aseguraron que hoy mismo podrían quedar cerrados también los puntos del decálogo que hacen referencia a una estrategia nacional sobre el reto demográfico para abordar los problemas de despoblación de algunos territorios o los de superpoblación puntual de otros; un pacto sobre unidad de mercado, otro centrado en la movilidad de funcionarios y uno más sobre suministro eléctrico y bono social.
Además, el Gobierno anunció que finalmente sí participará el Rey en el desayuno que abrirá el trabajo de la Conferencia de Presidentes. La jornada comenzará con una intervención del presidente Rajoy seguida por las de los presidentes autonómicos. Está previsto que en la sesión de tarde, tras el almuerzo, se debatan y voten los 10 acuerdos mencionados.
COTO A LA ACCIÓN EXTERIOR CATALANA
· Sin relaciones bilaterales.
El TC ofreció ayer los argumentos por los que anuló parte de la Ley de Acción Exterior de Cataluña. Lo anulado incluye el establecimiento de relaciones «bilaterales» con otros países o la llamada «diplomacia pública» catalana.
· Sólo en sus competencias.
El Tribunal recuerda que las CCAA pueden desarrollar actividades de «proyección exterior», pero sólo en ámbitos de su competencia, sin invadir áreas del Estado como la firma de tratados o la representación ante otros países.
· Matices.
Tres jueces ven correcto el resultado de la sentencia, pero con matices. Juan Antonio Xiol cree que ésta debía haber aclarado que las comunidades sí son «actores subestatales» o «actores gubernamentales no centrales».