ABC-ISABEL SAN SEBASTIÁN
La lógica democrática sitúa a Inés Arrimadas allá donde se libra la batalla decisiva por la soberanía nacional
SOLO desde la ignorancia, la mala fe o el frente golpista puede criticarse el desembarco de Inés Arrimadas en Madrid, como número uno de la lista ciudadana por Barcelona. Si atendemos a la encuesta que ayer publicaba ABC, según la cual Cataluña destaca como factor crucial en las elecciones del 28 de abril, y recordamos que Arrimadas ganó las autonómicas al encarnar el más valorado referente constitucionalista, la lógica democrática la sitúa allá donde se libra la batalla decisiva por la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados.
Afirmar que la lucha contra el secesionismo ha de centrarse en el parlamento local es hacer burdamente el juego a los secuaces de Puigdemont y Junqueras. Reconocer, aunque sea de forma implícita, que la voluntad determinante en esa pugna es la del electorado catalán y no la del pueblo español, propietario exclusivo del derecho a decidir sobre todo aquello que atañe al conjunto de la Nación. Porque la soberanía no se parcela. La Constitución establece de manera inequívoca su carácter indivisible y residencia en la Cámara baja la sede de su representación. De ahí que sea en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo donde resulte perentorio fraguar una mayoría de gobierno dispuesta a blindar esa soberanía frente a quienes pretenden robárnosla recurriendo al victimismo, la mentira, el chantaje y la propaganda, sin descartar la violencia. Lo que ocurra o deje de ocurrir en el Par
lament es, a esos efectos, irrelevante, puesto que entre las competencias que le asigna la Carta Magna no está la de proclamar la independencia de ese territorio. Incluso en el improbable supuesto de que los diputados separatistas ocuparan la totalidad de los escaños, la decisión sobre el futuro de dicha región seguiría estando en manos de todos los españoles y debería tomarse siguiendo los cauces que marca el ordenamiento jurídico. Como recordaba con acierto el Rey hace unos días, no hay democracias sin Ley.
Inés Arrimadas viene por tanto a defender la libertad y los derechos de sus conciudadanos en la posición donde esa defensa resulta más eficaz. La que determina en los presupuestos generales del Estado cuántos recursos se destinan a cada región; o sea, si se premia el desafío independentista con miles de millones de euros, a costa de que Canarias permanezca infradotada de equipamientos básicos y Extremadura carezca de ferrocarriles dignos, o se reparten los fondos con arreglo a criterios más justos, ajenos a la extorsión. La que podría atender la propuesta del PP de Casado y restablecer en el Código Penal un castigo severo a la convocatoria de un referéndum ilegal, introducido con enorme eficacia en época de Aznar para frenar la intentona de Ibarretxe y rechazado después tanto por Zapatero como por Sánchez, almas de este PSOE dividido entre la complicidad y la impotencia. La que debería proponer una reforma de la ley electoral destinada a privar a los separatistas del formidable poder condicionante que les otorgó la legislación vigente con el vano empeño de infundir en ellos lealtad, cualidad ajena a su naturaleza.
El Congreso de los Diputados es la clave de bóveda de un edificio constitucional cuyos pilares son la indisoluble unidad de la Nación española y la soberanía residenciada en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Si cae el Congreso, si vuelve a ser dinamitada desde dentro esa piedra angular de nuestra política, la estructura entera se derrumbará. Por eso es indispensable que la sostengan los mejores de cada casa.