Cataluña traicionada

En su comparecencia del martes en el Congreso, el ministro Cristóbal Montoro acusó a quienes «se escudan en el nacionalismo pretendiendo lanzar pulsos políticos al Estado y sacando partido personal al mismo tiempo». El mismo día, Jordi Pujol envió a la presidenta del Parlamento catalán una carta en la que mostraba su deseo de comparecer ante la Cámara autonómica después del 22 de septiembre para que su declaración «incida lo menos posible» en la Diada, en el debate anual de política general y en la tramitación de la ley de consultas. El jueves Artur Mas aseguró que el escándalo no afectaba «políticamente» ni a él ni al gobierno de la Generalitat. El pasado 25 de julio Pujol remitió a los medios de comunicación una confesión explicando que el deseo de su padre prevaleció sobre su propia conciencia, y que propició que su esposa y sus siete hijos fuesen beneficiarios de un dinero depositado en el extranjero por su progenitor, dirigiéndose en el escrito a «tanta gente de buena voluntad que puede sentirse defraudada en su confianza, a la cual pido perdón». El escándalo afecta a Cataluña en su conjunto y concierne a sus instituciones, y desde luego mina la ilusión de muchos catalanes en un proceso soberanista que difícilmente puede reconvertirse en un éxodo que deje atrás los pecados del pujolismo.

La denuncia del fraude admitido y la extendida sospecha de que aún hay más aflora como un argumento que acompañaría a la impugnación anunciada de la ley de consultas y de la convocatoria del 9 de noviembre por parte del Gobierno de Rajoy. La acusación de que la deriva independentista del pujolismo serviría para encubrir actividades ilícitas desarrolladas al amparo del poder convergente sugiere, también, la hipótesis de que la impunidad de la que habría gozado el ‘molt honorable’ y su entorno próximo caducó en el mismo momento en que el prócer del nacionalismo catalán dejó de lado su trayectoria posibilista para secundar la apuesta independentista de sus hijos.

Puede que ambas cosas sean ciertas. Que el temor ante la revelación de una trama de años de corrupción había contribuido a que tan influyente familia apostase por el soberanismo y que, al mismo tiempo, se activasen algunos resortes para someter a chantaje al pujolismo familiar, episodios de espionaje incluidos. Pero al margen de conjeturas es evidente que, si bien Jordi Pujol deseó en su confesión «que esta declaración sea reparadora en lo que sea posible del mal y de expiación para mí mismo», ha desencadenado un movimiento de tierras de efectos incontrolables.

La confesión que Jordi Pujol remitió a los medios el pasado 25 de julio es todo un ejemplo de cómo la evasión fiscal puede ser reconocida mediante evasivas. No sería muy prejuicioso suponer que compuso aquel texto en la confianza de que sirviera de cortafuegos. Pero Pujol padre se delata cuando se dirige a la presidenta del Parlamento catalán recordando que no está obligado a comparecer y erigiéndose en intérprete de las conveniencias políticas del país para posponer su declaración. Ahí recupera el viejo talante del «avui no». Las preguntas solo tienen sentido cuando el president está dispuesto a responderlas.

Y Pujol hace bien en temerse a sí mismo ante una comparecencia parlamentaria. Porque a pesar o, mejor, gracias a su confesión continúa subido a la peana. Una vez que la gigantesca ‘V’ humana se haga visible el próximo jueves 11, después de que Mas trate de parapetarse en el debate parlamentario anual, se ponga en marcha la ley de consultas, y sobre todo cuando el expresidente conozca en detalle la declaración de su primogénito ante el juez Ruz y las preguntas de éste, el Parlamento volverá a ser objeto del desdén de Jordi Pujol.

El silencio formal que durante tantos años puso sordina a la convicción general de que se practicaba el ‘comisionismo’ en el acceso a los contratos y concesiones públicos ha dado paso a una sociedad que se ve obligada a contener la respiración. Jordi Pujol y los suyos han debido recluirse en una suerte de fabulación para soportar la que está cayendo. Pero el resto de los catalanes no cuenta con un refugio tan a mano. Solo los más entusiastas del soberanismo insisten en reivindicar el objetivo de la independencia frente al «juego sucio» de quienes «desde Madrid y desde aquí’» intentan deslegitimar la consulta a cuenta del ‘escándalo Pujol’.

Aunque ni siquiera a ellos les resulta tan sencillo depurar la quimera que tan solo hace dos años abrazaron los convergentes de la condena unánime que se ha desatado contra la familia Pujol. Y no parece que el expresident, su esposa y sus hijos estén dispuestos a declararse culpables de traición a Cataluña. Es una ley que se manifiesta en todos los casos de corrupción. La avaricia alimentada en el lucro ilícito hace que el extorsionador trate de preservar antes el dinero amasado que el honor o la propia libertad. Nadie devuelve el botín para restablecer algo de su dignidad perdida. Esa es la certeza que enmudece a la sociedad catalana y que en la Diada censurará también a las 400.000 personas que se han apuntado a conformar la ‘V’ con los colores de la senyera.

Artur Mas no solo está obligado a declarar que el ‘asunto Pujol’ en ningún caso afectará al proceso soberanista. Necesita además enrocarse en la consulta para atestiguar que el devenir de la Cataluña soberana está libre de sospechas. Solo la ‘huida hacia delante’ puede brindar a los que hoy gobiernan la Generalitat la sensación de distancia, de inocencia, que precisan respecto a la confesión de Pujol. Pero la losa está ahí, desde que Pasqual Maragall mencionó el 3% como el problema que atenazaba a los convergentes, y todo el mundo dio a entender que sabía a qué se refería con una indicación aparentemente tan críptica.

Habrá ley de consultas, habrá convocatoria para el 9 de noviembre. Pero la losa de Pujol es tan pesada que puede acabar disuadiendo a la Generalitat de celebrar un referéndum que previamente será declarado ilegal. Si esa era la hipótesis más probable antes del escándalo, el terremoto desatado por la confesión del ‘molt honorable’ aboca a Artur Mas a un adelanto electoral que certificará el ocaso convergente. Ocaso tan anunciado que permite a Jordi Pujol sentirse libre de obligaciones respecto a sus herederos políticos.