IGNACIO ASTARLOA, EL MUNDO – 28/07/14
· Aunque es muy grave, no sorprende a estas alturas, dada su reiteración, la temeridad con la que se están formulando declaraciones y adoptando decisiones por responsables públicos catalanes. Llaman en cambio la atención la ligereza técnica y la frivolidad política de las propuestas y los documentos que se están presentando a una sociedad que dispone de profesionales extraordinarios en todos los órdenes.
Los secesionistas catalanes no sólo están preparando a toda máquina la celebración de la consulta independentista que han anunciado para el 9 de noviembre. Están proyectando también lo que debe venir a continuación: la creación del nuevo Estado catalán y la aprobación de la Constitución de la República Catalana. Se lo ha explicado hace escasas fechas el presidente Mas a los empresarios catalanes cuando estos le interpelaron sobre las tremendas incertidumbres que está generando sobre el futuro de Cataluña y de España: lean, les respondió, los informes que está elaborando para tenerlo todo previsto el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN).
Es especialmente extraordinario y grave que ese trabajo preparatorio, que desafía a plena luz toda la legalidad vigente, lo estén realizando, sin que nadie lo cuestione, instituciones de la Generalidad financiadas con dinero del contribuyente. Concretamente, este CATN creado expresamente para ello en 2013 y compuesto por una mezcla de profesores, profesionales y tertulianos, entre los que hay juristas que, aunque cueste creerlo, han aceptado edificar fachadas jurídicas conscientemente engañosas para explicar la puesta en marcha de decisiones políticas que destruyen el orden legal democrático vigente. Todos ellos presididos por Carles Viver Pi i Sunyer, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y ahora dinamita la Constitución que en su día juró cumplir y hacer cumplir.
Este Consejo y antes que él otra institución pública, el Instituto de Estudios Autonómicos, fue el que ideó con poca fortuna las famosas cinco vías alternativas por las que Cataluña podría acceder legalmente a la independencia, obviando la Constitución. Como ya se les anunció, ninguna era legal (salvo la de reformar la Constitución que, naturalmente, es la que no se ha intentado), y ello se ha ido poniendo en evidencia, hasta llegar en estos días a la última de esas supuestas vías –no menos inconstitucional que las anteriores– que consiste en aprobar una nueva ley catalana de consultas, ley bochornosamente apoyada por cierto por un incomprensible PSC.
La pasada semana, al tiempo que avanzaba la tramitación de esta Ley, el Consejo Asesor entregaba 4 nuevos informes, elevando su producción al total de 10 que figuran en la web de la Generalidad, de los que han tenido relativa repercusión pública cuestiones puntuales que van desde los proyectos para seguir en el euro a la asunción de la deuda catalana por el resto de los españoles, pasando por la continuidad del Barça en la liga española…
El último informe desarrolla con lujo de detalles nada menos que los pasos a seguir para «el proceso constituyente», o sea, para la instalación del nuevo Estado catalán y la aprobación de la Constitución catalana. Los empresarios le pedían el otro día a Mas todo un businessplan frente a las incertidumbres de Cataluña y el presidente les proporciona todo un constitutional plan.
Como podrán comprobar quienes se animen a leer tan histórico documento, no falta de nada. Allí figuran, en una primera fase, alternativa o complementariamente, la consulta, el triunfo evidente en la misma de la independencia, las elecciones plebiscitarias, la declaración de independencia «de efectos diferidos» (que no es todavía la proclamación de independencia), la declaración de soberanía de Cataluña, la apertura de negociaciones con España, la aprobación de una intensa legislación constitucional transitoria para sustituir al ordenamiento español provisionalmente hasta que se termine de elaborar la Constitución catalana, la búsqueda del reconocimiento internacional, la incorporación inmediata a Europa, la creación de la estructura provisional de Estado (hacienda, seguridad social, seguridad, relaciones exteriores, un poder judicial «interno»…).
Esto sólo para una primera fase de duración «impredecible», sobre la que se proporcionan algunos criterios fragmentarios y heterogéneos solamente sobre algunas cuestiones, ciertamente no menores, como la nacionalidad, el «uso general y ordinario» del catalán o los derechos fundamentales de los ciudadanos (cosa esta última que el CATN resuelve ¡manteniendo en vigor la denostada Constitución española!, pero no las instituciones que garantizan los derechos como el Tribunal Constitucional o el de Estrasburgo).
Luego, en la segunda fase, vendrá lo definitivo: la proclamación final de la independencia, hecha por las buenas (acuerdo con España) o por las malas, la desvinculación formal del ordenamiento español y el proceso constituyente propiamente dicho: elecciones a Asamblea constituyente (con la ley española, por cierto), elaboración del proyecto de Constitución, su debate y aprobación parlamentaria con participación popular activa, y su ratificación en referéndum ciudadano.
Aunque es muy grave, no sorprende a estas alturas, dada su reiteración, la temeridad con la que se están formulando declaraciones y adoptando decisiones por responsables públicos catalanes. Llaman en cambio la atención la insuperable ligereza técnica y la frivolidad política de las propuestas y los documentos que se están presentando a una sociedad que dispone sin embargo de profesionales extraordinarios en todos los órdenes. Y también la falta de autenticidad. El informe que aquí se comenta es un ejercicio de imaginación (fantasía constitucional, más que ingeniería constitucional) cuajado de carencias, de inconsistencias, de contradicciones, de inexactitudes y en definitiva de ocurrencias.
Es verdad que hacer experimentos para diseñar una nación, un nuevo estado y una constitución en 42 folios no es sencillo, por mucho que sea el voluntarismo empeñado. Pero la falta del más mínimo realismo es alarmante. Y también la extraordinaria falta de respeto –no digo ya de aprecio– con que se trata al resto de los españoles, a quienes no se asigna en estos textos otro papel que el de asentir y facilitar la ruptura de una nación de siglos y de una convivencia de ley y paz que sólo ha podido conseguirse tras extraordinarios sufrimientos de muchas generaciones de españoles. A esto algunos lo llaman ahora voluntad de dialogar sobre todo, sin exclusiones, y llenan de cínicos reproches a quienes no asumen el trágala, mientras utilizan la impostura y los hechos consumados para forzar acuerdos ventajosos. Pero se equivocan cuando escriben en sus informes que la falta de «colaboración española» no será a la larga un obstáculo serio. Como se equivocan provocando en la opinión pública catalana una y otra vez una frustración colectiva cada vez más generalizada, más injusta y más inquietante.
IGNACIO ASTARLOA, EL MUNDO – 28/07/14