Catalunya, estación final

EL CONFIDENCIAL 27/11/14
JAVIER CARABALLO

En las pocas ocasiones en las que se puede levantar la vista y mirar de frente, se distingue ya con mucha nitidez el paisaje que tenemos delante. Ni la polvareda que se levanta a diario impide ya ver con claridad que donde estamos metidos, por donde caminamos, no es otra cosa que un callejón que no tiene salidas. Podemos seguir adelante, como hasta ahora, con el eco repetido de todas las voces, como sucede en todos los callejones que se estrechan como éste, que llegan al final; se podrán levantar nuevas polvaredas que nos hagan perder de vista el muro que está al final de la calle, pero nada impedirá que cada paso nos aproxime un poco más al final. Sencillamente, este conflicto, esta polémica, esta tensión, este hartazgo ya no se pueden estirar más. Final de la historia, de esta historia tal y como la conocemos. Y como lo que hierve es el independentismo, digámoslo así: Catalunya, estación final.

Ni la dialéctica gastada ni los argumentos encontrados dan más de sí. Nada se puede esperar ya más que la reiteración persistente de las mismas posiciones, con el enconamiento simultáneo que se produce. Y todo eso, este estéril toma y daca con el que hemos convivido en los últimos tres o cuatro años, llega a su final a partir de la declaración del presidente de la Generalitat del pasado martes, cuando estableció el calendario final para la separación de Cataluña del Estado español.

Ese es el final del callejón, porque a partir de esa declaración ya sólo se imponen dos salidas, si no se quiere agravar el problema hasta hacerlo irresoluble si se llega al disparate de unas elecciones plebiscitarias, como las que se están gestando en Cataluña. La primera salida es la intervención del Estado en la autonomía catalana, en aplicación del artículo 155 de la Constitución. La segunda es la convocatoria de un referéndum, como se viene reclamando en Cataluña. Y de esas dos, como se verá más adelante, sólo puede confiarse en la efectividad de la segunda, la convocatoria de un referéndum, pero con las garantías legales y democráticas que se quieren obviar por parte de los independentistas.

La estrategia soberanista ya está trazada de forma explícita y lo que pretende –y debe evitarse- es que llegue la proclamación de la independencia con la ficción tramposa de una mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña que se hace pasar como mayoría absoluta del pueblo catalán

En realidad, lo de menos es que las elecciones plebiscitarias se celebren dentro de un año o en febrero del año que viene, como se calcula en los círculos próximos a Artur Mas; lo esencial es que la estrategia soberanista ya está trazada de forma explícita y lo que pretende –y debe evitarse– es que llegue la proclamación de la independencia con la ficción tramposa de una mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña que se hace pasar como mayoría absoluta del pueblo catalán.

Ocurrirá como con el Estatut de Cataluña, que se aprobó con un referéndum en el que no acudió a votar ni el 50% del censo y, sin embargo, lo que queda en el discurso político es que más del 73% de los catalanes lo aprobaron. Esa mentira estadística es la que se pretende repetir ahora con las elecciones plebiscitarias. ¿Qué puede hacer el Gobierno de la nación? Desde luego, impedir que se celebren esas elecciones, que conducirían a una especie de ‘golpe de Estado’ independentista, que es el último paso en la política de hechos consumados que se está practicando.

La Constitución sólo le ofrece al Gobierno de la nación una vía de intervención para los casos de colisión grave de alguna de las autonomías con el sistema legal y el modelo constitucional, el artículo 155 de la Constitución. Lo que ocurre es que, en contra de lo que se ha venido diciendo, ese artículo es más ambiguo de lo que se cree y, por ejemplo, no garantiza que el Gobierno de la nación pueda disolver la autonomía de Cataluña. Lo han advertido ya algunos constitucionalistas y también algunos políticos, como Alfonso Guerra, uno de los artífices de la Constitución española.

Lo que dice ese artículo es que ante un caso de ‘insurrección’ de una autonomía, el Gobierno de la nación debe advertir al presidente y, si sigue desobedeciendo lo ordenado, “podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. ¿Las ‘medidas necesarias’ incluyen la intervención de la autonomía y su disolución? Pues eso es, precisamente, lo que no está claro. El artículo 155 de la Constitución española se copió de otros países con similares problemas territoriales (en concreto, de la Constitución alemana), pero no se incluyó algo esencial, como precisar medidas concretas que en otros casos llegan a la disolución del parlamento autonómico y la imposición de un gestor provisional.

Si ni siquiera la aplicación del artículo 155 de la Constitución garantiza que se pueda frenar la deriva independentista de Cataluña, la única salida posible, democrática y viable es la convocatoria de un referéndum en Cataluña, pero no por parte de las autoridades catalanas, sino del Gobierno de la nación

Con esas lagunas legales o, mejor, con esas ataduras legales que Artur Mas debe conocer al dedillo, y de ahí la osadía de su ‘hoja de ruta’, parece claro que ni siquiera la aplicación del artículo 155 de la Constitución española garantiza que se pueda frenar la deriva independentista de Cataluña. Podría el Gobierno de la nación, eso sí, seguir la misma estrategia que con la convocatoria del referéndum del 9-N, y elevar al Constitucional la convocatoria de las elecciones, pero ya se han visto los resultados obtenidos. Eso sin tener en cuenta que es posible que en dos meses no se cuente ni siquiera con la sentencia del Constitucional sobre el referéndum fallido y la consulta burlada. Mucho menos, con una sentencia sobre la desobediencia de Artur Mas y varios de sus consejeros.

Por lo tanto, si ni siquiera la aplicación del artículo 155 de la Constitución garantiza que se pueda frenar la deriva independentista de Cataluña, la única salida posible, democrática y viable es la convocatoria de un referéndum en Cataluña, pero no por parte de las autoridades catalanas, sino del Gobierno de la nación. La fórmula democrática ya se ha repetido aquí en varias ocasiones, una consulta que se guíe por la derogada Ley de Referéndum que ya se aplicó en Andalucía y que exigiría que la independencia tenga que ser ratificada por más del 50% del censo –no de los votantes– en cada una de las provincias.

Una consulta así es, precisamente, la que quieren eludir los independentistas porque son conscientes de que es casi imposible que salga adelante. Porque la mayoría real del pueblo catalán no está por la independencia. El pacto de Estado que se exige en este momento es el acuerdo para reponer la Ley de Referéndum y tomar de una vez por todas la iniciativa en el conflicto catalán. ¿Y será la solución definitiva? No, claro, pero es la única salida.

Digámoslo otra vez: Catalunya, estación final. Habrá quien prefiera seguir levantando el polvo del suelo para no mirar lo que hay delante. Mantener día tras día el mismo cruce de argumentos, que ya se recitan de memoria y que ni siquiera esperan respuesta. A estas alturas, ni siquiera la reforma de la Constitución, y mucho menos un estado federal, sirven para solucionar el conflicto, entre otras cosas porque sería inasumible para el resto de autonomías. Pero habrá quien prefiera seguir sin levantar la vista y mirar lo que hay delante. Pero es eso, un muro al final de este callejón en el que nos hemos metido.