Los interlocutores de la llamada ‘mesa de diálogo’ entre el Gobierno central y el de la Generalitat de Cataluña, reunidos ayer en la Moncloa, parieron un impresentable comunicado redactado en una jerga eufemística e impostora que permite suponer cualquier decisión cuya literalidad no se concreta. Lo único que con certeza se deduce de esas líneas crípticas es que la ley y su aplicación quedan sustituidas, bien por el diálogo, bien por reformas normativas que se cuidan de concretar. Obviamente, no se menciona el marco constitucional, ni siquiera el estatutario, que son las referencias que deben delimitar cualquier negociación. 

Unos y otros ya saben de antemano que no podrán acordar en ningún caso ni un referéndum de autodeterminación ni una ley de amnistía. Ambas pretensiones de la Generalitat son inconstitucionales, aunque el independentismo catalán no lo ignora, pero confía en que Pedro Sánchez, ante la posibilidad de perder el apoyo de ERC en un momento crucial —los presupuestos—, tratará de aproximarse tanto cuanto pueda a sus propósitos. O, en otras palabras, que intentará ‘desjudicializar’ las responsabilidades contraídas por el golpe a la Constitución de octubre de 2017 y urdirá alguna manera de consulta a los catalanes para que el independentismo no pierda la cara ante sus electorados, que es, en definitiva, de lo que se trata.

El secesionismo catalán como alternativa al autogobierno estatutario y constitucional ha sido un fracaso sonado. Al que le queda todavía un recorrido de amarguras. Por eso Sánchez es imprescindible en el rescate de quienes protagonizaron ese episodio tan lamentable, no solo por ilegal, sino también por errático. El presidente del Gobierno ya tiene atado y bien atado a Podemos y neutralizada a Yolanda Díaz, que ha reconocido que su proyecto no estará listo para las municipales y autonómicas del año que viene. 

Ahora se trata de que la Moncloa ate en corto a los republicanos con un planteamiento que despeje de togas el panorama catalán, lo mismo que en el País Vasco las cárceles se están vaciando de etarras una vez que el PNV concede terceros grados a barullo a exterroristas acercados al País Vasco, haciéndolo en el ejercicio de sus recientes competencias en materia penitenciaria.

No es fácil desjudicializar el proceso soberanista. El indulto de los principales responsables condenados por el Supremo no es saciante. Aragonès quiere que una cincuentena de procesados por los juzgados de Barcelona por delitos conexos en la asonada del 1-O no se siente en el banquillo. Le exige a Sánchez que la Fiscalía retire y/o modere las acusaciones y que en caso de condena —que las habrá— vuelva a utilizar el derecho de gracia. Requiere del presidente que la Abogacía del Estado mantenga un perfil irrelevante y que, además, se suavice de una vez el tipo de la sedición en el Código Penal, reduciendo su punición, aunque se niegue que esta reforma se haya pactado. Lo está. Sus efectos retroactivos beneficiarían aún más a los indultados y, sobre todo, se favorecería a Puigdemont y los otros fugados, que podrían, esta vez sí, ser extraditados por la Justicia belga tras la sentencia que dicte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no se apartará del criterio del abogado general de ese organismo, favorable a las tesis del magistrado Llarena.

No es cierto que el Gobierno carezca de mayoría suficiente en el Congreso: el Código Penal es una ley orgánica y mediante proposiciones y proyectos el Gobierno y sus grupos parlamentarios han sacado adelante varias. Dos, concretamente, de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. La audacia de Sánchez no es tanta como para proponer una amnistía, aunque de un político como él cabría especular que lo intentaría.

¿Qué pasa con la autodeterminación? Que no hay salida. No es verosímil —ni por voluntad popular mayoritaria ni por tiempos— la elaboración de un nuevo Estatuto que pudiera ser votado por el cuerpo electoral catalán, renovando el autonomismo del que abjuran los independentistas. ¿Y el artículo 92 de la Constitución? Dicho precepto establece la posibilidad de refrendos consultivos, es decir, no vinculantes como el de la ratificación de permanencia en la OTAN que convocó el Rey en 1986, previa propuesta de Felipe González, avalada por mayoría absoluta del Congreso, pero para alterar la Constitución resultaría inválido porque debe realizarse mediante referéndum vinculante previsto en su artículo 168 y tal modificación constitucional sobre el fundamento nacional de España sería en realidad la apertura de un proceso constituyente. 

¿Se atrevería Sánchez, no obstante, a impulsar esa consulta no vinculante jurídicamente, aunque sí políticamente? Tiene la mayoría absoluta de la Cámara, porque se unirían en el propósito desde EH Bildu —su socio ahora de referencia— hasta el PNV, el BNG y todos los grupos de izquierda y todo el secesionismo catalán. Plantearía al Rey un muy serio problema y se impugnaría ante el TC, en donde ya para entonces el Gobierno dispondría, seguramente, de una mayoría progresista. Nada, pues, hay que descartar con Pedro Sánchez, incluido el fraude de ley constitucional.

«Hoy abandonamos los monólogos y el intento de imponer al otro y abrazamos el diálogo y los acuerdos como forma de hacer política útil».

El ministro Félix Bolaños ha anunciado los acuerdos alcanzados por el Gobierno de España y el @govern de la Generalitat en la mesa de diálogo. pic.twitter.com/wGcMuzUJqA

— Ministerio de la Presidencia (@M_Presidencia) July 27, 2022

El temario de la mesa ha ido, va e irá de todo esto, de desjudicializar y de encontrar fórmulas ‘imaginativas’ para que el independentismo logre en esta legislatura lo que ya no podrá conseguir en una próxima. Incluido el objetivo monolingüe en Cataluña. Se la juegan los separatistas y se la juegan Sánchez y su PSOE. Unos no pierden nada al exigir y el otro no arriesga tampoco demasiado al conceder porque, de una parte, ya ha hecho el peor destrozo institucional del Estado desde que comenzó la democracia, y, de otra, porque ya no tiene nada que perder porque, a estas alturas, lo ha perdido todo. 

La ruina electoral del PSOE no la acreditan las encuestas por el acierto o el error en la gobernación ordinaria del Estado sino por el juego del partido y de su secretario general en el filo de la anticonstitucionalidad y en el empleo sectario de sus facultades, en el deterioro institucional que provocan y en la contradicción de pactar cuestiones esenciales para España con aquellos que quieren destruir el concepto nacional esencial que incorpora la Constitución de 1978.