El cotejo de las cifras durante la última década demuestra que la atención del Estado en Cataluña y Andalucía excede el color político del Gobierno de turno. Ambas fueron las CCAA más mimadas durante el Gobierno de Zapatero y conservaron el liderazgo durante la primera legislatura de Rajoy, si bien el actual Gobierno ha apostado, sobre todo, por la región andaluza. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que Andalucía y Cataluña han mantenido un nivel de inversiones por encima del resto de comunidades incluso durante el periodo de ajuste por la crisis. Y, segundo, que resulta completamente fuera de lugar la catarata de críticas vertidas por Carles Puigdemont y Susana Díaz tras la presentación de los Presupuestos del Estado para 2017. El presidente de la Generalitat acusó a Rajoy de «incumplir sus promesas», en referencia al anuncio hecho por el presidente del Gobierno una semana antes de una inyección de 4.200 millones de euros para infraestructuras en Cataluña. La dirigente socialista, por su parte, acusó al Gobierno central de «maltrato brutal» por el recorte de inversiones en esta autonomía y de «incumplir el Estatuto». Díaz alude a la cláusula introducida en el Estatuto de Andalucía –también existe en el de Cataluña– para garantizar inversiones estatales equivalentes a su peso económico o poblacional. Sin embargo, la presidenta andaluza omite que el Tribunal Supremo ya dictaminó que Las Cortes son soberanas para distribuir el dinero en función del interés general.
Ya advertimos en estas mismas páginas que la rebelión autonómica a cuenta de los Presupuestos no está justificada y rezuma una mezcla de demagogia y victimismo que no ayuda a enfocar las inversiones con la mirada global que requiere, por ejemplo, la planificación de infraestructuras. Además, hay que tener en cuenta que la distribución por región de las asignaciones del Estado debe ser evaluada con prudencia. No sólo porque hay inversiones que abarcan varias comunidades autónomas, sino porque oscilan notablemente en función de grandes proyectos como el AVE. Galicia, por ejemplo, es la única comunidad que recibe más inversión con Rajoy que con Zapatero, y ello se debe fundamentalmente al compromiso para que el tren de alta velocidad a Galicia comience a circular en pruebas en 2019.
Lo que sí queda meridianamente claro es que la queja de la Generalitat es insostenible. Ni por el supuesto déficit de inversiones del Estado, ni por la baja ejecución anual de las partidas presupuestarias aprobadas, ni por las deficiencias del sistema de financiación autonómica, que prima especialmente a Cataluña. Los tres subterfugios que arguyen repetidamente los independentistas chocan con la realidad de los números. Entre 2006 y 2015, Cataluña fue la comunidad que recibió más recursos de Fomento, cerca de 8.300 millones de euros, según la Cámara de Comercio de España. A ello hay que sumar que desde 2012 ha percibido 63.000 millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una inyección menospreciada por el secesionismo, pero que ha permitido al Govern no hundirse en la quiebra.
Además de anteponer el gasto social frente a las infraestructuras –una de las lecciones que nos deja la crisis–, todos los líderes autonómicos deberían abandonar su mirada cortoplacista y localista alrededor de las cuentas del Estado. Pero, sobre todo, deben hacerlo los mandatarios de Cataluña y Andalucía. Porque ni es verdad que estas comunidades estén maltratadas, ni el Estado es responsable de la inoperancia y la mala gestión de sus gobiernos.