El error en el diagnóstico explica que Sánchez haya decidido afrontar la crisis catalana a través de una «mesa de diálogo». Mesa cuya correcta valoración exige determinar quiénes son los interlocutores y cuál es su agenda.

La reunión de la semana pasada con Torra en Barcelona fue el punto de partida de la novedosa hoja de ruta alumbrada por Sánchez y su equipo. Dejando a un lado el hecho de que la continuidad de Torra en la presidencia de la Generalitat tiene difícil encaje constitucional por no ser ya diputado autonómico (el artículo 152 de la Constitución determina la necesidad de ser diputado autonómico para poder ser elegido presidente de una comunidad y, según una interpretación lógica del precepto también para poder seguir ostentando el cargo), su elección como interlocutor válido resulta muy discutible tanto por su trayectoria pasada como sobre todo por su falta de representatividad. Si hay que dialogar «con Cataluña», habrá que hacerlo con los representantes de los catalanes, tanto con los independentistas (la minoría) como con los no independentistas (la mayoría). Y para eso ningún foro mejor que el Parlamento.

Por lo que se refiere al contenido, Torra incluyó dos temas en la futura agenda: la autodeterminación y la amnistía. Sánchez, por su parte, tras rechazar ambos por su manifiesta inconstitucionalidad, planteó otra agenda de importante contenido económico. Quedó patente que la voluntad de Torra como líder de los separatistas era negociar cuestiones que no son disponibles para el Gobierno y que desbordan el marco constitucional. Marco que se configura como límite para cualquier negociación entre ambos gobiernos por la razón evidente de que una eventual reforma de la Constitución necesitaría el apoyo de los partidos de la oposición. Por otro lado, para desarrollar la agenda de Sánchez no hace falta ninguna mesa de diálogo, sino que basta con la comisión bilateral prevista en el Estatuto y con el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

¿Qué cesiones podría realizar el Gobierno -sin vulnerar la legalidad- para lograr que los independentistas acaben respaldando los Presupuestos y se evite así el fin anticipado de la legislatura? Básicamente dos. Por un lado, descartada la amnistía por inconstitucional, podría aprobar indultos individuales para Junqueras y otros condenados por sedición. Sería una cesión formidable que suscitaría un importante y lógico rechazo por parte de la oposición y de la opinión pública. El Gobierno podría así conseguir el respaldo a los Presupuestos, pero a costa de pagar un precio muy elevado. El indulto -aunque legalmente previsto si se cumplen ciertas condiciones- transmitiría el peligroso mensaje de que la comisión de delitos graves y los intentos de destrucción de la Constitución pueden quedar finalmente impunes.

La segunda cesión afectaría al conjunto del sistema autonómico, y podría consistir en el establecimiento de algún sistema de financiación que resultase especialmente beneficioso para Cataluña y garantizase determinados compromisos de inversión pública. Sánchez ha llegado a ofrecer un porcentaje de inversión estatal en Cataluña similar al porcentaje del PIB de esta. Tal cesión resultará muy difícil de aceptar no sólo por la oposición del PP, sino también por el PSOE en la medida en que comunidades como Andalucía, Extremadura u otras gobernadas por él resulten injustamente perjudicadas. Y en todo caso podría ser insuficiente si los separatistas se enrocan en su reivindicación del referéndum de autodeterminación.

Todo lo anterior pone de manifiesto que la hoja de ruta iniciada por Sánchez la semana pasada en Barcelona tiene un futuro tan incierto como el de la legislatura; que el Gobierno de Sánchez -cuya legitimidad no se puede poner en cuestión- es un Ejecutivo débil por su dependencia de ERC; y que, en definitiva, no hemos alcanzado todavía la necesaria estabilidad política.