ABC 26/06/17
EDITORIAL
· La Moncloa está segura de que no será necesario acudir a mecanismos de coerción constitucional. Lo deseable es que sea así, pero conviene no confundirse con la obstinación nacionalista
EL Gobierno de Rajoy sabe que esta legislatura se juega y se resuelve políticamente en el escenario del conflicto creado por el separatismo catalán. La inestabilidad que crea el desafío separatista es un lastre para concentrar esfuerzos en las reformas que aún necesita la economía española y reactivar el debate ideológico frente a la izquierda, del que el Partido Popular está ausente. Las medidas puestas en marcha por el Gobierno contra el proceso separatista en Cataluña han sido básicamente judiciales, tanto ante los tribunales de la Justicia ordinaria como ante el Tribunal Constitucional. Ya hay antecedentes de la inconstitucionalidad de cualquier referéndum unilateral y de la responsabilidad penal de los dirigentes nacionalistas que impulsan el proceso separatista. Y la previsión del Gobierno es mantener esta estrategia de réplicas ante los tribunales. El planteamiento de acudir a los jueces es inevitable en un Estado de Derecho, pero no está siendo suficiente para frenar el proceso separatista, porque el problema sigue radicando en el mantenimiento de competencias en manos de la Generalitat con las que están alimentando ese proceso y poniendo al Gobierno central por detrás de los acontecimientos. La Moncloa está segura de que esta estrategia dará sus frutos y no será necesario acudir al mecanismo de coerción constitucional previsto por el artículo 155 de la Carta Magna. Lo deseable es que sea así, pero a estas alturas conviene no confundirse con la obstinación de los nacionalistas catalanes. Están aplicando su programa separatista paso a paso y ya no realizan actuaciones meramente formales, carentes de contenido jurídico. Se dejó pasar el anuncio de la convocatoria de referéndum para el 1 de octubre y de la pregunta de la consulta, pese a ser uno de esos actos preparatorios prohibidos por el Tribunal Constitucional. Este desafío no siempre debe quedar reconducido a un terreno puramente legal.
El anuncio del referéndum y de la pregunta fue un acto con un contenido político perfectamente definido, que compromete a la Generalitat de Cataluña con un plan anticonstitucional. No son los jueces quienes deben asumir a solas la responsabilidad de frenar este desafío, cuyo objetivo, más que plantar una frontera entre España y Cataluña, es desestabilizar el orden constitucional español y sembrar la confusión. Hace bien el Gobierno en tener prudencia, evitar el victimismo nacionalista, medir jurídicamente sus decisiones y asegurar el resultado de sus iniciativas. Pero el problema no para de crecer y su raíz es el uso ilegítimo de competencias autonómicas por parte de la Generalitat. Mientras no se actúe directamente en el plano competencial catalán, de manera selectiva y proporcionada, el Estado seguirá a remolque.